La administración del presidente Donald Trump está empeñada en detener y deportar el número más grande de inmigrantes indocumentados posible de los Estados Unidos, pero también está encontrando dificultades reales para realizar esta tarea. La logística para encontrar, procesar y remover a los inmigrantes indocumentados es parte del problema, pero también las decisiones de los tribunales y la resistencia de ciudadanos comunes y corrientes, lo cual ha forzado cambios de estrategia. Frente a esta realidad, la administración parece cada vez más enfocada en hacer la vida difícil para los indocumentados para que decidan salir del país por decisión propia. Las cifras de deportaciones del interior del país son muy difíciles de rastrear, ya que la administración ha dejado de publicar estadísticas consistentes. Basado en datos fragmentarios e incompletos, parece probable que logren deportar entre 400,000 y 500,000 indocumentados durante el año fiscal del gobierno estadounidense, que va desde octubre pasado a septiembre próximo, lo cual es una cifra importante pero mucho menor frente a su ambición de deportar a un millón por año, y una fracción de los 14 a 15 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos (de los cuales, aproximadamente 40 por ciento son mexicanos, según cálculos del Instituto de Políticas Migratorias). Ha habido un giro notable desde las protestas en Minneapolis y el cambio de secretario de Seguridad Interior hacia una estrategia de detenciones menos confrontacional y menos visible. Pero la administración ha perseguido una serie de otras medidas para incentivar la “autodeportación” como alternativa. Esto incluye la decisión de quitar el estatus temporal que gozaban migrantes de ciertas nacionalidades, así como alargar el periodo para esperar un permiso de trabajo para los que solicitan asilo. Asimismo, un cambio reciente de las reglas de visas requiere que muchos de los que quieren solicitar residencia permanente por matrimonio o a través de sus hijos, quienes son ciudadanos (o residentes permanentes), tendrán que regresar a su país de origen para hacerlo, lo cual elimina la vía principal de regularización que existía para algunos indocumentados (que no pueden salir del país sin ser prohibidos a regresar). Aunado a esto, hace unos días, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que requiere que el Departamento del Tesoro (Hacienda) revise las reglas de los bancos e instituciones financieras para brindar servicios a los clientes que no pueden probar su presencia legal en el país, aunque los cambios aún no se definen y hay resistencia de las instituciones financieras a estas medidas. Los acuerdos con 27 países para deportar migrantes de otras nacionalidades a su territorio también se han usado para que los migrantes indocumentados piensen dos veces si quieren quedarse en el país. Hay un número cada vez mayor de detenidos que firman su “salida voluntaria” del país en vez de seguir el proceso legal para determinar si serán sujetos a deportación, más de 80,000 desde enero de 2025 a marzo de 2026, un incremento de 700 por ciento, según un estudio del Instituto Vera. El temor a ser enviado a un tercer país parece estar funcionando para generar este cambio. Sospecho que la gran mayoría de indocumentados se quedarán en el país a pesar de las nuevas formas de adversidad, porque ya tienen muchos años aquí y mucho arraigo, ya que 80 por ciento tienen más de 5 años de residencia y 59 por ciento más de 15 años en el país. Pero sin duda se está viviendo un momento difícil para los que carecen de documentos en los Estados Unidos, con nuevos escenarios de incertidumbre por delante, y es una parte integral de la estrategia oficial del gobierno federal. Presidente del Instituto de Políticas Migratorias. @SeleeAndrewÚnete a nuestro canal