FAIRFAX, VIRGINIA—Con la guerra de Irán y la crisis de asequibilidad dominando los titulares en los Estados Unidos, una opinión de memorando emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de los EE. UU. que declara inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales (PRA) de 1978 ha pasado en gran medida desapercibida. Pero un juez federal ordenó recientemente a la administración del presidente Donald Trump que cumpla con la PRA, rechazando la opinión y configurando una batalla legal con implicaciones potencialmente profundas. La PRA se promulgó a raíz del escándalo de Watergate, durante el cual el presidente Richard Nixon intentó proteger sus grabaciones secretas declarando que los documentos de su Casa Blanca eran propiedad privada. Los registros presidenciales, estipuló la ley, pertenecen al público. Durante casi medio siglo, a las administraciones salientes se les ha prohibido purgar los registros oficiales o mantenerlos en privado. La opinión de la OLC, si finalmente se aplicara, alteraría este acuerdo. Peor aún, también podría servir como base legal para derogar normas éticas, leyes de divulgación y otros requisitos de presentación de informes que se aplican al presidente o a su equipo de la Casa Blanca.