La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), por un lado, y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por otro, ―todas menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)― han afeado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haya dado lo que consideran una respuesta tibia, así como el silencio de la Fiscalía General del Estado, tras conocerse las presuntas maniobras de Leire Díez para desbaratar causas judiciales. Por ello, han exigido mayor “contundencia” a sus órganos de gobierno, al tiempo que han advertido de que, en todo caso, se mantendrán expectantes para adoptar las “medidas oportunas” en los ámbitos nacional y europeo, sin concretar cuáles. Así se han pronunciado todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos, después de hacerse pública la investigación que dirige desde la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz sobre la presunta existencia de una trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la exmilitante socialista Leire Díez como su lugarteniente, para “deslegitimar a miembros del Poder Judicial y, con ello, frenar procesos que afectan a dicho partido o al Gobierno español”, según describen en un comunicado conjunto.La APM y la AF ―las asociaciones mayoritarias en las carreras judicial y fiscal, respectivamente―, la AJFV, el FJI y APIF han puesto el foco en las informaciones periodísticas que apuntan a que la presunta trama habría llevado a cabo “investigaciones secretas” contra la juez Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al que se juzga estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Esas pesquisas “incluirían espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla”, han denunciado las firmantes.Las asociaciones, si bien parten “de la defensa a ultranza del derecho a la presunción de inocencia de las personas que estén siendo investigadas en una instrucción que, a día de hoy, se mantiene parcialmente secreta”, observan las informaciones publicadas con “una profunda inquietud” ante “la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no solo a una compañera concreta, sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura”.En su opinión, esto “va mucho más allá” que los “frecuentes ataques” lanzados en los últimos años “desde la política a miembros del Poder Judicial, sin más fundamento que el de discrepar del contenido de las resoluciones dictadas”, “en la medida en que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial”.Por eso, ven “insuficiente” la declaración institucional aprobada este martes por unanimidad por la Comisión Permanente del CGPJ, por cuanto se limita a reiterar “la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial” frente a “las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”.El CGPJ ha incidido en que este tipo de pronunciamientos “contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”, debilitando con ello “los cimientos de una sociedad democrática avanzada”. En este sentido, ha recordado que “la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho”. Las asociaciones han recibido con “especial desazón” lo que perciben como “falta de contundencia” del órgano de gobierno de los jueces. “Esperábamos que en este caso el CGPJ hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial”, han afirmado. “Ausencia de reacción”Fuentes del CGPJ consultadas por EL PAÍS señalan que, precisamente, la Comisión Permanente ―dominada por el sector conservador, que cuenta con numerosos representantes de la APM― ha emitido dicha declaración con la intención de evitar que se publicara el comunicado de las asociaciones judiciales, conocedora de que venía gestándose desde hacía días. En el borrador, al que ha tenido acceso este periódico, las firmantes (que aún no constaban) expresaban igualmente su “desazón” ante el “silencio” del CGPJ, confiando en que estuviera “a la altura que las circunstancias exigen” y cumpliera “su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial”.Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que con este pronunciamiento oficial pretendían dar respuesta a las críticas realizadas en la última semana por miembros del Gobierno a las investigaciones judiciales sobre la exmilitante socialista, pero también contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga como supuesto líder en la sombra de una red dedicada a vender su influencia que habría facilitado el rescate a Plus Ultra por 53 millones de euros. De esas voces, la más firme fue la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que se está intentando “derribar al Gobierno con métodos no democráticos”. En la misma línea, las asociaciones firmantes han lamentado “la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado”, al estimar que de esta manera está ignorando “su deber legal de defender la independencia judicial”. La investigación judicial revela que los supuestos tejemanejes de Díez tuvieron como objetivo principal a fiscales anticorrupción. Otro juez, Arturo Zamarriego, desde los tribunales de Madrid, indaga en estos presuntos movimientos contra fiscales, y también guardias civiles, que habrían puesto en la diana a los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón, José Grinda e Ignacio Stampa.Estos dos últimos denunciaron ante sus respectivos superiores acercamientos de la trama, ofreciéndoles sobornos a cambio de información sensible de sus jefes y compañeros y de archivar causas. En el único pronunciamiento realizado hasta la fecha por la Fiscalía, hace un año el Consejo Fiscal ―controlado por AF y APIF― amparó por unanimidad a Grinda, después de que este lo solicitara, cuando se conoció el audio de una de las reuniones protagonizadas por Díez en busca de datos que poder usar contra los togados. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informan de que no se esperan más reacciones oficiales.Como contrapunto a lo que tachan de inacción, las asociaciones de jueces y fiscales han reivindicado en este comunicado conjunto que “el Poder Judicial actúa con plena independencia, y sometido únicamente al imperio de la ley”, rechazando “todo intento de deslegitimar su función” porque “constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”. “Reiteramos nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias”, han añadido. Además, han alertado de que “se mantendrán expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo, y adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo, en interés no solo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial, cuya tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada, y debe preservarse como postulado básico de su independencia”.