En febrero del año 2020, el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) y la Escola Popular de Sants organizaron un desfile "reivindicativo y festivo" con motivo de la fiesta de Carnaval en el barrio de Sants, en Barcelona. Ese mismo día, el movimiento por la vivienda anunció la ocupación de un edificio que iba a ser desahuciado en el número 105 de la calle Olzinelles, donde se alojaban cuatro familias con cuatro menores de edad.PublicidadLos Mossos d'Esquadra ejecutaron el desahucio del edificio esa misma noche y dos activistas fueron acusados de desórdenes públicos y de atentado contra los agentes de la autoridad. Este miércoles se celebra el juicio y la Audiencia Provincial de Barcelona les pide seis años de prisión a cada uno.Ya han pasado seis años de aquel día. Desde el grupo de apoyo Olzinelles Absolució denuncian que se trata de las penas más elevadas que se han solicitado hasta ahora en este caso. Según denuncia en declaraciones a Públic Clara, una de las miembros del grupo, se trata de un "montaje policial" de los Mossos d'Esquadra, que "cargaron, encapsularon a las personas presentes e identificaron a todo el mundo".Meses después de los hechos, muchas de las personas identificadas recibieron sanciones administrativas amparadas en la conocida como ley mordaza. Paralelamente, dos de ellas fueron notificadas de la apertura de un procedimiento penal. "Recibieron una notificación de inicio de un proceso judicial en el que se les acusaba de atentado contra la autoridad", explica Clara. Aquel fue el punto de partida de una causa que ha provocado la indignación del movimiento por la vivienda barcelonés.Desde Olzinelles Absolució rechazan las acusaciones y aseguran que los atestados policiales no reflejan lo que realmente pasó ese día. "Los atestados policiales no se corresponden con la realidad", denuncia Clara. Por este motivo, el grupo de apoyo considera que se trata, "una vez más", "de un montaje policial" contra los movimientos que defienden el derecho a la vivienda.PublicidadClara sostiene que las acusaciones forman parte de una estrategia de represión. "Creemos que es un montaje policial en el que se eligieron a dos personas y se les impusieron estos delitos", afirma. Según su relato, el objetivo sería señalar a activistas concretos para generar un efecto disuasorio sobre el conjunto del movimiento por la vivienda. "Se inician causas contra ciertas personas para desmovilizar la base que hay luchando por el derecho a la vivienda", asegura.Para los colectivos de apoyo, este tipo de procedimientos judiciales trascienden la situación individual de las personas encausadas. Consideran que forman parte de una dinámica más amplia de criminalización de los movimientos sociales. "La represión no es romantizable", reflexiona Clara. Aunque reconoce que estos procesos pueden provocar desmovilización en algunos sectores, también apunta que a menudo generan el efecto contrario.Otro de los aspectos que denuncian los colectivos es la duración del procedimiento. Esta será la quinta vez que las dos personas encausadas son citadas a juicio. La primera vista, prevista para enero de 2023, fue suspendida por un error administrativo. La segunda, convocada en julio del mismo año, se aplazó por una baja médica. Las dos últimas, programadas para febrero de 2024 y enero de 2025, no se llegaron a celebrar por problemas relacionados con la formulación de las acusaciones.PublicidadSeis años después de aquel desfile de Carnaval por las calles de Sants, el caso Olzinelles llega a juicio como un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona, una de las ciudades del Estado más tensionadas por los precios de los alquileres.