Este lunes arrancan los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), un autentico martirio emocional para más de 300.000 jóvenes y sus familias pendientes de la milésima para entrar en el grado deseado tras dos años de hincar mucho los codos. Y el suplicio aumenta cada año, a medida que se encarecen las puntuaciones. En una década (de 2016 a 2025) la nota de admisión ―la calificación final con la que un aspirante compite para entrar en la carrera, suma de la nota de Bachillerato y los exámenes de materias generales y específicas (cuatro puntos más en juego)― ha subido casi punto y medio: del 8,67 al 10,14 sobre 14. De forma que los nuevos universitarios que entran con la máxima puntuación (de 12 a 14) han pasado de representar el 8% en 2015 al 21% una década después. De hecho, el 95% de los inscritos en Medicina está en esa franja, el 68% en Matemáticas, el 56% en Veterinaria o el 42% en Enfermería.No se observa una brecha enorme entre comunidades. Se queda algo descolgada Islas Baleares con un 8,89 de media de admisión, y el resto se mueve desde el 9,46 de La Rioja al 10,54 de Navarra, 10,51 en el País Vasco y 10,5 en Madrid.El alumno que no entra en el grado deseado y puede permitirse pagar o endeudarse, se inscribe en un centro privado (de 8.000 a 23.000 euros anuales). Es posible que la demanda en la pública comience a bajar el próximo curso, porque en 2008 empezaron a nacer menos niños en España y las cohortes con edad potencial de ingresar en la universidad van a menguar. Pero también han ingresado en las aulas preuniversitarias muchos niños inmigrantes, que pueden cambiar la dinámica. Aunque la proporción de este colectivo que llega a la Universidad es mucho menor que la de los alumnos nacidos en España.¿Y qué explica este aumento de la nota que desencadena depresiones y ataques de ansiedad a miles de jóvenes deseosos de entrar en la carrera de sus sueños? “En estos 10 años se han visto dos efectos en el aumento de la nota. Por un lado, el poner un modelo de PAU diferente en el 2016/2017 [sobre 14, con exámenes voluntarios], la EBAU, y a partir del 2019-2020 las adaptaciones por la pandemia”, explica Conchi López, presidenta de la sectorial de Docencia de la conferencia de rectores (CRUE). Al no haber clases presenciales durante la covid, se facilitó que los alumnos aprobasen el Bachillerato ―aumentando, por tanto, el número de inscritos en la PAU― y en los exámenes podían elegir entre más opciones de pregunta. “Desde el curso pasado se está corrigiendo, al reducirse la optatividad, pero no se han desplomado las notas. Ha sido un ligero ajuste”, prosigue la rectora de la Universidad de Cantabria.“Además de la evolución en el modelo de examen, a veces aparecen titulaciones que tienen mucha demanda y eso dispara muchísimo la competitividad. Los estudiantes se preparan muchísimo las pruebas”, añade López.Otro dato incuestionable es la epidemia de sobresalientes en Bachillerato. Ante una competencia cada vez mayor por los grados más demandados, los colegios privados comenzaron en 2017 (con el cambio al modelo a una puntuación sobre 14) a hinchar las notas para asegurarse que sus alumnos entraban (el 60% de la nota depende del expediente del centro). A la escalada se sumaron los concertados y, por último, y a cierta distancia, los públicos, cuando sus profesores se cansaron de ver que muchos alumnos brillantes se quedaban fuera.Pero, por suerte, esta injusta inflación de dieces ―castiga a quien verdaderamente lo merece― empieza a amainar. El 13,3% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la PAU terminó el Bachillerato con una media de sobresaliente (entre el 9 y el 10) en 2015, frente a un 20,6% en 2024. Alcanzó, incluso, el 25,5% en 2021.Esta bajada en los sobresalientes en Bachillerato no es suficiente para que se desplome la admisión. Esta se calcula en base a la nota del centro (60% del total) y los exámenes genéricos de la PAU (40% ) sobre 10. Además, quien quiere entrar en una carrera con una nota muy alta, se presenta a las materias optativas que permiten puntuar sobre 14. “Es una emergencia nacional”, espetó un periodista a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades hace unas semanas tras un acto. Y Diana Morant confirmó pesarosa con la cabeza. “Estamos en récord histórico de alumnos, 1,8 millones [entre grado, máster