La economía de la Iglesia católica arrastra una densa capa de mitos, algunos injustos, otros merecidos, que han dejado en el imaginario colectivo una idea errónea sobre su riqueza. La realidad intramuros de la Santa Sede revela una estructura financiera más modesta que la de algunas diócesis y unas cuentas deficitarias que han llegado a poner en jaque el mantenimiento de la misión. Había que cortar las malas hierbas. Aunque fue Benedicto XVI la piedra sobre la que empezaron a edificarse todas las grandes reformas de la Iglesia actual, el papa alemán dejó sobre las espaldas de su sucesor, Francisco, la ejecución de las mismas. El argentino fue el primer jesuita en ocupar la silla de San Pedro y confió a otro sacerdote de su orden, el padre Guerrero, avanzar en la reforma financiera, nombrándole prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Este puesto es equivalente a un ministro de Economía del Vaticano, cartera que desde 2022 ocupa otro español, Maximino Caballero, un laico que fue antes mano derecha de Guerrero. El actual prefecto acudió hace dos semanas a una conferencia en la Fundación Rafael del Pino, titulada "Gobernar lo Universal. La gestión económica de la Iglesia católica en el siglo XXI", donde explicó los entresijos de una reforma que busca enterrar un modelo basado en la confianza individual y abrazar los estándares internacionales de gobernanza, profesionalización y transparencia, siempre bajo la luz de los valores del Evangelio, con los condicionantes que eso tiene en un mundo como el actual. Para comprender la naturaleza económica de la Santa Sede, Caballero aclaró que la inmensa mayoría de sus ingresos, entre el 75% y el 80%, proviene de la gestión del propio patrimonio. El resto son donaciones de fieles, contribuciones de algunas entidades, como el propio Estado Vaticano y las aportaciones que realizan las distintas diócesis del mundo para sostener la misión de la Iglesia. "Hay muchas diócesis que en vez de sostener, necesitan sostenimiento. Yo creo que es ahí donde empieza la dificultad de la llegada de fondos", explicó Caballero. El foco de la reforma ha estado en profesionalizar la gestión del propio patrimonio, al ser la principal fuente de ingresos, y así darle la vuelta a una dura realidad: la Santa Sede es un ente deficitario. Los ingresos normalmente son insuficientes para cubrir las necesidades. "A mí, como financiero de toda la vida, me cuesta trabajo pensar en el balance de la Santa Sede y, sobre todo, en su cuenta de resultados. Pero, evidentemente, no es una empresa, no es una institución normal, es algo que en teoría debería gastar lo máximo posible. Si pensamos en cuál es su labor, desde el punto de vista de la divulgación del Evangelio, del gobierno de la Iglesia, de la ayuda a la Iglesia que sufre, de las delegaciones diplomáticas, de la comunicación del mensaje del Santo Padre a todos los rincones del mundo..., pues cuanto más pueda gastar, mejor. El problema no es gastar, es derrochar". Este es el corazón de toda la reforma económica: no se trata de recortar la misión, sino de evitar el derroche. Para ello, se está cambiando de un modelo basado en la confianza individual hacia otro 100% profesional. "Evidentemente, hay que tener confianza, delegar, pero hay que controlar. No se puede decir: yo tengo confianza en ti, tira, y luego no controlar. Hay que tener unos sistemas de gobierno adecuados y unos profesionales adecuados". Juan Antonio Guerrero junto al alcalde de Mérida y Maximino Caballero. (Cedida) El interés por atraer a los mejores no es baladí, ya que uno de los mayores desafíos estructurales de esta reforma radica en que menos de la mitad del ingente patrimonio de la Santa Sede es susceptible de generar rendimientos económicos directos. Por tanto, hay que aprovechar al máximo lo que sí puede ponerse a producir, sin por eso caer en la especulación, ya que sería contrario a los valores de la Iglesia católica. Los activos de la Santa Sede se clasifican en tres categorías: los que pueden generar rendimientos, como los apartamentos o las tiendas, los institucionales al servicio de la labor, como las oficinas o las viviendas de empleados, y el patrimonio histórico-artístico, que en todos los casos, basílica de San Pedro incluida, recibe el valor simbólico de un euro. Un ejemplo de los cambios que se están introduciendo es que, hasta hace tres años, no se pusieron a valor de mercado los activos que sí generan rendimientos. Otro, que numerosos apartamentos de la Santa Sede estaban vacíos, hoy todos están ocupados o asignados a un servicio. Con un presupuesto de gastos de 400 millones de euros anuales —cifra que excluye los hospitales Bambino Gesù y Gemelli, que operan con autonomía