La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la política de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado, que ahora dirige Teresa Peramato, sustituye “los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad”.La AF ha dado este paso a raíz de la sentencia del Constitucional que respaldó la decisión de la ex fiscal general Dolores Delgado de nombrar a Eduardo Esteban como fiscal de Menores. El órgano de garantías acordó el pasado enero —con los votos en contra de cuatro magistrados del bloque conservador y la abstención del quinto magistrado de dicho sector— corregir al Tribunal Supremo y anular las dos sentencias por las que se revocó la designación de Esteban.En un comunicado difundido este lunes, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus sostiene que esta actuación del Constitucional respalda “un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía”, que permite que “la afinidad ideológica” puedan “prevalecer” sobre los principios de mérito y capacidad. Esto, a su juicio, “legitima” un sistema de designaciones en el que dicha afinidad ideológica, “cuidadosamente revestida de argumentación jurídica”, puede “imponerse” sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo.Para la asociación, la “doctrina” del Constitucional “trasciende el caso concreto” examinado y “afecta al conjunto del sistema institucional al debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de Derecho”.[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]