La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa generando debates sobre la actuación de las instituciones públicas. En ese contexto, el especialista en criminología y docente de la Universidad Blas Pascal, Jorge Jofré, analizó el caso y advirtió que, más allá de las herramientas legales existentes, existen falencias estructurales vinculadas a la prevención, la articulación comunitaria y la comunicación pública durante situaciones críticas.
En diálogo con Punto a Punto Radio, Jofré destacó que tanto la normativa nacional como la provincial establecen mecanismos de actuación inmediata ante la desaparición de personas. Mencionó el decreto nacional que regula la Alerta Sofía y la Ley Provincial 10.654, que obliga a los organismos públicos a intervenir sin demoras. “Hay normas que han permitido construir un esqueleto en la actuación de los órganos públicos”, explicó.
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Sin embargo, consideró que el caso Agostina expuso los límites de ese esquema cuando no existe una red de contención previa. “La ley tiene un límite cuando la ley no tiene red. Falta una red organizada que aparezca mucho antes del expediente”, sostuvo. Según explicó, "la comunidad necesita mecanismos de prevención y protección que actúen antes de que intervengan la Policía, la Justicia o el Ministerio Público”.














