Los niños llegan por turnos y acompañados de sus madres. Unos tras otros van sentándose en la sala de espera del Centro de Protección de los Derechos de la Infancia (CRPC), en Kiev. Antes de 2022, antes de que Rusia lanzara la invasión de Ucrania, el lugar era un popular establecimiento de comida japonesa. El Gobierno instaló allí en 2023 las oficinas del CRPC para coordinar una de las misiones más sensibles de la guerra: devolver a sus familias a los miles de menores que por distintos motivos quedaron atrapados en las regiones ocupadas, y a muchos de los cuales el invasor envió a orfanatos en territorio ruso o entregó en adopción.
Los niños que eran convocados el pasado 6 de agosto en las oficinas del CRPC habían retornado en julio a la Ucrania libre, procedentes de Rusia. Aquel día, cuando se produjo la visita de EL PAÍS, ellos y sus familias tenían entrevistas con los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU), para que el Ministerio del Interior recabara información sobre sus tribulaciones y sobre el viaje de regreso.
La mayoría de los que estaban allí se reencontraron con sus padres gracias a la mediación de Qatar. El país árabe coordinó el viaje de los niños entre las autoridades rusas, el Defensor del Pueblo de Ucrania y la organización Bring Kids Back, dependiente de la presidencia ucrania. Desde 2023 y hasta este verano, cerca de 1.500 menores de edad han podido retornar a Ucrania. Moscú va aceptando a cuentagotas que niños reclamados por familiares directos sean devueltos a Ucrania.
