El Gobierno quiere que las comunidades autónomas pongan en marcha con "inmediatez" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé ayudas para ampliar el parque público de vivienda, impulsar la rehabilitación y facilitar el acceso a un techo a los colectivos más afectados por la crisis habitacional. Para ello, les transferirá en julio una partida inicial de 800 millones de euros con el objetivo de que estas iniciativas, que corresponde gestionar a los Gobiernos regionales, empiecen a desplegarse a lo largo de la segunda mitad de año, ya que tienen efectos retroactivos a 1 de enero de 2026. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el reparto de fondos del Plan Estatal acordado hace diez días con las comunidades autónomas. La distribución de los 7.000 millones de euros —entre financiación estatal y autonómica— recogidos en el plan ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros. Andalucía es la comunidad que concentra una mayor dotación, con 1.197 millones de euros, 877 millones más que en el plan anterior. La siguen la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde a lo largo de los próximos cinco años se movilizarán un total de 1.113, 1.015 y 798 millones de euros respectivamente —815, 473 y 558 millones más—.El diseño del nuevo Plan Estatal generó un choque político entre el Gobierno y las comunidades del PP, que criticaron su planteamiento aunque finalmente acabaron aceptando por unanimidad las condiciones impuestas por el Ejecutivo central, que exigen que las viviendas construidas con estos fondos tengan una protección pública permanente y que las comunidades aporten el 40% de los recursos. En este primer año el Ejecutivo central adelantará el 100% de la financiación, aunque luego las comunidades tendrán que devolverle la parte que les corresponde sufragar a ellas.Una vez aprobado el reparto de fondos —que deberá ser ratificado de nuevo en otra reunión protocolaria entre Gobierno y comunidades—, cada autonomía tendrá que firmar con el Ministerio de Vivienda un convenio que le dará acceso a los recursos que le correspondan. A partir de ahí, podrán empezar a convocar las distintas ayudas, que van desde el bono alquiler joven de 300 euros mensuales para inquilinos de hasta 35 años hasta subvenciones para la rehabilitación de inmuebles de hasta 20.500 euros por vivienda, entre otras.1.629 viviendas de alquiler asequibleEl Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el traspaso de 260 millones de euros a la empresa estatal de vivienda, Casa 47, para impulsar la construcción de 1.629 pisos de alquiler asequible. Estos fondos servirán para poner en marcha 22 nuevos proyectos con los que el Gobierno pretende acelerar la ampliación del parque público. "Es una prioridad para el Gobierno conformar un parque público de vivienda que, desde lo público, combata al mercado para garantizar el derecho a la vivienda", ha subrayado Rodríguez.Las nuevas promociones se distribuyen en una veintena de municipios de once comunidades: Andalucía (Gines, Granada y Roquetas de Mar), Asturias (Gijón), Canarias (Puerto del Rosario), Castilla y León (Ávila, León y Valladolid), Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina), Cataluña (Girona, Roda de Berà y Santa Coloma de Gramenet), Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón e Ibi), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (A Coruña, Carballo y Lugo), La Rioja (Logroño) y Región de Murcia (Murcia). A falta de conocer los detalles concretos de estos proyectos, Casa 47 cuenta con el compromiso de que todas sus viviendas sean alquileres asequibles en los que el inquilino no tenga que dedicar más de un 30% de sus ingresos a pagar la renta mensual y con contratos estables de hasta 75 años —el periodo inicial es de 14 años pero se prorroga cada siete años siempre y cuando sigan cumpliéndose los requisitos de acceso—.Con la inyección de fondos aprobada este martes, que es la cuarta en favor de la empresa estatal, son en total 2.080 millones de euros los recursos traspasados desde el ministerio a Casa 47, que eleva así a 68 el número de proyectos activos. En concreto, tiene en marcha 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y 24 de urbanización de suelos con potencial para acoger 22.000 inmuebles. A esto se suman los trabajos para adecuar las 40.000 viviendas traspasadas desde la Sareb, que el organismo planea ir poniendo a disposición de la ciudadanía a medida que estén en condiciones "óptimas" de habitabilidad. Con el objetivo de ampliar el parque público, Casa 47 tiene también en marcha una oferta de 100 millones de euros para comprar viviendas a fondos y particulares.La empresa pública, nacida del germen de Sepes a finales del año pasado y con capacidad para actuar sobre todo el ciclo de vida de las viviendas, desde la disposición y urbanización del suelo hasta la entrega de llaves y la gestión de alquileres, lanzó en diciembre su primera convocatoria de viviendas. Se trata de un proyecto piloto de 171 pisos de alquiler asequible ubicados en Valencia, Vigo y Mieres (Asturias). Casa 47 celebró a mediados de mayo el sorteo ante notario para la adjudicación de estos inmuebles, un proceso al que se presentaron 7.357 familias. Está previsto que en los "próximos meses" lance una nueva convocatoria con más de 600 viviendas y ya con el portal del inquilino en funcionamiento, una web que aspira a ser una especie del 'Idealista' de las viviendas públicas estatales para facilitar el acceso de la ciudadanía.Superávit de los ayuntamientosRodríguez ha aplaudido también la aprobación en el Consejo de Ministros de un acuerdo impulsado por Hacienda para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda, algo que podrán hacer tanto con los remanentes no utilizados de 2025 como en los cuatro años siguientes. "Celebro que los ayuntamientos puedan destinar también esos fondos a las políticas públicas de vivienda y que lo puedan hacer planificando esas plurianualidades", ha expresado, recordando que era una demanda tanto de los propios municipios como varios grupos políticos.La ministra ha prometido que los recursos estatales para las políticas de vivienda "no van a parar" y ha asegurado que el "esfuerzo inversor" del Gobierno por ampliar el parque público de vivienda está dando frutos, después de conocerse que en el primer trimestre la licitación de viviendas públicas creció un 44% hasta el dato mas alto desde 2008. "Así es como podemos avanzar y resolver este problema no solo para hoy, sino para siempre, con una infraestructura pública que proteja este derecho", ha subrayado la ministra, que ha añadido que esa inversión ha de acompañarse de regulación y ha asegurado que la ciudadanía espera "acuerdos" entre las administración para solucionar el que es el "principal problema" del país, como el alcanzado en torno al Plan Estatal.