El impacto de los nuevos lineamientos ambientales decretados por el Gobierno en la Sabana de Bogotá: hay limitaciones urbanísticas y de transporte

Noticia Exclusivo suscriptores Aplica para 31 municipios y parte del Distrito Capital y se superpone jerárquicamente frente a los instrumentos de ordenamiento territorial.Sabana de Bogotá Foto: CAR Cundinamarca02.06.2026 05:10 Actualizado: 02.06.2026 05:10

El presidente Gustavo Petro ya le puso la firma al decreto 0545 de 2026, el cual establece por primera vez las directrices de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá. Tras varios años de trabas, discusiones y hasta procesos jurídicos que llegaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno Nacional decretó la medida, aplaudida por algunos y polémica para otros. LEA TAMBIÉN Según el Ministerio de Ambiente, el proyecto llevaba esperando su reglamentación por más de 30 años y ahora ofrece una ruta clara para 31 municipios sabaneros y el Distrito Capital sobre la forma en la que deberán disponer del territorio de ahora en adelante en materia de expansión urbana, construcción de vivienda, infraestructura y transmisión eléctrica.En primer lugar, es importante anotar que estas directrices se convierten en determinantes ambientales y normas de superior jerarquía frente a los instrumentos de ordenamiento territorial municipales y distritales. La normativa cobija a 31 municipios como Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid y Mosquera, y de forma parcial a algunos como Bogotá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá.Sabana de Bogotá Foto:Manuel Cortázar CortésEste apartado generó controversia, pues algunos sectores consideraron que tanto Bogotá como otros municipios pierden autonomía frente a las decisiones que quieran tomar con su suelo.“Este decreto le quita a Bogotá y a los municipios de la Sabana la posibilidad de decidir sobre su propio territorio. Los lineamientos ambientales pasan por encima de los POT, de la ley y de los ciudadanos”, señaló la concejal de Bogotá, Cristina Calderón Restrepo.El decreto, por ejemplo, prohíbe el sellamiento del suelo rural, es decir, cualquier intervención que implique la pérdida total o parcial sus funciones naturales debido a la cobertura permanente con materiales impermeables.Sabana de Bogotá. Foto:CortesíaEl sellamiento, según Ambiente, provoca que el suelo pierda sus propiedades, presentando procesos de degradación física y generando impactos negativos sobre el paisaje, la biodiversidad, la calidad y disponibilidad de agua y regulación climática.De hecho, el Ministerio aseguró que el 78,6 por ciento de la Sabana de Bogotá presenta algún nivel de afectación en su integridad ecológica como consecuencia de actividades humanas.Por esta razón, las únicas excepciones permitidas para intervenir estos suelos son las viviendas aisladas o dispersas asociadas a la actividad agropecuaria, las cuales deben mantener bajos índices de ocupación.Sabana de Bogotá Foto:CAR CundinamarcaEn ese sentido, se prioriza la ocupación en las zonas urbanas. Para que una transformación de suelo rural a urbano sea válida, las autoridades ambientales deben demostrar técnicamente que el suelo urbano existente es insuficiente, y con ello se podrá transformar, solo si el área está clasificada como de "funcionalidad ambiental baja".Igualmente, antes de expandirse y desarrollar proyectos de vivienda en áreas rurales, el decreto pide limitarse a zonas suburbanas o de vivienda campestre ya delimitadas en los POT vigentes.Esta misma condición debe cumplirse a la hora de abrir nuevos accesos viales en zonas rurales, pues la prioridad es aprovechar los corredores de infraestructura existentes.La Sabana de Bogotá almacena acuíferos con 77.000 millones de metros cúbicos de agua Foto:Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPOLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reaccionó de manera positiva a los lineamientos, destacando que el crecimiento urbano en la Sabana está fuera de control.“En muchos municipios, la Sabana ya creció lo que tenía que crecer. Tal como lo venimos diciendo hace dos años: crecer sí, pero no así. