El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.
El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.
Y una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.
