Opinión
Editorial
EditorialNo es la primera vez que se recurre a estas tretas dilatorias y tal práctica debe cesar, por ser antiética.
Si a un juez le llega un caso en el cual posee afinidad, amistad o algún tipo de relación próxima con alguna de las partes, ya sea querellante o querellado, lo más elemental, lógico y decente es que se inhiba de entrar a conocer el proceso, debido a la existencia de un conflicto de interés. Por eso resulta sumamente cuestionable, desde el punto de vista ético e incluso legal, que la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Julia Marisol Rivera Aguilar sea la ponente de uno de los fallos que podrían revocar los amparos provisionales que suspenden la elección de Walter Mazariegos para un segundo período como rector en la Universidad de San Carlos, toda vez que fue él quien la apoyó para ese cargo y que fue el Consejo Superior Universitario el ente que la eligió y el mismo que presentó la apelación.
La resolución sería por voto dividido: con tres a favor, de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, quien, en aras de la objetividad en la aplicación de la justicia, debió excusarse y dejar que otro magistrado suplente, no de la Usac, redactara la ponencia y participara en la decisión. El conflicto de intereses es tan obvio porque fácilmente podría inferirse que tal ponencia no habría sido tan predecible en contra de los amparos que bloquean, aún, la toma de posesión de Mazariegos y ordenaron la repetición del cuestionado proceso, plagado de exclusiones.
