El exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón voló a Cartagena de Indias (Colombia) en un avión de Plus Ultra el 23 de noviembre de 2022. Viajaban con él otras seis personas. Tres de ellas son altos directivos de la aerolínea hoy en el centro de los focos tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el juez José Luis Calama: el presidente, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli, y el secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lema. Otro pasajero era Pedro Agudo Novo, comisario de Policía y ex jefe de gabinete del ex director general de la Policía con el PP Ignacio Cosidó. Cierran la lista dos empresarios: Julio Ariza, dueño del grupo mediático ultraconservador Intereconomía, y Fermín Elizalde Urmeneta, presidente y consejero delegado del grupo navarro ISN. PublicidadTal y como atestiguan los documentos a los que ha tenido acceso Público, la reserva, conjunta, para esos siete pasajeros se realizó unos días antes. El vuelo, con el número PU221, despegó del aeropuerto de Barajas y aterrizó en el Rafael Núñez de Cartagena de Indias 10 horas más tarde. El grupo ocupaba asientos de las tres primeras filas del Airbus 330-200 de Plus Ultra. Por aquel entonces, Manuel García-Castellón aún era juez en activo, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. No se jubiló hasta el mes de septiembre de 2024. En junio, la Comisión Permanente del CGPJ le había comunicado que podía seguir ejerciendo hasta los 72 años. Justo antes de volar a Colombia, había emitido un auto en el que descartaba investigar como corrupción el caso por el que se acusaba de narcotráfico y blanqueo de capitales al esposo y al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.El jefe de gabinete de Ignacio CosidóEn noviembre de 2022, el comisario Pedro Agudo Novo ejercía como jefe de área de Transformación digital y Coordinación en Ciberseguridad, que depende de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. Ahora es el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Málaga. Pero antes, desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2012, había trabajado como jefe de gabinete de Ignacio Cosidó, director general de la Policía a las órdenes del ministro del PP Jorge Fernández Díaz. El pasado abril, Cosidó declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen, cuyo instructor fue el juez Manuel García-Castellón. La Fiscalía pidió su imputación, pero el titular del número 6 no halló indicios suficientes para investigarle, pese a que otros acusados, como el ex DAO de la Policía Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo, habían asegurado que estaba al tanto del operativo ilegal contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.Pedro Agudo dimitió como jefe de gabinete en septiembre de 2012, cuando se publicó que su mujer era propietaria de Legispol, una academia donde se preparan oposiciones a agente de Policía, aunque él se había desvinculado del centro ante notario. El reglamento de la Policía impide a los agentes en activo gestionar este tipo de academias.PublicidadTras su renuncia, Pedro Agudo se trasladó a Roma, donde se hizo cargo de la Agregaduría de Interior de la embajada de España hasta 2017. Allí coincidió con el juez García-Castellón, que ejerció como juez de enlace de España en Italia durante esos mismos cinco años.Público intentó recabar la versión sobre el viaje de quienes eran funcionarios públicos, para saber en concreto cuál fue el motivo del desplazamiento y quién pagó tanto el billete de avión como el resto de los gastos de la estancia, pero no ha recibido respuesta ni de García-Castellón ni de Agudo. Plus Ultra se ha limitado a contestar que no puede "facilitar información relativa a pasajeros concretos" por sus obligaciones legales en materia de protección de datos y los compromisos de confidencialidad con sus clientes y usuarios.Tal y como desveló Público, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, cuando fue detenido el pasado 11 de diciembre de 2025, dio precisamente el nombre de Manuel García-Castellón para que le comunicaran su arresto y el lugar adonde había sido enviado bajo custodia. Martínez Sola y el exmagistrado son amigos desde hace 30 años. Es la relación que García-Castellón esgrimió ante infoLibre cuando este medio le preguntó por el motivo de que, en su ficha del Colegio de Abogados de Madrid –en el que se dio de alta tras jubilarse–, figure como dirección profesional la sede en Alcobendas de la aerolínea. Plus Ultra no ha querido "confirmar ni desmentir" a Público que mantenga algún tipo de relación profesional con el exjuez.PublicidadEste periódico ha consultado los acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ, que aprueba las solicitudes de licencia de los jueces para asistir a jornadas de formación o congresos. Y no ha encontrado ningún permiso concedido al juez García-Castellón en 2022. Tan sólo