Suiza afronta este domingo una de las consultas más controvertidas de los últimos años: una propuesta para limitar la población del país a 10 millones de habitantes. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP) pone la cuestión migratoria en el centro de la agenda pública y, a pocos días de la votación, los argumentos sobre los problemas que el aumento de población suponen para la sostenibilidad, el acceso a la vivienda o la capacidad de las infraestructuras conviven con discursos más duros contra la llegada de extranjeros.La propuesta, que incluye varias medidas, siendo las restricciones a los solicitantes de asilo la principal, plantea un escenario sin precedentes entre las economías desarrolladas. De salir adelante, implicaría restringir la entrada de nuevos residentes (solicitantes de asilo y a los familiares de extranjeros que ya viven en el país) siempre y cuando la población permanente supere los 9,5 millones de personas. Si llegara a los 10 millones, se plantearían nuevas restricciones y si ese límite no descendiera en dos años, el Gobierno tendría que abandonar el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea (UE).
El SVP, principal fuerza política del país, defiende que el crecimiento demográfico está agravando la escasez de vivienda y acelerando la urbanización de amplias zonas del país, incluidas regiones de alto valor paisajístico. La pérdida del sello alpino es una línea roja para el partido, que desde la década de 1990 ha consolidado su posición predominante gracias a campañas centradas en la defensa de la soberanía nacional y el control migratorio. De hecho, en 2014 logró la aprobación de una iniciativa para endurecer las restricciones a la inmigración y desde entonces, el partido ha intentado ampliar su base electoral vinculando el tema migratorio a problemas de vivienda, sostenibilidad y calidad de vida.