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional, pues complementa la decisión que tomó el Consejo Directivo de la CAR en días pasados, a través de la cual se establecen condiciones para que los municipios definan umbrales más restrictivos en las áreas urbanas, así como en zonas campestres”, señaló Alfred Ballesteros, director de la CAR.Según el Ministerio, el 61 por ciento de las áreas protegidas registra un estado de integridad ecológica ‘bajo’ o ‘muy bajo’, precisamente por ese crecimiento en la región. LEA TAMBIÉN Así las cosas, obliga a los municipios a diseñar corredores ecológicos intraurbanos, huertos regenerativos, sistemas urbanos de drenaje sostenible y a priorizar transportes eléctricos o férreos.No obstante, los nuevos proyectos de transporte y transmisión eléctrica en la Sabana deben evitar superponerse con bosques andinos, subxerofitia, Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA) o el corredor del tigrillo lanudo.Cuando esa superposición sea técnicamente inevitable, deberán priorizarse las soluciones de ingeniería de menor impacto ambiental.Sabana de Bogotá Foto:CAR CundinamarcaEl director de la CAR celebró esta medida, “porque tiene que primar la vida sobre los intereses de desarrolladores inmobiliarios en la Sabana de Bogotá”.Por otra parte, el Gobierno Nacional ordena a los municipios concebir la región como una unidad integral, por lo cual las Corporaciones Autónomas Regionales disponen de 24 meses para definir, adoptar e implementar la Estructura Ecológica Principal de la Sabana de Bogotá.Así mismo, ordena convocar una mesa de trabajo en un plazo de tres meses para estructurar una ruta de restauración, priorizando zonas como páramos, bosques andinos, rondas hídricas del río Bogotá y áreas con especies invasoras.Sabana de Bogotá Foto:CAR CundinamarcaEn términos de uso del agua, se debe formular en 24 meses el Plan de Manejo Ambiental de los Sistemas Acuíferos de la Sabana, y en 18 meses verificar si existen condiciones para declarar el agotamiento del río Bogotá en su tramo alto —entre su nacimiento y las compuertas de El Espino—, así como en las demás corrientes principales de la cuenca en un plazo de 24 meses.Esta medida es considerada urgente, pues el Ministerio afirmó que más del 50 por ciento del territorio en cuestión se encuentra bajo condiciones de alta presión por uso y vulnerabilidad del agua.Finalmente, los nuevos proyectos de abastecimiento que busquen captar agua de cuencas distintas a la del río Bogotá deberán acreditar previamente que no existe disponibilidad hídrica dentro de la cuenca, que la demanda resulta insuficiente y que el proyecto no genera afectaciones a los ecosistemas.Ampliación de la autopista Norte Foto:Ruta Bogotá NorteFrente a estas disposiciones, el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, rechazó las medidas y aseguró: “se puede construir y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Así lo hacen en otras partes del mundo ¿Por qué acá no?”.Este decreto, según el Ministerio de Ambiente, surtió todos los trámites de socialización, debate y discusión. Fueron cerca de 24.000 personas las que participaron en 169 espacios de diálogo y concertación liderados por la entidad en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH).También participaron entidades como la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de la región. LEA TAMBIÉN En esa vía, el gobierno definió el futuro del ordenamiento de la Sabana vía decreto, luego de que en 2023 comenzara a darle forma a estas directrices.Es importante anotar que el Acueducto de Bogotá impugnó alegando que el proyecto no se había concertado previamente en el CECH, organismo creado a partir de la Sentencia del río Bogotá del 2014 (que ordenó recuperar el cuerpo hídrico de la contaminación).Según la empresa, expedir el proyecto así desconocería esas órdenes y pondría en riesgo el cumplimiento de la sentencia y los servicios de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la Sabana. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que debían reiniciarse los trámites del proyecto de resolución sobre los lineamientos y que debía garantizarse la participación de las entidades y llegar a una concertación, decisión ratificada por el Consejo de Estado.NICOLÁS DÍAZ MALPICARedacción Bogotá Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.