Las actuaciones llevadas a cabo por la presunta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez para "desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno no tuvieron éxito alguno. Así se desprende del sumario del conocido como caso Leire Díez, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.PublicidadEntre los documentos que obran en el sumario, al que ha tenido acceso Público, destaca un "informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva", de 372 páginas, en el que la UCO detalla las acciones llevadas a cabo por la organización investigada para conseguir sus fines, que según los investigadores eran "intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno, mediando actos de aparente naturaleza delictiva".De esta manera, los agentes de la Benemérita exponen un listado de acciones que no deben entenderse como un "listado tasado". "Sólo se recogen aquellas que, en este momento procesal, se han considerado de un mayor interés". A continuación, uno por uno, las líneas desarrolladas por la supuesta organización y sus escasos resultados.Villarejo a Leire: "Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos"Según se recoge en el informe, una de las "primeras actuaciones" llevadas a cabo fue contactar con el excomisario José Manuel Villarejo, mantener "varias reuniones con él y con su abogado" –de las que Leire Díez habría reportado a Cerdán–, José Antonio García Cabrera, y ofrecerle un acuerdo según el cual Villarejo debía aportar información sobre diversas personas y, a cambio, recibir beneficios en el marco de los procedimientos judiciales en los cuales se encuentra inmerso, es decir, la macrocausa Tándem.Entre las conversaciones recogidas entre Díez y Villarejo, el comisario jubilado le echa en cara que, lejos de lo acordado, "el fiscal sigue en la misma línea de dar caña y boicotear todo intento de sacar la verdad del origen de mi causa". "Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos", continúo el excomisario, a lo que Díez le respondió: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabes. Déjame hacer".PublicidadPor su parte, y tal como obra en el sumario, el abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO como testigo el pasado jueves que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado.Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a "recibir el FGE - Fiscal General del Estado-" en aquel momento Álvaro García Ortiz, después de intentos "infructuosos" de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el caso Kitchen, en el que Villarejo es uno de los encausados.Lo cierto es que el letrado de Villarejo reconoció que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción. Asimismo, afirmó haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, pero "en ambas conversaciones, el contenido de las mismas le pareció muy poco creíble y muy fantasioso".PublicidadEl fiscal Grinda se negó a aceptar el acuerdoLa presunta trama también habría colocado entre sus objetivos a varios miembros de la Fiscalía, "sobre todo" José Grinda González. La organización pretendía obtener por esta vía "información que afectase" al número uno de Anticorrupción, Alejandro Luzón. La supuesta fontanera le hizo al fiscal un "ofrecimiento" para que comunicase "cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe" y procediese al "archivo de varios casos", como el caso Pujol o el caso ZED, donde está imputado el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado en esta causa. Leire Díez le ofrecía a cambio "un destino en el extranjero" y la retirada de la demanda que tenía pendiente el fiscal por un presunto delito sexual, tal y como reconoce el propio Grinda en un escrito remitido entonces a la Fiscalía Anticorrupción, que también se recoge en el informe.La trama operó en este caso a través de un "amigo" personal de Grinda, el periodista Pere Rusiñol, que también está imputado en el marco del proceso judicial seguido en el tribunal de instancia número 9 de Madrid y que el juez Pedraz ya ha reclamado asumirlo. Rusiñol fue el encargado de hacer el "ofrecimiento" al fiscal Grinda. Aunque este no pudo quedárselo ni fotografiarlo, recuerda que le prometían además del puesto en otro país un pago del "triple de lo que me pedían en un procedimiento judicial". En una nota manuscrita de Leire Díez se habla de 300.000 euros.Rusiñol contactó a Leire Díez tras el encuentro para decirle que "no había agua, al menos de momento", en referencia a la negativa del fiscal a aceptar el acuerdo. Leire le insistió -sin éxito- y le advirtió: "[Grinda] debe ser consciente de que no tiene muchas oportunidades". Leire Díez intentó de nuevo acceder a Grinda a través del empresario Sandro Rosell, que "siguiendo el parecer" de la exmilitante socialista le pidió una cita presencial al fiscal para transmitirle "un mensaje importante" y conseguir "información comprometida" de Luzón, rezan los informes remitidos por la UCO. El resultado volvió a ser negativo a los intereses de la trama. Luzón sigue en su puesto como jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada."Exterminar socialmente" a la jueza AlayaLa UCO sitúa como otro de los objetivos de la trama a la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso ERE y del caso Aználcollar, donde imputó al exdirector de la SEPI