Colombia afronta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales envuelta en uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años. La campaña que se abre tras la primera vuelta, celebrada este domingo, enfrenta a dos proyectos antagónicos, el del ultraderechista Abelardo de la Espriella y del izquierdista Iván Cepeda, y amenaza con profundizar la fractura que atraviesa a la sociedad colombiana. La polarización no es una novedad en el país, pero sí lo es que sea el presidente saliente quien la aumente con acusaciones sin pruebas y fomentando el deterioro de algunos consensos básicos que hasta ahora habían servido como anclaje institucional.Uno de esos consensos era la confianza en el sistema electoral. Durante años, Colombia había logrado construir una reputación de eficiencia y transparencia en la divulgación de resultados. La rapidez del recuento preliminar y la claridad de los procedimientos habían permitido que vencedores y derrotados aceptaran los resultados sin mayores cuestionamientos. Ese logro, que pertenece a todos los colombianos y no a un gobierno o a una fuerza política determinada, ha quedado innecesariamente expuesto a la sospecha, y además, desde la propia jefatura del Estado.Las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el conteo provisional, hasta ahora sin pruebas que las respalden, erosionan esa confianza. No se trata únicamente de una controversia electoral. Cuando el presidente en persona pone en duda el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar el voto, el daño trasciende la coyuntura y alcanza a la propia legitimidad democrática. Desde hace meses, Petro venía insinuando escenarios de fraude o manipulación electoral. La desconfianza sembrada durante la campaña encuentra ahora continuidad en la reacción frente a unos resultados que no le son favorables a su candidato.Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda, heredero de Petro, optó la noche electoral por mantener esas dudas en lugar de contribuir a despejarlas. No obstante, horas después aseguró que no hay irregularidades suficientes para poder hablar de fraude. Quien aspira a gobernar una democracia debe entender que la defensa de las instituciones es una responsabilidad superior al interés partidista. La discrepancia es legítima; la sospecha sin pruebas, no lo es.Sería un error concentrar toda la preocupación en un solo lado. El vencedor de la primera vuelta, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, tampoco ha contribuido a rebajar la tensión. Algunos de sus mensajes y declaraciones han alimentado una lógica de confrontación que presenta la elección como una batalla existencial entre patriotas y enemigos, entre salvadores y amenazas, el bien y el mal. Ese lenguaje empobrece la democracia, recuerda a tiempos siniestros y dificulta la convivencia posterior, gane quien gane. Existe además una inquietud adicional en el caso de De la Espriella, pues ha expresado posiciones hostiles contra sus adversarios, misóginas, homófobas y clasistas. Las próximas semanas exigirán responsabilidad a los candidatos, a los partidos y también a la ciudadanía. Colombia necesita una campaña intensa, pero no incendiaria; apasionada, pero no fanática. Sobre todo, necesita dirigentes capaces de reconocer que la legitimidad democrática descansa en reglas compartidas y en saber diferenciar adversarios de enemigos. El país ya tiene suficientes problemas como para añadir a ellos una crisis de confianza en sus instituciones. La moderación no es una renuncia a las convicciones. Hoy es una necesidad democrática.