En el hospital de Donetsk, un niño de 9 años de Mariúpol repetía el saludo ucraniano más conocido: “Slava Ukraini”, Gloria a Ucrania. Los responsables del centro le corrigieron una y otra vez: no “Gloria a Ucrania”, sino “Gloria a Ucrania como parte de Rusia”. El niño había llegado solo, separado de su familia durante los bombardeos; tenía nueve años y ya estaba siendo “rusificado”.
“Su propósito es que los niños se olviden de que eran ucranianos alguna vez”, afirma Inna Mikhieiva, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del distrito Shevchenkivskyy de Kyiv, quien ejerció en Mariúpol hasta la ocupación rusa. “Es un crimen de guerra y podría considerarse hasta genocidio de población, porque los niños son nuestro futuro”.
Este caso no es una excepción. Es el resultado de un sistema construido deliberadamente para borrar la identidad ucraniana de una generación entera. En marzo de 2026, la Comisión de la ONU concluyó que las deportaciones y traslados forzados de niños a Rusia constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ejecutados según una política concebida al más alto nivel del Estado ruso.
Inna Mikhieiva, exjueza ucraniana de Mariúpol.
Mikhieiva identifica tres categorías de víctimas. La primera: niños en orfanatos e internados, trasladados con la excusa de “campamentos de verano”, sin familia presente. La segunda: niños separados de sus padres en los llamados campos de filtración, puntos de control donde las fuerzas rusas identificaban y detenían a la población civil; si el padre no superaba el control, le separaban del hijo allí mismo. La tercera: niños cuyos padres murieron en los bombardeos y quedaron desprotegidos en territorio ocupado.
