TribunalesDenuncian la vulneraci�n del art�culo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir la corte de garant�as "un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad t�cnica" prevalecen.C�ndido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.Actualizado Lunes,
mayo
11:02Audio generado con IALa Asociaci�n de Fiscales y el propio afectado, el fiscal de Sala Jos� Miguel de la Rosa, han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el fallo del Tribunal Constitucional que ampara los 'dedazos' en la c�pula fiscal, seg�n informan fuentes fiscales a EL MUNDO.El pasado mes de enero, el Constitucional revoc� dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores -frente a De la Rosa- dando v�a libre a que el fiscal general ignore los criterios de m�rito y capacidad cuando designe a los fiscales de la m�xima categor�a de la carrera fiscal. Aquella controvertida decisi�n cont� con duros votos particulares de los magistrados del sector conservador del TC.La Asociaci�n de Fiscales recalca ahora que la corte de garant�as ha obviado los principios de m�rito y capacidad con ese fallo y que, adem�s, err� al no haber anulado el auto de admisi�n del recurso de amparo del fiscal Esteban ya que en el mismo particip� el presidente del Constitucional, C�ndido Conde-Pumpido, quien despu�s se abstuvo de intervenir en el proceso judicial por haber sido jefe de ambos fiscales como fiscal general del Estado de Zapatero.Despu�s de que Conde-Pumpido decidiera abstenerse en el procedimiento, De la rosa pidi� que se anulara el auto de admisi�n del recurso de amparo pero el TC se neg� a hacerlo. Los recurrentes denuncian la vulneraci�n del art�culo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir la corte de garant�as "un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad t�cnica pueden resultar determinantes en la designaci�n de cargos en el �mbito de la justicia".El caso de Esteban fue especialmente paradigm�tico dentro de la Fiscal�a, ya que evidenci� la sesgada pol�tica de nombramientos llevada a cabo por Dolores Delgado como fiscal general del Estado, basada en afinidades personales y asociativas m�s que en m�ritos profesionales.En abril del a�o 2022, el Supremo anul� por primera vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores alegando tanto la falta de motivaci�n en la designaci�n como el abismo existente entre su curr�culum y el del otro aspirante a la plaza, el fiscal de Sala Jos� Miguel de la Rosa. Pese a ello, Delgado volvi� a nombrar a Eduardo Esteban para el cargo obviando que el Alto Tribunal hab�a sentenciado que se trataba de una plaza de especialista y que los curr�culos entre los dos aspirantes no eran parangonables; entre otras cuestiones, porque De la Rosa era ya fiscal de la m�xima categor�a cuando solicit� la citada plaza discrecional y contaba con una prolija trayectoria en materia de Menores. La Sala Tercera, en un hecho ins�lito en toda la historia de la Fiscal�a, anul� por segunda vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores.Sin embargo, el Constitucional -con la imposici�n de la mayor�a progresista- acab� dando la raz�n al fiscal Eduardo Esteban, en dos sentencias donde se�al� que "las plazas de fiscales de sala, esto es, de la categor�a primera de la carrera fiscal, est�n espec�ficamente insertas en la estructura org�nica de la Fiscal�a General del Estado, bajo la direcci�n inmediata del fiscal general". Este controvertido fallo, que puso en pie de guerra al Supremo, ser� previsiblemente revisado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociaci�n de Fiscales, ha se�alado que "hemos presentado esta demanda porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad m�xima en los nombramientos de la Fiscal�a, en el que la confianza y la afinidad ideol�gica pueden prevalecer sobre los principios de m�rito y capacidad".En este sentido, la Asociaci�n advierte de que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional, al debilitar las garant�as que deben regir el ejercicio del poder p�blico y comprometer la credibilidad de la Fiscal�a como instituci�n esencial del Estado de Derecho.