financiera—, la escala económica de la Santa Sede resulta incluso inferior a la de grandes diócesis como Colonia o Milán. Cerca del 50% de este dinero se destina al pago del personal, incluidos los cardenales que ejercen responsabilidades en la Curia (a los diocesanos los pagan sus diócesis), mientras que el papa no percibe ningún sueldo. La diócesis españolas son las segundas de todo el mundo que más contribuyen al sostenimiento de la Santa Sede, solo por detrás de EEUU Por el lado de los ingresos, destaca la elevada concentración geográfica de las donaciones de fieles y al Óbolo de San Pedro: el 70% proviene de apenas diez países, una lista encabezada por Estados Unidos, seguido de Italia, Brasil, Corea del Sur, Alemania, Francia, España, México, Gran Bretaña e Irlanda. La concentración es todavía más acusada al analizar las contribuciones directas de las diócesis del mundo: el 80% procede de solo cinco países: Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Corea del Sur. Una lista que dio un vuelco el año pasado, cuando nuestro país se situó como el segundo mayor contribuyente. La estructura salarial se asemeja a la de una institución pública: está dividida en diez categorías y cuatro niveles directivos, y cada trabajador percibe un salario fijo asociado a su rango, no a la posición específica que ocupe. Dentro de la ola de reformas que se están aplicando, en 2022 se creó la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría para la Economía, y para saber si estaban bien, Caballero encargó un informe a consultores externos y estos determinaron que los sueldos que paga la Santa Sede están a nivel de mercado, con un matiz: estas retribuciones son libres de impuestos y no contemplan la posibilidad de percibir un 'bonus'. "Estamos mirando cómo meter elementos variables o, por lo menos, que retribuyan el buen trabajo", adelantó Caballero. Con la creación de la Dirección de Recursos Humanos, también se abrió una plataforma para poder presentar candidaturas directamente y romper así un sistema basado en las recomendaciones y los contactos personales. El éxito de la convocatoria fue inmediato y, en apenas dos semanas, se registraron más de 10.000 solicitudes. Paralelamente, se constituyó el Comité de Inversiones de la Santa Sede con el objetivo explícito de disciplinar las inversiones inmobiliarias, frente al anterior modelo, en que cada dicasterio decidía sobre lo suyo de manera independiente. "Y siempre alguien tenía un amigo que sabía de finanzas, le decía 'invierte aquí, invierte allá' y luego nos encontrábamos con las sorpresas", se lamentó el prefecto. La Santa Sede tiene un presupuesto de gastos de 400M al año y solo puede poner en rentabilidad la mitad de su patrimonio En toda la reforma económica, 2022 fue un año clave en el que pasaron tres cosas importantes, todas relacionadas. Por una parte, se redactó un documento, el Mesuram Bonam (la justa medida), que Caballero recomienda leer a todos los empresarios, porque es una guía sobre qué deben ser las inversiones éticas. En paralelo, se publicó la política de inversiones de la Santa Sede, para operativizar las inversiones propias, y se creó el citado Comité de Inversiones. Con ello se consiguió que lo que antes se hacía en 30 o 40 entidades diferentes, ahora sea solo en una, con profesionales que no cobran y que no tienen ningún conflicto de interés, ya que esta es una condición sine qua non para poder formar parte de este comité. Para estar seguros de que las decisiones de estos profesionales están alineadas con la política de inversiones de la Santa Sede, la Secretaría para la Economía actúa como 'compliance officer'. "La inversión es una decisión que alguien toma y que nunca es neutra desde el punto de vista moral. Si tenemos unos valores, debemos ser consistentes con ellos a la hora de hacer las inversiones financieras. El rendimiento solo no vale, tiene que valer algo más: la dignidad humana, los recursos universales". Bajo esta premisa, la Santa Sede va más allá de las métricas ESG en sus inversiones y, por ejemplo, excluye la inversión en sectores armamentísticos o en farmacéuticas vinculadas a prácticas abortivas. A pesar de todos estos cambios, Caballero admitió que cuesta romper con las prácticas del pasado, y contó, a modo de broma, pero con mucho mensaje, una anécdota que sirve para resumir esa revolución silenciosa que está llevando a cabo: "Todavía hoy, a pesar de existir una dirección de Recursos Humanos, me llegan un montón de cartas de un párroco, un obispo o un cardenal diciendo que conocen a una persona, que es muy buen católico... A mí, cada vez que me dicen que es muy buen católico, cuando hablamos de economía, me pongo un poco nervioso".