La Federaci�n Espa�ola de Municipios y Provincias (FEMP) reclama al Ejecutivo autorizar el uso de todo el remanente de tesorer�a de los consistorios para construir viviendas y ampliar los plazos para poder ejecutar las obras.El pasado 21 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde a su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que recoge la inversi�n de 7.000 millones de euros al alim�n entre el Estado y las comunidades aut�nomas en el pr�ximo lustro. El plan, que pone el foco en aumentar la oferta de vivienda protegida, fomentar la rehabilitaci�n del parque actual e incrementar las ayudas al alquiler y a la compra para los j�venes, naci� rodeado de escepticismo, tanto por tratar de forzar a las CCAA a aportar el 40% de los fondos como por el montante de estos, a todas luces insuficientes para solucionar la escasez de vivienda que sufre el mercado, con un d�ficit que podr�a alcanzar el mill�n de inmuebles este mismo a�o.Por ello, la Federaci�n Espa�ola de Municipios y Provincias (FEMP), organizaci�n que representa a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos de toda Espa�a, envi� una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodr�guez pocas horas despu�s de la aprobaci�n del Plan en la que reclamaba el desbloqueo de unos 23.000 millones de euros procedentes del remanente de tesorer�a acumulado de los �ltimos ejercicios para poner en marcha pol�ticas de vivienda. En su opini�n "aunque el Plan Estatal de Vivienda supone un incremento respecto a planes previos, el presupuesto se queda corto", se�ala Luis Mart�nez-Sicluna, secretario general de la Federaci�n.Este importe se sumar�a a los 45.000 millones de super�vit de 2024 que el Gobierno autoriz� a gastar a las entidades locales para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) -entre las que se encuentran medidas para aliviar la tensi�n en el mercado de la vivienda- hasta 2027. Un plazo que desde la FEMP estiman insuficiente, por lo que volvieron a solicitar una nueva regulaci�n de las inversiones que permita ejecutarlas en periodos superiores a un a�o, incluso de forma indefinida. "Es evidente que para poner en marcha una promoci�n de vivienda un plazo de uno o dos a�os es insuficiente para ejecutar los fondos", valora Mart�nez-Sicluna.Seg�n explica, "el sector local es el m�s saneado financieramente, con la inmensa mayor�a de ayuntamientos cerrando sus presupuestos con super�vit", lo que les permitir�a convertirse en una palanca clave para la construcci�n de m�s viviendas p�blicas en un contexto de acuciante necesidad. "Estamos para colaborar y aportar soluciones", a�ade.Simplificaci�n necesariaEn esta l�nea, la FEMP ha elaborado una gu�a de recomendaciones para las entidades locales con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita simplificar y agilizar los tr�mites administrativos relacionados con la construcci�n de viviendas.El documento, al que ha tenido acceso EXPANSI�N en exclusiva, identifica varios "cuellos de botella" que estar�an retrasando las licencias de construcci�n hasta dos a�os: la presentaci�n de expedientes incompletos o incorrectos por parte de los promotores; la lentitud en la emisi�n de informes por parte de otras administraciones -como los relacionados con las carreteras, el medioambiente o la seguridad a�rea-; la disparidad de criterios entre los propios t�cnicos municipales; y la falta de digitalizaci�n de todos los procesos.Para solucionar estos problemas, la asociaci�n de entidades locales propone a los ayuntamientos seguir avanzando en la profesionalizaci�n de los t�cnicos "para unificar criterios y dar seguridad jur�dica" a los promotores de nueva vivienda. Asimismo, sugieren implantar un sistema de tramitaci�n 100% electr�nico "para validar proyectos de forma autom�tica" y utilizar la inteligencia artificial para revisar los documentos de forma predictiva, liberando as� a los t�cnicos "para tareas de mayor valor jur�dico".En esta l�nea, la FEMP sugiere la puesta en marcha de una "licencia b�sica" que autorizar�a el inicio de las obras bas�ndose s�lo en un proyecto inicial que cumpla con unos par�metros considerados esenciales, algo que "permite ganar meses de trabajo mientras se tramita el proyecto de ejecuci�n completo". Como ejemplo, se�alan el caso de Zaragoza, que ya aplica una "licencia expr�s" que autoriza trabajos por debajo de la cota cero del suelo -como el movimiento de tierras o la cimentaci�n- en 24 horas.Por otro lado, la gu�a plantea una remodelaci�n de las formas de organizaci�n interna de los ayuntamientos enfocada a la gesti�n de los proyectos. Para ello, propone la creaci�n de la figura del "responsable de expediente", una persona encargada de coordinar todas las �reas implicadas en una promoci�n "para que el expediente no se detenga en ning�n departamento". Tambi�n la puesta en marcha de comisiones de intervenci�n -como ocurre en Madrid- para dictar instrucciones de obligado cumplimiento para los t�cnicos municipales, con el fin de evitar la arbitrariedad.Por �ltimo, la FEMP sugiere la aprobaci�n de incentivos que fomenten la productividad de los t�cnicos municipales, ligando sus complementos salariales al n�mero de informes emitidos.Finalmente, y después de meses de reclamaciones y dos intentos fallidos, el Consejo de Ministros aprobó a principios de la semana pasada las entregas a cuenta de los entes locales para 2026, con una financiación récord de 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año pasado.En paralelo a estos fondos, que suponen la confirmación de que el presente ejercicio cerrará con una nueva prórroga presupuestaria, el Gobierno también autorizó a los ayuntamientos que el año pasado tuvieron superávit a reinvertir 3.168 millones de euros hasta 2029 en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se encontrarían algunas relacionadas con la vivienda o la gestión de las aguas urbana. La extensión del plazo, para Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, "va en el buen sentido y muestra que Hacienda se está abriendo a atender las peticiones de los ayuntamientos".Sin embargo, el amplio abanico de iniciativas en las que se pueden utilizar estos fondos -desde la renovación del alumbrado público a la compra de nuevos autobuses eléctricos o la rehabilitación de polideportivos municipales o la instalación de placas solares, entre otras- hacen que los fondos destinados a la ampliación del parque de vivienda sean insuficientes para el grave problema de oferta que vive el mercado inmobiliario residencial.En este caso, los fondos utilizados no computarán en la regla de gasto de los consistorios hasta dentro de cuatro años, si bien los proyectos deberán estar en fase de ejecución con anterioridad.Por ello, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias señalan la necesidad de ampliar esta partida para impulsar la construcción.