En torno a 1.200 españoles que trabajan en la base de EEUU en Rota no pueden mejorar sus salarios ni derechos por las imposiciones de la Administración estadounidense y de una multinacional de ese país que gestiona el aeropuerto del recinto militar ubicado en la provincia de Cádiz. El grueso, el personal laboral civil de la base, dependiente del Ministerio español de Defensa, se rige por un convenio de hace 15 años que aún no han podido renovar y carece, entre otras cosas, del obligatorio plan de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores; y el resto se enfrenta a dos ERTE consecutivos tras casi ocho años de huelga -la más duradera de España- por la pérdida del 30% de su salario y numerosos despidos. PublicidadLa base naval de Rota ocupa desde 1953 un terreno de 24 kilómetros cuadrados, casi un tercio de la superficie total de ese municipio gaditano. Cada año, los gobiernos de EEUU y España renuevan el convenio de cooperación en defensa, que incluye el uso conjunto de esa base y la de Morón, en la provincia de Sevilla. Este año, la renovación se ha producido después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hubiese reprochado la decisión del Gobierno español de no autorizar el uso de esas bases en las operaciones militares contra Irán.Entre los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo está José, nombre ficticio de un empleado de la multinacional estadounidense Versar Global Solutions, que prefiere no identificarse por miedo a las represalias en una compañía que el pasado año despidió al presidente de su comité de empresa tras la convocatoria de una reunión para negociar un nuevo convenio laboral. José trabaja desde hace 24 años en el servicio de handling del aeropuerto de la base de Rota, que se ocupa de las tareas de entrada y salida de aviones militares, carga y descarga, limpieza, servicio de almacenaje y viajeros en un recinto que acoge la tripulación de cinco destructores de la USA Navy y familiares. Y lo tiene claro: “Nunca había vivido una situación como la de ahora”.Su padre y su hermano también trabajaron en el aeropuerto, así que conoce muy bien el proceso que ha seguido la gestión de esa infraestructura clave de la base, cuyos problemas arreciaron cuando la Marina estadounidense adjudicó el servicio a la multinacional Louis Berger -ahora Versar Global-, que estimó que le sobraban 45 trabajadores y echó de una tacada a 30 de los 170 empleados que había, esgrimiendo una menor carga de trabajo. Luego, se desentendió del convenio laboral que regía en la empresa y aplicó el general del servicio de handling de los aeropuertos civiles españoles, con cotizaciones y salarios un 30% más bajos, porque no contempla las especiales circunstancias de seguridad y peligrosidad del trabajo en un recinto militar.“Desde que está aquí esta empresa empezó el declive, pero ahora las expectativas aún son peores”, dice a Público este trabajador, que ahora cuida de su hermano, con problemas de salud mental, y de su padre, ya jubilado y dependiente. “Mi vida, emocionalmente, es ahora un estrés continuo y la situación laboral en la que nos encontramos duplica el estrés, porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo ERTE”, se lamenta.PublicidadTemor a que haya un despido masivoLa empresa presentó un ERTE, en vigor desde el 25 de mayo hasta el 14 de julio, por el cierre de la pista del aeropuerto debido a la realización de unas obras de mejora, que ha dejado a sus trabajadores con un 70% de su salario, abonado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pero al comité de empresa le ha anunciado la presentación de otro ERTE, a partir del 15 de julio por razones de producción, que es el que más ha asustado a los trabajadores, porque de momento no tiene fecha de finalización y temen que se trate de un “ERE encubierto” para hacer un despido masivo.Con la situación que tiene en su casa, José echa cuentas y no le salen. Y se teme lo peor. “Mi padre y mi hermano necesitan mucha ayuda. Estoy pagando una hipoteca y con el ERTE el banco puede paralizar las cuotas. Y hay muchas cosas que pagar: teléfono, luz, agua. Son 40.000 cosas. Es muy complicado. Y la empresa no va de buena fe”, dice este trabajador, a quien le surgen más temores aún cuando piensa en lo difícil que es encontrar un empleo en una provincia con las mayores tasas de paro de España. Moisés Bernal, secretario del comité de empresa de Versar Global en Rota, también se teme lo peor después de casi ocho años de huelga indefinida para exigir la recuperación de sus