La investigación por el denominado caso Plus Ultra ha sacado a la luz una operación paralela destinada a eliminar informaciones periodísticas que vinculaban a varios de sus directivos con el blanqueo de capitales. Según las comunicaciones intervenidas en la causa, la red vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero destinó al menos 69.000 dólares a borrar cualquier referencia a este tipo de operaciones o que pudieran afectar negativamente a la reputación del banquero Luis Felipe Baca Arbulu y de los altos cargos de la compañía. Según un informe de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) de Francia, la trama tomó medidas para "limpiar" Internet de una serie de artículos periodísticos que ya apuntaban a la existencia de irregularidades en el rescate de la aerolínea por 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los objetivos del empresario vinculado con el blanqueo de fondos de Plus Ultra se encontraba El Confidencial, además de otros medios. El análisis de las comunicaciones intervenidas al bróker peruano desvela que algunas de las acciones impulsadas por este y sus socios eran borrar cualquier noticia que pudiera dañar su imagen y complicar la apertura de cuentas a su nombre, tal y como avanzó Colpisa. En concreto, los investigadores destacan una conversación en la que Baca Arbulu informaba a su socio, Simón Leendert Verhoeven, de que el departamento de Compliance de un banco con sede en las Islas Mauricio estaba revisando información sobre ellos en Internet para valorar la apertura de una cuenta. Esto hizo saltar las alarmas entre los miembros de la red vinculada a Plus Ultra, que pusieron en marcha un plan para el que destinaron grandes cantidades de dinero. "Limpiaremos a Adamas de nuestro pasado", indicó el empresario peruano. Los investigadores destacan una noticia de El Confidencial fechada el 16 de abril de 2021, en la cual se detallaban los vínculos de los accionistas de Plus Ultra con un banco chavista ubicado en República Dominicana. Este medio ya ponía el acento sobre la investigación que la inteligencia de Estados Unidos tenía abierta sobre Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, miembros del Consejo de Administración de la aerolínea desde 2018. La información señalaba que la embajada estadounidense en Madrid había solicitado la colaboración de España para rastrear sus movimientos ante la sospecha de la existencia de actividades destinadas al lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela. La noticia detallaba, además, la relación de estos dos accionistas con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. Según la investigación que entonces se dirigía desde EEUU, de ahí habrían salido 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra. Por último, se relacionaba a los dos empresarios con una segunda entidad en el Caribe, Commonwealt Bank & Trust de Dominica. Las autoridades francesas detectaron una conversación mediante la aplicación encriptada Signal con un contacto guardado bajo el alias "RG de la que se desprende que la trama habría pagado casi 70.000 dólares para tratar de eliminar noticias como esta de la red. A esta cantidad se suman otros 29.000 dólares que aún quedaban por pagar, alcanzando un total comprometido de 98.000 dólares. Las informaciones publicadas en la prensa no era un asunto que solo preocupara al bróker venezolano, sino que también se corvirtió en un tema de conversación habitual entre otros miembros de la trama. La UDEF recoge en uno de sus informes una conversación fechada en abril de 2021 que se produce entre el accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes y el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en la que el primero le informa de que está hablando con Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, y que este insiste en que "tienen que mantener la calma". Los investigados estaban en alerta tras la publicación en este medio. "Don Julio Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas ? Noto al tetero y al peloncio nerviosos con la prensa y los chismes. Hoy tema El Confidencial.... chateé con el tocayo. Creo que hay que mantener la calma. Me parece que es más de lo mismo. Lo que sí me gustaría es conseguir ayuda para capitalizar todo ese efecto noticioso...!", dijo Reyes. En este mensaje se evidencia la intención de los miembros de la trama de conseguir fondos para poder borrar noticias incómodas de la red, tarea que -según las autoridades francesas- dirigió el accionista Baca Arbulu. Sociedades pantalla y testaferros El análisis de los dispositivos incautados al empresario no sólo sacó a la luz su oscuro plan de medios, sino que también se detectaron decenas de conversaciones que evidencian la existencia de una red internacional de blanqueo de capitales y con acceso a información privilegiada. Destacan varios mensajes en los que los miembros de la trama hablan abiertamente sobre el uso de sociedades pantalla o testaferros para desviar varios millones de euros. Las evidencias recogidas en estos dispositivos fueron clave para la apertura de una investigación en España. Tras el carpetazo de la causa abierta por el rescate de Plus Ultra por parte del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, la información aportada por las autoridades de Francia y Suiza permitió a la Fiscalía Anticorrupción solicitar la reapertura del caso. La investigación está siendo dirigida ahora por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que apunta a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias que se sirvió de sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" para beneficiarse del cobro de mordidas ilegales por valor de cerca de dos millones de euros. El instructor señala al expresidente del Gobierno como la llave de acceso de la trama a la Administración española, así como enlace con las altas instancias del Gobierno de Nicolás Maduro. La investigación por el denominado caso Plus Ultra ha sacado a la luz una operación paralela destinada a eliminar informaciones periodísticas que vinculaban a varios de sus directivos con el blanqueo de capitales. Según las comunicaciones intervenidas en la causa, la red vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero destinó al menos 69.000 dólares a borrar cualquier referencia a este tipo de operaciones o que pudieran afectar negativamente a la reputación del banquero Luis Felipe Baca Arbulu y de los altos cargos de la compañía.