El magistrado José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, da un nuevo paso en la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha decidido interrogar los próximos 7 y 8 de septiembre a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, según reza una resolución fechada este viernes. Calama toma esta iniciativa después de que ambos enviaran sendos escritos a la Audiencia Nacional para implicar al exdirigente socialista en la obtención de ayudas públicas; en línea con el relato expuesto por Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, que señaló que el antiguo líder del PSOE “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de euros que la compañía aérea recibió del Gobierno durante la pandemia de coronavirus.Martínez Sola y Roselli ya estaban imputados. Pero, al igual que el juez, la Fiscalía Anticorrupción también consideraba necesario volver a citarlos después de que enviaran esos escritos a la Audiencia Nacional, según fuentes del ministerio público. Tras ser detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2025, ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Y de hecho, durante meses, el presidente de Plus Ultra negó en público cualquier irregularidad: “No hubo trato de favor ni injerencias”, dijo en una comisión de investigación del Senado. Sin embargo, dieron esta misma semana un volantazo a esa versión, sumándose a la estrategia de Julio Martínez Martínez de abrirse a “colaborar” con la justicia.En la resolución dictada este viernes, Calama fija el interrogatorio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, a las 9.00 del 7 de septiembre. A Roberto Roselli, actual consejero delegado de la empresa y director financiero en el momento de las gestiones para el rescate, lo ha citado a la misma hora del día 8. Por su parte, aún está pendiente que el juez ponga fecha a las declaraciones de las hijas del presidente y de su secretaria, Gertrudis Alcázar, también imputadas.En los escritos enviados a la Audiencia, Sola y Roselli admitían que ninguno de los dos tuvo “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo [por el expresidente] para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]”, por las que supuestamente pagaron una comisión superior al medio millón de euros. Pero, el presidente de la aerolínea incidía en que sí “se asumió que se debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron ‘de acompañamiento”.Julio Martínez Martínez, que declaró el pasado martes ante el juez, dibujó un escenario similar. El dueño de Análisis Relevante sostiene que la consultora y Plus Ultra firmaron en julio de 2020 un contrato de 5.000 euros al mes “en concepto del asesoramiento que, desde mayo, venía dando” Zapatero. A ese contrato se le sumó otro, directamente vinculado a la obtención del rescate, que estipulaba el pago por parte de la aerolínea de una comisión del 1% de la financiación obtenida (unos 530.000 euros) en concepto de “contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación” ante la SEPI. La Policía intervino una copia de este documento en el registro del domicilio de Martínez Martínez.Doble golpe a ZapateroEl giro de la cúpula de Plus Ultra ha infligido un duro golpe a la estrategia de defensa de Zapatero, ya que contradice su versión. Julio Martínez Sola asevera que tuvo contactos con el expresidente y que, incluso, el exjefe del Ejecutivo lo telefoneó el 30 de abril de 2020, como sostienen los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Zapatero niega ese extremo, pero el directivo de Plus Ultra afirma que, en esa supuesta conversión de unos 10 minutos, le explicó la difícil situación financiera que atravesaba su compañía y la necesidad de acceder a fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ante lo que, según su relato, el exdirigente del PSOE le manifestó que “su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”, pero que todas las “comunicaciones” las tendrían a partir de entonces a través de una persona “de su confianza”, en referencia a Julio Martínez Martínez.Este no ha sido el único revés que ha recibido el expresidente del Gobierno en los últimos días. La Fiscalía también ha pedido al magistrado que reclame un informe ampliatorio sobre las joyas intervenidas a Zapatero, para intentar recabar más datos sobre cuándo se engarzaron las piezas y profundizar sobre su precio actual de mercado. Según fuentes jurídicas, Calama aún no ha resuelto esa cuestión. Pero sí que ha rechazado ya la “nulidad general” del caso Plus Ultra, que el político solicitó en junio por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.El instructor concluye que Zapatero ha planteado esa cuestión “fuera” del plazo de 20 días que prevé la ley desde que se tiene “acceso material” al sumario. Calama detalla que la defensa del socialista pudo conocer el contenido el 25 de mayo y que el vigésimo día hábil desde esa fecha se cumplió el 22 de junio, aunque la norma prevé una prórroga hasta las 15.00 del 23 de junio. Sin embargo, el exlíder del PSOE no presentó su reclamación hasta el 25 de junio. “Por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, dictamina el juez, que remacha: “La extemporaneidad priva al órgano judicial de competencia para examinar el fondo de la lesión alegada, pues el incidente no puede operar como mecanismo para cuestionar decisiones instructoras que debieron impugnarse en tiempo articulando frente a ellas los oportunos recursos”.