FAIRFAX, VIRGINIA—Con la guerra de Irán y la crisis del costo de vida dominando los titulares en los Estados Unidos, una opinión jurídica emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de los EE.UU. que declara inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales (PRA) de 1978 ha pasado en gran medida desapercibida. Pero un juez federal ordenó recientemente a la administración del presidente Donald Trump cumplir con la PRA, rechazando el dictamen y configurando una batalla legal con implicaciones potencialmente profundas. La PRA se promulgó a raíz del escándalo de Watergate, durante el cual el presidente Richard Nixon intentó proteger sus grabaciones secretas declarando que sus documentos de la Casa Blanca eran propiedad privada. Los registros presidenciales, estipuló la ley, pertenecen al público. Durante casi medio siglo, se ha prohibido a las administraciones salientes purgar los registros oficiales o mantenerlos en privado. La opinión de la OLC, si finalmente se aplicara, transformaría por completo este acuerdo. Peor aún, también podría servir como base legal para anular las normas éticas, las leyes de divulgación y otros requisitos de presentación de informes que se aplican al presidente o a su equipo de la Casa Blanca.