Vicente Fernández, que también se encuentra imputado en esta causa de la Audiencia Nacional. Leire Díez se habría reunido con Rafael Salvador, número uno de la UCO en Sevilla y "responsable policial" de la investigación, para obtener "información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya" y "cuestionar las investigaciones que llevó a cabo", detallan los atestados de la unidad a los que ha tenido acceso Público. "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos", le indicó la fontanera del PSOE a Salvador en 2020. "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya", le escribió Leire Díez a Vicente Fernández.Leire Díez volvió a reunirse con Salvador en 2024, tras "la activación del grupo investigado y el inicio de su actividad". En esta ocasión, también estuvo presente otro de los miembros de la organización, Javier Pérez Dolset. La cita tuvo lugar en Zaragoza y "días después" la exmilitante socialista se reunió con Gaspar Zarrías para ponerlo al tanto del encuentro. "Nos va a dar documentación y ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar", le explicó Leire Díez. La UCO reconoce en sus informes que "se desconoce el contenido o la trascendencia" de este segundo encuentro entre Rafael Salvador, Leire Díez y Javier Pérez Dolset.Actuaciones sobre Francisco MartínezEl ex secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez también figura como otro de los "objetivos de interés". En este sentido, la UCO localizó en los dispositivos intervenidos a Leire Díez dos archivos de audio, grabados aparentemente por esta, de los que se desprende la existencia de al menos dos reuniones fechadas el 15 y el 22 de julio de 2024. En ellas, participaron la propia exmilitante socialista, Martínez y el abogado José Aníbal Álvarez, quien durante unos meses asumió la defensa de José Luis Ábalos.PublicidadLos agentes de la UCO detallan una "dinámica muy similar" a la expuesta con respecto a Villarejo, es decir, el ex número dos de Interior presumió de disponer de "cierta información como consecuencia de la actividad pública que este había desarrollado con anterioridad, así como su involucración en diversas causas judiciales en las que figura como investigado", mientras que Díez "le ofreció beneficios en estas causas a cambio de información".En la primera reunión, según la grabación, la supuesta fontanera le manifestó su intención de llegar a un acuerdo, indicándole que su equipo "estaba tratando de encontrar la manera de sacarle de todo esto". Para ello, por su parte, tendría que colaborar. Ante la información que Martínez pudiera dispensar, dice el informe, "este manifestó dudas acerca del destino y tratamiento que se daría a la misma". Asimismo, "otra cuestión que suscitó dudas en Francisco Martínez fue si su identidad quedaría asociada a la información aportada, a lo que Leire respondió negativamente".En la segunda reunión, Martínez aportó a Leire "diversa información que, según se infiere, estaría relacionada con el cargo que desempeñó en el Ministerio del Interior". Sin embargo, la UCO constata que, de los asuntos tratados, "estos versaron sobre múltiples cuestiones, muchas de las cuales no guardan relación con los hechos objeto de investigación". PublicidadAunque se infiere la posibilidad de que las partes hubieran contemplado la celebración de una nueva reunión, la UCO reconoce que esta "no habría llegado finalmente a materializarse". Por otro lado, se destaca que la exmilitante socialista le prometió al letrado José Aníbal que habría "acuerdo", aunque tal como se desprende del informe, estos supuestos beneficios no llegaron a materializarse. Así consta entre los fragmentos de un documento de Leire hallado por la UCO, denominado "2024-11-19 Incumplimientos. docx", en el que se detalla: "FRANCISCO MARTÍNEZ. La misma situación que con Villarejo".Antonio Balas y la "campaña" contra la UCOLa UCO actuó como unidad investigadora en el grueso de las causas sobre las que la presunta organización puso el foco, motivo por el que "sus integrantes pasaron a convertirse en objetivos de su actividad". La trama operó aquí por distintas vías sin que ninguna llegase a prosperar, pese a los esfuerzos y planes del entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán. El juez Pedraz lo sitúa en sus autos como el líder de la estructura, una premisa que también defienden los informes policiales. Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, desplegaron una "campaña de descrédito" contra la UCO y necesitaban para ello "contactar" con "otros investigados", tal y como apuntan los mismos documentos. La trama se reunió en estos términos con los distintos mandos policiales investigados para "obtener información sensible relativa a la Guardia Civil, en términos generales, y al teniente coronel Antonio Balas de manera particular". Los cabecillas de la organización llegaron a hablar de una "purga" en la unidad. Antonio Balas sigue al frente de la UCO un año después de los mensajes en los que se hablaba de esa supuesta limpieza.La UCO también constata la existencia de varias conversaciones y "al menos" tres reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, directora de la Guardia Civil, para llevar a cabo una "investigación interna" dentro del cuerpo. Los encuentros se plantearían en aras de