El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a los policías que le detuvieron en su casa el 11 de diciembre de 2025 que comunicaran su arresto y lugar de custodia al exjuez Manuel García-Castellón. Fue el segundo nombre que dio a los agentes, después del de su abogado. En tercer lugar, solicitó que le dejaran llamar por teléfono a Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración y asesor jurídico de la aerolínea, también investigado en la misma causa. Su domicilio estaba siendo registrado al mismo tiempo que el de Martínez Sola.PublicidadEs el procedimiento habitual en estos casos: los policías informan al detenido de sus derechos y éste responde si, por ejemplo, quiere prestar declaración, recibir asistencia médica o a quién quiere informar de su arresto.Pero, en este caso, llama la atención que el directivo de la aerolínea cuyo nombre ha bautizado la causa por la que ha terminado investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recurriera al exjuez de la Audiencia Nacional cuando fue detenido y su domicilio registrado.García-Castellón se jubiló en septiembre de 2024, a los 72 años, doce de ellos al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Poco después se dio de alta como abogado en el Colegio de Madrid, donde figura como ejerciente. El teléfono móvil que Martínez Sola facilitó a los agentes es el mismo que figura como teléfono profesional en su ficha del Colegio de Abogados.Público ha preguntado a Plus Ultra al respecto, pero la aerolínea no ha querido "ni confirmar ni desmentir" si el exjuez mantiene algún tipo de relación profesional con ella. Se lo impide su "política de empresa", explica, "con independencia de la veracidad o no" de la cuestión.Publicidad"Son amigos desde hace 30 años y se ven con frecuencia, nunca lo han ocultado", aseguran fuentes próximas al presidente de Plus Ultra refiriéndose a García-Castellón, "por eso dio su nombre, le pareció mejor que poner el de su mujer o sus hijos". Según la diligencia policial incluida en el sumario, su esposa se encontraba con él, en el domicilio familiar, cuando los agentes lo detuvieron, por lo que conocía su arresto. Sobre si el exjuez mantiene una relación profesional con la compañía aérea, las mismas fuentes se remitieron a la contestación de Plus Ultra antes mencionada: ni confirman ni desmienten.El pasado mes de abril, antes de que el juez José Luis Calama levantara el secreto del sumario del caso Plus Ultra, este periódico ya preguntó a Manuel García-Castellón qué tipo de relación profesional mantenía con la aerolínea. "Yo ya no soy nadie", respondió por correo electrónico. Y añadió que tiene "una vida privada sin mayor interés para nadie". A la luz de la diligencia policial donde ha aparecido su nombre, Público ha vuelto a preguntarle al exjuez, que no ha respondido al cierre de esta edición.En libertad sin fianza e investigado por blanqueoJulio Martínez Sola fue detenido a las 7:20 de la mañana del 11 de diciembre en su casa, un chalé de la exclusiva urbanización del Encinar de los Reyes, en el borde sur de La Moraleja. La Policía también registró la casa, donde se incautó de un móvil, un CD con el título "Plus Ultra documentos", varias agendas y varios fajos de billetes: 107.000 euros y 75.175 dólares, hallados en la caja fuerte de un dormitorio.PublicidadMartínez Sola fue trasladado después a las oficinas de la aerolínea, situada en Pozuelo de Alarcón, para que presenciara cómo los agentes intervenían y accedían a sus dispositivos informáticos. A continuación, ingresó en los calabozos. Entonces no declaró ante la policía ni más tarde ante la jueza, que le puso en libertad sin fianza el 13 de diciembre, pese a que existían "motivos bastantes para estimar responsable criminalmente del delito de blanqueo de capitales" al presidente de la empresa. En todo caso, le ordenó comparecer en el juzgado cada lunes, al tiempo que le retenía el pasaporte y le prohibía salir de España.Ese mismo 11 de diciembre también fueron detenidos el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el abogado Miguel Palomero de Juan, que fue despedido del despacho Andersen sólo tres días después: se trata del mismo bufete que había abandonado por iniciativa propia, apenas 11 días antes, Santiago Fernández Lena, el asesor jurídico de la aerolínea.Desde el pasado octubre, Martínez Sola es también el principal accionista de Plus Ultra, tras comprar sus participaciones a los socios venezolanos de la aerolínea. En el sumario del caso, aparece en numerosas conversaciones e intercambios de correos con su "tocayo" –así lo llama– Julio Martínez Martínez, el empresario que creó la trama de sociedades usada para pagos y cobros sospechosos de tráfico de influencias y, según los investigadores, también para blanquear capitales. También han encontrado los policías conversaciones con el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, otro de los investigados, sobre la urgencia del rescate de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales): "Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen, aunque sea de palabra, que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente".El polémico instructor de Púnica, Lezo, Kitchen...Manuel García-Castellón ha instruido algunas de las causas más mediáticas de las últimas décadas. Empezó con el caso Banesto contra Mario Conde en 1993, para continuar con el intento de atentado contra José María Aznar, en 1995, y el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, en 1997. Pero fueron las operaciones Púnica y Lezo –en ambas archivó la investigación contra Esperanza Aguirre y en la primera también contra Ignacio González–, así como los casos contra Podemos –todos fueron sobreseídos y no llegaron a juicio– y los independentistas catalanes –calificó como delitos de terrorismo las protestas del procés– los que le pusieron en el foco de la polémica. En el caso Kitchen, que se juzga estos días en la Audiencia Nacional, descartó imputar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.La polémica le siguió tras jubilarse: en una intervención pública en el Foro del periódico La Región de Ourense reconoció que, cuando era juez de enlace con Francia, entre 2000 y 2012, había mentido a la justicia de ese país para obtener información sobre ETA. En septiembre de 2024, García-Castellón demandó a la diputada de Podemos, Irene Belarra, por haber vulnerado su derecho al honor en un tuit donde la también secretaria general del partido morado saludaba su jubilación incluyéndole entre los jueces "corruptos" que han "prevaricado" contra quienes defienden "otra idea de España". El juicio está previsto que se celebre el próximo día 23 de junio. En 2025, el exjuez, que además de Julio Martínez Sola es amigo de José María Aznar, publicó un libro titulado Habla, para que se conozca, donde criticaba la "invasión política de la justicia". Entrevistado por El Periódico con motivo de su salida a la venta, García-Castellón calificaba el lawfare de "término absolutamente ridículo".Desde mediados de abril, el exjuez escribe artículos de opinión en El Independiente sobre todo tipo de temas: desde los toros, la Iglesia y Putin, hasta la reforma de la justicia diseñada por el ministro Félix Bolaños y el jurado popular.