salarios y la negociación de un nuevo convenio colectivo acorde con las tareas que llevan a cabo. A su juicio, la intención de la multinacional, al anunciar un segundo ERTE, es presionar a los trabajadores con la amenaza de un despido masivo y barato, para que desistan de sus protestas, retiren las demandas en los juzgados y acepten el convenio laboral que quiere imponerles.PublicidadTampoco entiende el representante de los trabajadores que la empresa esté cobrando el 100% de la contrata de la Navy por la gestión del aeropuerto y que obligue a la Administración española a pagar, a través del SEPE, el 70% del sueldo de unos 130 empleados durante 45 días, cuando, además, no tienen pérdidas y se siguen haciendo trabajos de tránsito de carga entre Rota y el aeropuerto de la base de Morón que lo sustituye temporalmente.La excusa de la guerra de Irán para no negociarEl personal civil laboral de la base roteña tampoco lo está teniendo nada fácil, en su caso directamente con la Administración estadounidense. Los 1.070 empleados contratados por el Ministerio de Defensa, pero que trabajan para las fuerzas armadas de EEUU -entre ellos 20 en Morón, cuatro en Madrid y dos en València-, siguen con un convenio laboral firmado en 2011, que fue denunciado en 2022 y que, cuatro años después, aún no han conseguido renovar debido al “bloqueo” de las negociaciones de la patronal, en este caso ejercida desde el mando militar de EEUU en la Región Europea y Norte de África establecido en Nápoles. Los sindicatos CSIF y CCOO han denunciado que el “bloqueo sistemático” de la Administración estadounidense está causando un “creciente malestar” entre los trabajadores españoles de la base roteña, que, a su juicio, no deben pagar las consecuencias de “una situación internacional complicada”, fundamentalmente por la guerra contra Irán.La falta de negociaciones ha dejado como único avance laboral en 15 años la reducción de jornada de los bomberos de 56 a 48 horas semanales, según la secretaria general de la sección sindical de Comisiones en la base de Rota, María José Milán. El resto sigue absolutamente igual que en 2011, cuando se firmó un convenio tras haber tardado siete años en negociar el anterior, lo que da una idea de los tiempos que maneja la Administración estadounidense, con las directrices de un departamento que ahora se denomina de Guerra.Y lo que sigue igual es, entre otras cosas, que el personal laboral español continúa con el mismo régimen de permisos y vacaciones que en 1981, hace 45 años, que no puede disfrutar de nuevos sistemas como el teletrabajo o la flexibilidad horaria para favorecer la conciliación familiar, y que carece de un plan de igualdad, implantado por ley en España en 2007 y obligatorio ya para las empresas de más de 50 empleados.“Se niegan, por ejemplo, a aplicar los cuatro días de permiso pagado por enfermedad de un familiar o una emergencia. Nuestro sistema es como el americano, acumulamos ocho horas cada mes para estos casos y si las gastas, ya no tienes derecho”, explica a Público María José Milán.El veto de Trump a un plan de igualdadSegún esta trabajadora y representantes sindical, han intentado varias veces, sin ningún éxito, negociar la aprobación de un plan de igualdad, instrumento concebido para garantizar que no haya discriminaciones entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y del que disfrutan más de 20.000 empresas en España. “La directora de recursos humanos de la Región de Europa en Nápoles nos dijo en mayo que la orden de su presidente Trump impedía negociar esto, que por una orden ejecutiva no se podía negociar el plan de igualdad. Pero, claro, eso servirá para su país, pero no para el nuestro, donde hay unas leyes que cumplir y donde el Ministerio de Defensa, del que nosotros dependemos, sí tiene un plan de igualdad”, subraya Milán.PublicidadTodo esto supone, a juicio de la portavoz de CCOO, que el personal civil español en la base de Rota no puede disfrutar, debido a las imposiciones de la Administración estadounidense, de muchas medidas de conciliación y otras mejoras laborales de las que sí se benefician otros trabajadores en España. “El mundo ha progresado, pero nosotros nada”, se lamenta.Los sindicatos consideran que la clave está en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EEUU, que se renueva cada año y únicamente se ha modificado para permitir una mayor presencia militar estadounidense en las bases, sin tocar nunca los aspectos que limitan la negociación colectiva en temas laborales y administrativos tan