la renovación de la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como tutor online en el Centro Universitario Ramón Areces. Además de su retraso de la jubilación hasta los 72 años. A preguntas de este periódico, García-Castellón tampoco ha querido aclarar si pidió vacaciones para ir a Colombia en periodo laboral.Fraude en la compra de un centro logístico en MadridEl sexto pasajero, Fermín Elizalde Urmaneta, es un empresario navarro, dueño del grupo industrial y de servicios ISN, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2013 por la venta ilegal y fraudulenta del centro logístico que la multinacional estadounidense UPS tenía en el barrio madrileño de Vallecas.Un año antes, y por sólo un euro, Fermín Elizalde había comprado las instalaciones a través de una de sus empresas, Integración Logística Complementaria (ILC): terrenos, un inmueble de 3.500 metros cuadrados valorado en 1,5 millones, vehículos, contratos de suministro, licencias necesarias para la actividad y la plantilla. El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid anuló la operación por fraudulenta, tras acusar a la firma navarra y a la multinacional estadounidense de "tráfico ilícito de mano de obra" y "temeridad y mala fe". Para entonces, los trabajadores del antiguo centro de UPS llevaban ya cinco años en lucha, en la calle y en los tribunales, en defensa de sus puestos de trabajo: seguían acudiendo a las puertas del centro logístico todos los lunes, miércoles y viernes tras organizar una caja de resistencia.El comité de empresa describía entonces a Fermín Elizalde como un "liquidador de empresas con buenos contactos con UPN [Unión del Pueblo Navarro]". De hecho, el juez estableció que UPS había pagado 10,52 millones de euros bajo cuerda al empresario navarro, desde una de sus cuentas en Barclays, como "contraprestación principal por hacerse cargo de la plantilla". Y, según el ordenamiento español, la compraventa de plantilla laboral es un "negocio jurídico ilícito". Tras recurrir ILC y UPS ante el Supremo, un acuerdo transaccional con los trabajadores cerró el litigio en 2014.Ariza y sus relaciones con VoxJulio Ariza, dueño del grupo Intereconomía, también es navarro. Su grupo, integrado por el diario La Gaceta, Radio Intereconomía o El Toro TV, entre otros medios, entró en concurso en 2015. Ocho años más tarde, el juez declaró culpables los concursos de Intereconomía Televisión e Intereconomía Corporación, la matriz del grupo, y condenó a Ariza a pagar más de 16 millones de euros por la quiebra.En las elecciones generales de 2019, el empresario ocupó el último puesto en la lista electoral de Vox por Barcelona. Pero sus vínculos con el partido ultra van más allá. Kiko Méndez-Monasterio, asesor de su líder, Santiago Abascal, fue director de La Gaceta. Y a Tizona de Comunicación, la empresa de Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, hijo del dueño de Intereconomía, Vox le pagó 1,3 millones de euros en 2020. Según reveló el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, ahora enfrentado con el partido, otra empresa del grupo de Ariza, la editorial IVAT, ingresaba a la esposa de Abascal, Lidia Bedman, 63.600 euros al año "por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales".Los tres directivos de Plus Ultra integrados en la expedición a Cartagena de Indias se encuentran bajo investigación por el caso que lleva el nombre de la aerolínea. Julio Martínez, además de presidente, fundador y desde el pasado octubre máximo accionista de la compañía, fue detenido el mismo día que el consejero delegado, Roberto Roselli. Se les acusa de blanqueo de capitales por el desvío de parte de los 53 millones de euros que recibió la aerolínea hispanovenezolana como rescate de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Ambos quedaron en libertad sin fianza, pero se les ha prohibido salir de España y están obligados a presentarse cada semana en el juzgado.PublicidadLas preguntas que no contestan los pasajeros del vuelo PU221Público envió a Plus Ultra una serie de preguntas sobre el viaje a Cartagena de Indias del 23 de noviembre de 2022, que quedaron sin respuesta. Son éstas:1. ¿Cuál fue el motivo del viaje?2. ¿Ha abonado Plus Ultra a los señores Manuel García-Castellón y Pedro Agudo Novo, funcionarios públicos ambos en ese momento, algún viaje, estancia hotelera o cualquier otro tipo de gasto?Al exjuez Manuel García-Castellón este periódico le envió las siguientes cuestiones:1. ¿Cuál fue el motivo del viaje?2. ¿Abonó usted el importe del billete? ¿Y del resto de los gastos relacionados con el desplazamiento?3. El 23 de noviembre de 2022 era un miércoles. Es decir, el viaje lo hizo en días laborables. ¿Obtuvo alguna licencia para ese desplazamiento o utilizó sus vacaciones?Público intentó contactar con el comisario Pedro Agudo Novo a través del departamento de prensa de la Policía Nacional en Málaga. Tampoco respondió.