Los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en uno aspectos más característicos de la política económica del Gobierno. Su paso de los 735 euros mensuales de 2018 a los actuales 1.221 ha impulsado el poder adquisitivo de estos trabajadores, pero también condiciona la negociación colectiva que llevan a cabo la patronal y los sindicatos, puesto que algunos de los pactos que alcanzan quedan 'obsoletos' en cuestión de días, en tanto que el salario marcado por el Ministerio de Trabajo supera al sueldo más bajo recogido en el convenio colectivo.Lejos de ser algo anecdótico, el SMI ha rebasado el salario base negociado para las categorías más bajas del 45% de los convenios sectoriales (de ámbito superior a la empresa, sectoriales y territoriales) publicados este año entre el 1 de enero y el 30 de abril, según el análisis llevado a cabo por UGT y consultado por elEconomista.es. Esto son 43 acuerdos laborales que se ven afectados por el salario más bajo marcado por ley del total de 84 que fueron publicados en el BOE a lo largo de los cuatro primeros meses del año, si no se suman los pluses.
La doctrina del Tribunal Supremo establece que la remuneración mínima que tienen que dar las empresas a un trabajador a jornada completa es el SMI, pero que pueden llegar a esta cifra con la suma del salario base y los complementos salariales. Un planteamiento que rechazan los sindicatos, que en el último acuerdo para elevar el SMI llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para evitar que las compañías puedan reducir o borrar los complementos que tuviera el trabajador para evitar verse obligados mejorar sus salarios con el cambio.