y doctorado] y en un momento clave. Porque o reforzamos el sistema público de universidades o corremos el riesgo de que el contrato social se rompa”, reconoció Morant en un discurso posterior.El pasado curso ingresaron en primero de carrera 11.318 universitarios menos que una década antes (-4%) en la red pública, pese a haber 32.081 inscritos más en el cómputo total. En paralelo, el alumnado crecía en 43.399 personas en las privadas (+44,2%), que no paran de abrir centros enfocados en carreras de gran demanda. Unos y otros campus hacen ensayo y error en busca de la titulación que triunfe. En la última década, las titulaciones han crecido un 9,9% en la red pública y un 61,3% en las privadas. La gran brecha se observa en los másteres, etapa en la que las privadas inscriben a más alumnos que en la pública.“No tenemos suficientes plazas públicas y ojalá las hubiera”, añadió la ministra. “Un gran porcentaje de nuestra población tiene que recurrir a un préstamo familiar para poder pagar la carrera de sus hijos. En la última década, las plazas ofertadas en la universidad pública han subido un 2% y un 100% en la privada”. Los préstamos para estudiar se han multiplicado por cuatro en ese tiempo, hasta suponer el 13,8%, según la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).César González, secretario ejecutivo de la coordinadora de asociaciones de estudiantes de la red pública CREUP, coincide con Morant: “La subida de la demanda de plazas no se corresponde con un aumento de plazas y esto conlleva una subida de las notas de corte y el ascenso de la universidad privada”. Los gobiernos autonómicos anuncian nuevos grados, como Inteligencia Artificial o Ciberseguridad, y amplían plazas de Matemáticas o Ciencias Físicas, pero no en la proporción que reclama el mercado laboral y, por ende, las familias. Miles de aspirantes se quedan fuera cada año y el ascensor social se tambalea. La partida nominal (sin restar la inflación) de los campus públicos de antes de la crisis de 2012 no se recuperó hasta 2021. Mayoritariamente las universidades cuentan con más fondos, pero se dedican a terminar con la precariedad de las plantilla (49% de media temporal), mejorar las instalaciones y, sobre todo, cada vez en más comunidades a condonar las matrículas de los buenos estudiantes no becados. Con estos mimbres, los centros públicos se ven incapaces de ofertar suficientes plazas en las carreras con mucha demanda ―necesitarían más espacios y profesores―, cuando el alumnado universitario no ha parado de crecer. La Universidad pública deja a miles de alumnos fuera de grados muy demandados y de los que el mercado reclama más personal cualificado; pero también pierde alumnado en comunidades que se están desangrando demográficamente ―de ahí que opten por bonificar a los buenos estudiantes, para que no emigren a universidades de otras regiones― o en títulos con poco tirón pese a su buena empleabilidad, como Geomática (los antiguos topógrafos) o los grados relacionados con la agricultura. Y existen otros títulos sin muchos alumnos pero que convierten a la Universidad en la cuna del conocimiento, como muchas carreras de humanidades. “Hay una responsabilidad de la Universidad pública de conservar los grados. A lo mejor a corto plazo no tienen mucha demanda, pero son esenciales”, razona la rectora de Cantabria. “Recuerdo cuando la gente decía que teníamos que cerrar Matemáticas, que no tenía apenas gente. ¿Qué hubiese pasado? Porque ahora está en la cresta de la ola. Las privadas, lógicamente, no tienen que hacer esa salvaguarda".Existe, en definitiva, en la red pública una sobreoferta de títulos nuevos que nacieron al albur del plan Bolonia (2007) ―desde entonces cada universidad puede diseñar el grado que quiera sin ajustarse a un catálogo estatal― que no han cuajado y, a su vez, títulos de enorme necesidad de los que se ofrecen un número de plazas muy rácano. La desproporción mayor se da en Matemáticas y Ciencias Físicas de la Complutense: 800 aspirantes para 25 plazas. Este curso el último alumno entró con un 13,68 sobre 14. La Complutense, que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid un crédito de 34,5 millones, no se plantea abrir más plazas, mientras las privadas corren para hacerlo. En Madrid ya hay más alumnos en primero de Medicina en la privada y pronto serán