El debate en torno a la inmigración recorre desde hace años Europa y alumbra medidas cada vez más restrictivas, mientras las fuerzas ultraderechistas crecen en paralelo atizando la discusión. La UE recurre al endurecimiento de las reglas en un pacto migratorio que ahora también bendice centros de deportación fuera de sus fronteras. Frente a estas recetas para contener la inmigración, al Partido Popular de Suiza (SVP/UDC, en sus siglas en alemán y francés) se le ha ocurrido plantear un experimento insólito: fijar un tope a la población total del país. Los suizos votarán en referéndum el 14 de junio si apuestan por este cerrojazo. Las últimas encuestas, aunque auguran un resultado ajustado, dan una ligera ventaja al no. Países como Canadá o Australia aplican un sistema de puntos para escoger a trabajadores extranjeros, el Reino Unido exige visados y en el Estados Unidos de Donald Trump se han impuesto la persecución al inmigrante y la deportación. Suiza combina la entrada de ciudadanos comunitarios por la vía de la libre circulación de personas acordada con la UE ―el país no forma parte de la Unión― con contingentes para trabajadores cualificados de terceros países. Para el PP suizo, el primer grupo en el Parlamento (con cerca del 30%) y de marcado signo antiinmigración y de rechazo al acercamiento a la UE, siempre han entrado “demasiados” extranjeros y peticionarios de asilo, y ha intentado con diversas iniciativas que se pongan límites. Ahora propone que el país no supere los 10 millones de habitantes en el horizonte de 2050. La población ya es hoy de 9,1 millones, de los que algo más del 27% son extranjeros, y de ellos, un 67% de países de la UE (Italia, Alemania, Portugal y Francia son las nacionalidades más representadas). Su propuesta pone así en la diana el acuerdo de libre circulación de personas con la UE, un pilar de la relación con Bruselas y del acceso suizo al mercado único sin ser miembro del club. Desde su entrada en vigor en 2002, la población en Suiza ha aumentado en unos 1,7 millones de personas, principalmente por la inmigración, con cerca de un millón procedentes de la Unión atraídos por una economía que no deja de buscarles para seguir creciendo ―los refugiados, principalmente de Afganistán, Eritrea, Siria y Turquía, solo suponen en torno al 12% de las entradas―. Eso ha situado a Suiza entre los países del continente que más crecen.Una inmigración “descontrolada” que obliga “a actuar de una vez por todas” poniendo un candado a las entradas, sostiene la campaña de la derecha populista. La propuesta ha generado un amplio debate en el pequeño y rico país en el que el resto de partidos, patronales y sindicatos advierten de las consecuencias económicas y sociales de un cierre de puertas a la inmigración y de la posible ruptura con Bruselas. Es la “iniciativa del caos”, resume su eslogan. Sin embargo, el PP suizo logra apoyo más allá de su base. Lo hace con argumentos apegados a la cotidianidad, como trenes y autopistas saturados, presión salarial, escasez de viviendas y “alquileres disparados”. Incluso recurre a banderas ecológicas como la protección de la naturaleza, al bautizar su propuesta como “iniciativa de la sostenibilidad”. El copresidente de los socialistas suizos (SP), Cédric Wermuth, considera que parte del apoyo a la iniciativa surge “de un descontento, sin duda justificado, con respecto a la distribución de la riqueza y las oportunidades en la sociedad”. “Pero no considero que la solución sea viable ni que quienes la proponen sean creíbles”, añade.El bando del no acusa al SVP de vender populismo y medias verdades. No niega la necesidad de actuar en ámbitos donde la inmigración tensiona los recursos, como la vivienda, pero pone el acento en los peligros para la economía y servicios como la sanidad, donde abundan los trabajadores extranjeros, desde médicos a cuidadores, y de aislar al país frente a la UE. “Hay que ser conscientes de que esto se produce en plena guerra económica, declarada por Donald Trump —y, por lo que a mí respecta, también de Putin― contra Europa, pero también específicamente contra Suiza, y que, en el mejor de los casos, nos veríamos envueltos en un conflicto de años con el socio comercial más importante y estable, que sigue siendo la UE”, dice Wermuth.Y esta perspectiva preocupa a las empresas. Los extranjeros suponen el 35% de la fuerza laboral, muchos con alta cualificación, y están representados en todos los sectores, de la industria, la ingeniería mecánica, la fabricación de relojes y la construcción, a la gastronomía y la sanidad, pasando por el sector servicios o personal investigador y docente en universidades. La fuerza laboral extranjera es “de vital importancia” para el país, subraya Rudolf Minsch, economista jefe de la patronal Economiesuisse. “Suiza no podría ser el país número uno en innovación sin el personal cualificado extranjero. Además, es un privilegio contar con ellos. Suiza es uno de los pocos países del mundo capaz de motivar realmente a los mejores talentos para que trabajen aquí. Sin ellos, nos sería imposible mantener este estatus”, asegura.Grandes empresas como la farmacéutica Roche, con unos 15.000 empleados, la mitad de ellos extranjeros, advierten de que un recorte de mano de obra migrante afectará a su posición en el negocio. “La aprobación de la iniciativa provocaría una gran incertidumbre”, afirma Minsch, y alejarse de los acuerdos bilaterales con Bruselas “acarrearía riesgos económicos considerables”. E incomprensión fuera porque Suiza adoptaría la medida “desde una posición de incomparable riqueza” y como uno de los “principales beneficiarios de la integración europea”, añade Wermuth. La Unión es el principal socio comercial de Suiza ―con un PIB per cápita de unos 83.000 euros frente a la media europea de 41.600 en 2025― y es el destino del 50% de sus exportaciones. Si triunfara la iniciativa, el Gobierno federal estaría obligado a adoptar medidas en cuanto la población alcance los 9,5 millones de personas, algo que, según escenarios oficiales, puede producirse ya en 2031. Los populares exigirán entonces restricciones al asilo y en la reunificación familiar. Pero esas medidas probablemente serían insuficientes. A los 10 millones de habitantes, según las previsiones, se llegaría en torno a 2041. Si se supera la marca dos años, el Ejecutivo federal tendría que plantear la anulación de la libre circulación de personas con la UE.Al final, será “decisivo” si los votantes creen “que con la solución propuesta se resuelven de verdad los problemas, que son reales para muchos”, afirma Fabio Wasserfallen, politólogo de la Universidad de Berna y cofundador de la encuestadora Leewas, cuyo último sondeo augura un 52% de rechazo a la iniciativa, frente al 47% de apoyo.Eso sí, al día siguiente de la votación, no pasará aún nada. “Lo inteligente de esta iniciativa es que exige una consecuencia clara, pero esta se pospone para el futuro. Está totalmente claro que, si las cosas siguen así, habría que abandonar la libre circulación de personas con la UE en su forma actual. Pero, en realidad, se está posponiendo y, por eso, la situación de partida resulta un poco difusa”, apunta Wasserfallen. Si algo ha quedado claro es que el debate mueve o preocupa a muchos suizos y, aunque se rechace la propuesta, “no quedará zanjado”, añade el politólogo, y para la política quedará “la pregunta de qué se puede hacer al respecto”. Para Minsch, “hay que tomarse en serio esa llamada de auxilio de la población”.