Son los Estados quienes tienen la responsabilidad principal no solo de mantener a la OMS con vida, sino de inyectarle vigor y dinamismo
Frente a la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra se erige una estatua que conmemora el mayor logro de la organización en sus casi ochenta años de historia: la erradicación de la viruela, declarada oficialmente en 1980. A escasa distancia asoma otro símbolo que recuerda un episodio menos glorioso: las oficinas de ONUSIDA, un programa de Naciones Unidas creado en los años noventa en medio de fuertes tensiones políticas y rivalidades personales en el seno de la OMS, que quedó relegada a un papel sorprendentemente marginal en la lucha contra el VIH/sida.
La trayectoria de la OMS ha discurrido entre éxitos y fracasos. Los segundos no han sido necesariamente más numerosos, pero sí más sonados. La organización rara vez recibe reconocimiento público por su promoción de medidas preventivas o estándares técnicos. Ni siquiera por sus decisivas contribuciones a la contención de emergencias sanitarias como el brote de hantavirus en el MV Hondius. Sin embargo, las flaquezas en su gestión —visibles durante la pandemia de la covid-19— son foco de gran escrutinio mediático y social. Lo mismo sucede cuando sus recomendaciones o alertas consiguen evitar males mayores y, por ese motivo, terminan pareciendo excesivas con el paso del tiempo.