aclarar "todas las filtraciones que se están produciendo del caso". Los agentes se basan fundamentalmente en la "agenda del terminal móvil" de la exmilitante socialista para atestiguar estos encuentros. Mercedes González habría activado durante el mismo período "el borrado automático de mensajes con un periodo de cadencia de 24 horas" en el chat entre ambas, tal y como destaca la UCO. PublicidadEl proceso contra el hermano de SánchezLa UCO también recoge actuaciones relacionadas con la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado número 3 de Badajoz e instructora del caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez por la presunta contratación irregular de este en la Diputación de Badajoz. La trama fijó como primer objeto "destruir el procedimiento", según figura en una anotación en la agenda de Leire, pero nada más lejos de la realidad: David Sánchez declarará este jueves en el marco del juicio que se sigue contra él y otras diez personas.El informe de la UCO señala que, en este caso, el grupo investigado se habría servido especialmente del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, a través del cual se habrían pretendido articular diversas vías cuya finalidad común habría sido "desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente".Una de las acciones consistiría en que este exjuez se personase como acusación particular, para "producir una parálisis en el procedimiento, ya que existiría una resolución que reconocía la enemistad entre la magistrada Biedma y Sáenz de Tejada". Finalmente, este último solicitó personarse en el procedimiento como acusación popular. Como resultado, el día 5 de marzo de 2025, la magistrada "rechazó la petición mediante auto, toda vez que tal personación entrañaba abuso de derecho, ya que su personación perseguiría fines distintos de los que la Ley asigna a tal figura".Por otro lado, la UCO encontró en una de las libretas intervenidas a Leire una anotación que hace referencia a una denuncia por revelación de secretos que este exmagistrado interpondría contra "la jueza del caso de David Sánchez". El informe recoge que, unos días después, el exmagistrado "habría recibido respuesta de la Fiscalía General del Estado a la denuncia dirigida contra la magistrada Biedma y otros magistrados de Badajoz, remitiendo la misma y exponiendo que 'se ha conseguido menos que lo que se consigue habitualmente'".PublicidadDe acuerdo con el texto adjunto, emitido por la Secretaría Técnica de la Institución, la Fiscalía General del Estado resultaría incompetente para conocer tal denuncia. Ante ello, Leire respondió, "lo paso y te digo". El mismo día que la magistrada Biedma imputó a David Sánchez, Luis José Sáenz de Tejada remitió un burofax al fiscal general del Estado, reiterando la denuncia. Así lo trasladó el propio exjuez en un grupo creado con Leire y Dolset, una afirmación que incluía la respuesta de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que, en esta ocasión, "habría remitido la denuncia a la Fiscalia Superior de Extremadura". Sobre su desenlace, no consta en el informe el recorrido de la misma.Asimismo, otra de las acciones recogidas fue la interposición de un escrito de recusación contra la magistrada Biedma por motivo de "enemistad manifiesta" con este exjuez, pero esta fue desestimada por la Audiencia Provincial de Badajoz por "extemporánea y por carecer de un interés legítimo", según recuerda la UCO.Carmen Pano no cambió su declaraciónLa UCO ha encontrado asimismo "indicios" de los que se desprende "un intento de modificar o condicionar el testimonio" de Carmen Pano, mediante "el ofrecimiento de una remuneración económica". La empresaria es además la madre de la ex pareja de Víctor de Aldama y tiene la condición de investigada en dos piezas relacionadas con la trama de los hidrocarburos. Pano declaró tanto en febrero de 2025 como en abril de 2026 que había realizado dos entregas de dinero "en efectivo" en Ferraz por valor de 45.000 euros cada una, lo que suma un total de 90.000. Nunca aportó prueba alguna de esta acusación. "El objetivo del grupo investigado habría sido el de evitar o modificar estas declaraciones, alineado con su propósito de proteger al partido", rezan los informes de la UCO, un objetivo que -nuevamente- se habría visto incumplido. PublicidadStampa también denunció las presiones de LeireLa última de las actuaciones recogidas en el informe de la UCO tiene que ver con unos hechos ocurridos alrededor de un encuentro entre el fiscal Ignacio Stampa, conocido por su papel en el caso Villarejo, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en el que estos dos últimos le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales Luzón y Grinda, y sobre el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Cabe señalar que, al igual que el fiscal Grinda, el propio Stampa también denunció esto hechos y aportó las conversaciones mantenidas, que también se recogen en el informe de la UCO. "Finalmente, según el escrito presentado por Stampa, Dolset le habría pedido a este reunirse otra vez. Para ello, el canal habría sido de nuevo el empresario Luis del Rivero. No obstante, tras la publicación de las primeras noticias en relación con la actividad que Leire vendría desarrollando, Stampa habría cancelado la cita", remacha el informe.