Entre los que pujan por quedarse con las concesiones de las rutas nacionales se encuentra la constructora CPC, del Grupo Indalo, cuyo accionista mayoritario es Cristóbal López. El empresario no fue seleccionado en el tramo de la Etapa II-A, y compite por quedarse por algunos de las adjudicaciones que restan de los primeros 9 mil kilómetros que el Gobierno espera completar de privatizar.
En la Etapa II-A, que abarca 1.800 kilómetros, las empresas adjudicadas obtuvieron las licitaciones por 20 años con un peaje inicial de $ 997 sin IVA. Para el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226, los ganadores fueron del grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.
En quinto orden de mérito para ese tramo había quedado CPC y Clear Petroleum, que ofertaron una tarifa de $ 1.297,52 sin IVA por el plazo de 20 años, según reza la Resolución 537/2026, publicada en el Boletín Oficial.
En esta licitación estuvieron descartadas las propuestas de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) y Sacde SA. El argumento de Nación para correr a Aubasa fue que no realizan obras de infraestructura. Sin embargo, la compañía lleva adelante en este momento un plan de 25 obras, que van desde 2024 a 2027, donde dirigen, llaman a concurso y trabajan con empresas privadas. Por esta decisión de Nación contra la empresa que pertenece al Estado de la provincia de Buenos Aires, que consideran arbitraria, tomó cartas en el asunto la Fiscalía de Estado bonaerense, pudo saber PERFIL.