mayoría, porque las facultades públicas inscriben a 400 alumnos menos que hace una década, frente a los 1.200 más en la privada y subiendo. Y es que, a falta de financiación, las excelentes facultades públicas ―que posicionan siempre a un altísimo porcentaje de sus alumnos entre los mejores del MIR― reducen plazas para que la calidad no se resienta. Los ministerios de Sanidad y Universidades acordaron en 2023 financiar 700 plazas extra, aunque las competencias están transferidas, para frenar la sangría.La capital es el espejo en el que se mira el resto de España. Previsiblemente, este 2026 las universidades privadas (49) superarán en número a las públicas (50), porque hay tres proyectos en capilla en Madrid y otro en Extremadura. Y, de facto, el avance de la privada en número de plazas será indiscutible.La grieta en la nota de admisión se ha ampliado de forma muy proporcional en las cinco áreas de conocimiento: de los 1,19 puntos en Ciencias de la Salud a los 1,53 en Ciencias Sociales. A la cabeza siguen las carreras sanitarias (11,35 sobre 14 el pasado curso), seguidas por ciencias (11,06), las ingenierías (10,08) y cerrando las ciencias sociales (9,68) y las humanidades (9,6). Entrar en Medicina y las carreras en su órbita (Biomedicina, Genética, Neurociencia...) es casi un imposible, pero también Enfermería o Psicología son tremendamente exigentes. En ciencias tiran de la media hacia arriba los grados de Matemáticas, Ciencias Físicas ―a los que se accedía con un cinco hace 25 años― o el reciente Ciencias de Datos. Y las ingenierías viven un repunte tras pasar un bache paralelo a la bajada en los salarios de estos profesionales. Criminología, Relaciones Internacionales, Educación y los dobles grados engordan las notas del área social.Ante este escenario de escasez, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que es financiada por el ministerio de Morant, va a lanzar 20.380 plazas nuevas entre el curso que viene y 2029: un 47% más de grado y 42% de máster. Pero esta medida no es suficiente ni una solución para muchos jóvenes de 18 años, que necesitan vivir una experiencia universitaria plena. Tutores de la UNED imparten clases in situ en muchas ciudades, pero no es lo mismo.La UNED va a abrir plazas “de alta demanda y de elevado valor estratégico”, pero hay que andar con pies de plomo. “Hay desajustes de sobrecualificación. Es decir, no por aumentar infinitamente la oferta de talento vamos a poder hacer que la demanda responda. Hay que buscar el equilibrio y ello requiere más colaboración entre universidad y empresa”, opinó en marzo Pablo Claver, director general de Russell Reynolds Associates, en la presentación del anuario de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Es decir, no tiene sentido abrir más facultades o plazas de una carrera si luego no hay empleo, solo para cumplir los deseos de los jóvenes. Se gradúan, por ejemplo, casi 10.000 jóvenes en Psicología cada curso y 2.600 criminólogos que el mercado laboral no absorbe.El secretario ejecutivo de CREUP, que está terminando el grado en Gestión y Administración Pública en la Complutense, echa en falta “un mapa de titulaciones que nunca se ha hecho para ver las verdaderas necesidades”. A su juicio, primero cada autonomía debería hacer una cartografía y después una común nacional. Y remarca: “Hay que dar la oportunidad a la gente de estudiar en una universidad pública de su ciudad, porque acceder a una vivienda a un precio razonable es imposible”.Las empresas consideran que los grados, especialmente en la red pública, tardan en ponerse en marcha y se llega tarde. La rectora López lo reconoce. “La toma de decisiones en las universidades públicas, por temas de gobernanza, es mucho más democrática y asamblearia”. Pero López añade: “Creo que el problema de las universidades públicas es más de financiación que de falta de rapidez. Necesitan que la comunidad autónoma les den recursos y hay mucha diferencia entre unas y otras. Están limitadas en algunos sitios para poner más plazas o abrir grados”. Este septiembre en la Universidad de Cantabria incluyen en el catálogo la carrera de Inteligencia de Negocios y otra en Analítica de Datos y Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, pero la rectora se sabe dichosa, pues están “bien” de financiación. Muchas públicas no lo pueden decir lo mismo.