El Gobierno Nacional confirmó que Aubasa -la empresa provincial que administra autopistas en Provincia- quedó excluida de la licitación para operar rutas que atraviesan Buenos Aires. La compañía bonaerense se había postulado para el proceso de privatización y cobro de peajes en 1.300 kilómetros de corredores viales ubicados en territorio provincial.A través del decreto 411/2026 publicado en el BO, el ministro Luis “Toto” Caputo ratificó que Aubasa quedo apartada la licitación pública. El ministerio de Economía rechazó un “recurso jerárquico” planteado por la empresa en el que cuestionaba su descalificación. Las autoridades provinciales dijeron que “cambiaron las reglas de la competencia en medio de la licitación”, pero sobre todo argumentaron que se trataba de una medida política: el gobierno de Javier Milei no quería entregarle un negocio vial a Axel Kicillof.La medida del Ejecutivo nacional fundamenta la decisión en el incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales previstos en los pliegos de bases y condiciones. Y desestima las denuncias sobre supuestas fallas en el sistema informático, asegurando la transparencia e igualdad de trato para todos los oferentes.Con esta decisión, el Gobierno declara “agotada la instancia administrativa”, y permite la continuidad del proyecto de concesión de obra pública por peaje. La Provincia debería recurrir ahora a la Justicia si pretende mantener su reclamo. Entraría a tallar la Fiscalía de Estado bonaerense.El gobierno de Kicillof afirma que la empresa provincial cumple los requisitos exigidos y que es una decisión arbitraria de Milei. La licitación en la que quería intervenir Aubasa contempla la administración y la realización de obras en caminos que tienen retrasos en mantenimiento, como la postergada ruta 3.Se trata de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones–Etapa II. El negocio que licita Nación implica una inversión de -al menos- $ 170 mil millones en dos años, para después comenzar a cobrar peajes en todos los tramos concesionados.La decisión de Economía se conoce en medio de un fuerte cruce entre funcionarios provinciales y nacionales por el estado de la red de transporte vehicular y la situación de los caminos en todo el país.El ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, advirtió en una nota con radio La Cielo, de La Plata que con el nuevo esquema de licitaciones que impulsa Caputo “van a llenar de cabinas de peajes todas las rutas. Decidieron multiplicar por tres o por cuatro los lugares para ubicar cabinas. El usuario va a tener puestos de peaje cada 50, cada 30 o cada 100 kilómetros”.Además cuestionó la determinación política de suspender la obra pública. “La parálisis de obras en territorio bonaerense no es solo una cuestión de cemento, sino una estafa contributiva y un riesgo para la producción. El impuesto a los combustibles tiene como destino absolutamente obligatorio el arreglo de las rutas. El Gobierno cobró ese impuesto, la plata tendría que haberse utilizado para arreglar las rutas y abandonó esa obligación. El resultado es un deterioro de 40 mil kilómetros de carreteras en todo el país”, dijo Katopodis.Hubo un anticipo de esta pelea dialéctica entre Nación y Provincia. Este domingo se cruzaron por redes sociales el canciller Pablo Quirno y el ministro de Kicillof.La controversia comenzó luego de un mensaje difundido por la Oficina de Respuesta Oficial, en el que el Gobierno nacional destacaba la rehabilitación de más de 200 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo que conecta Zárate con Gualeguaychú. Según la publicación, los trabajos fueron ejecutados mediante un sistema de concesiones con financiamiento y gestión privada.El mensaje agregaba que era una muestra del modelo impulsado por el presidente Javier Milei, basado en reemplazar la obra pública financiada por el Estado por esquemas de participación privada para el desarrollo de infraestructura.Katopodis se subió al posteo y cuestionó el alcance de las tareas realizadas. Dijo que los trabajos mencionados representan una porción reducida de la red vial nacional. “Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 kilómetros de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales”, chicaneó el funcionario bonaerense.“Habla al país (?) el que dejó las rutas en estado deplorable”, escribió Quirno en respuesta a las objeciones. Y acusó a quien fuera ministro de Infraestructura entre 2019 y 2023 de utilizar recursos públicos para obras que eran prioritarias.En el decreto por la licitación, el Ejecutivo nacional indicó que Aubasa se presentó a la licitación sin impugnar previamente los pliegos ni la metodología de evaluación. De acuerdo con el principio de sometimiento voluntario, su participación implicó la aceptación tácita de todas las condiciones. Por lo tanto, no podía cuestionar legalmente las reglas del proceso una vez que su oferta fue desestimada.Además, el Gobierno consideró que suspender el proceso, como pedía la empresa, causaría un perjuicio al interés público relacionado con la seguridad vial. Por último el decreto ratificó que Aubasa no aportó nuevos elementos que permitieran variar el criterio adoptado previamente por el Ministerio de Economía, dando por agotada la vía administrativa.Por ahora compiten por el negocio carretero del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur las firmas Roggio-Chediak; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; CreditechCeosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, la constructora de Cristóbal López