importantes como el salario, la clasificación del personal o su cualificación, contemplados en su Anejo 8. Ese convenio es el que determina que tiene que haber siete trabajadores civiles españoles por cada tres de EEUU, pero la opacidad que lo rodea impide siquiera saber si eso se está cumpliendo, advierten sus representantes.Los trabajadores españoles entienden que el Ministerio de Defensa, del que dependen, debería hacer más para garantizar que se cumplen sus derechos laborales. “Nuestra Inspección de Trabajo es el Ministerio de Defensa, porque cuando acudimos a la Inspección de Trabajo para denunciar algo nos dicen que es Defensa quien tiene las competencias en nuestro caso. Pero de Defensa nunca ha venido nadie a hacer aquí una inspección, así que, de alguna manera, están haciendo dejación de funciones”, advierte María José Milán.PublicidadA su juicio, el Ministerio de Defensa debería preocuparse de que se cumpla la normativa española con sus trabajadores y no excusarse con que el Anejo 8 le obliga a acatar lo que necesite la administración estadounidense del personal que trabaja en la base para sus fuerzas armadas. “En el convenio se han hecho cambios para que vengan más comandos militares a Rota, pero, en cambio, nunca han hecho cambios por el tema laboral”, critica Milán.“No tenemos ayuda de nadie”Los trabajadores del aeropuerto de la base también están muy descontentos con la labor del Gobierno español para solucionar su largo conflicto laboral. “Ahora mismo no tenemos ayuda de nadie”, se queja su comité de empresa.La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió en diciembre en Rota con el comité de empresa del aeropuerto de la base y se comprometió a hacer un seguimiento del conflicto, intensificar las actuaciones para resolverlo, trabajar de forma coordinada con Inspección de Trabajo para analizar las irregularidades cometidas por la empresa y colaborar estrechamente con el Ministerio de Defensa para solventar la situación de los trabajadores. Sin embargo, seis meses después apenas ha habido avances, según el comité.“Desde el ministerio le tiraron de las orejas a Inspección de Trabajo, con los que nos reunimos y presentamos denuncias en enero. Hubo algo más de implicación, pero ya no hemos tenido ninguna respuesta más. Al alcalde (del PSOE) nos dicen que tampoco le echan cuenta y así estamos, con la huelga más larga de la democracia, con diez años de conflicto, y la empresa haciendo lo que le da la gana”, asegura Moisés Bernal.PublicidadJose cree que hay “una mano negra” que impide que se resuelva el conflicto que mantienen con la empresa desde hace tantos años. “No sé lo que pasa, pero nos lo tumban todo. Hay juicios que tenemos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde hace tres años que aún no han sacado la sentencia... Algo está pasando. Si es el conflicto de Trump con Pedro Sánchez, no lo sé. Pero no es lógico que esto aún no se haya resuelto”, dice.Ni el Ministerio de Defensa ni el de Trabajo han contestado a las preguntas de este periódico en relación a la situación del personal civil laboral de la Base de Rota y de los trabajadores de la empresa que gestiona el aeropuerto de ese recinto militar y que ahora se enfrentan a dos ERTE consecutivos. El departamento que dirige Margarita Robles sí respondió el año pasado a las preguntas parlamentarias de los grupos del PP y Sumar sobre el caso de los empleados del aeropuerto roteño, de quienes dijo que trabajan únicamente en unas instalaciones de uso exclusivo de las fuerzas armadas de EEUU con una relación jurídico-laboral que se circunscribe a una empresa y, por tanto, el asunto no atañe ni a la Marina estadounidense ni al Ministerio español de Defensa.El Ayuntamiento de Rota ha declarado ya dos veces non grata a la empresa que gestiona el aeropuerto de la base, primero cuando se llamaba Louis Berger y después cuando pasó a denominarse Versar Global Solutions, para reprochar sus “actitudes intolerables” en un Estado democrático que contempla la negociación colectiva como un derecho fundamental de los trabajadores y su “campaña indiscriminada de sanciones disciplinarias” contra ellos.En el acuerdo aprobado por unanimidad por el pleno municipal se incluyó solicitar al Gobierno central que pida a la Embajada de EEUU que dé las instrucciones necesarias a la armada estadounidense y a la empresa concesionaria del aeropuerto para que ésta cumpla con el ordenamiento jurídico español, “tal como exige el Tratado Bilateral que regula las relaciones de ambos países en esta materia”.