Hay una frase que se repite muy a menudo cada vez que la Universidad Pública vuelve a las calles, y conviene desarmarla: que se trata de un reclamo sectorial, una pulseada corporativa por partidas presupuestarias. Es lo que quieren instalar las voces oficiales y también las “para-oficiales” que actúan desde ciertos medios de comunicación. Sin embargo, lo que está en discusión es más concreto: si la Argentina va a seguir sosteniendo como derecho la posibilidad de que un pibe de cualquier barrio del país pueda estudiar, formarse y proyectar una vida que no sea la del trabajo precario indefinido. Los números del ajuste son conocidos pero merecen volver a leerse. En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado a universidades cayó 11.5% real respecto del año anterior y 37,9% en comparación con 2023 (IEC-Conadu). Detrás de cada punto porcentual hay aulas sostenidas a fuerza de voluntarismo, docentes, equipos de investigación que pierden continuidad, becas que se evaporan, estudiantes que dudan si podrán seguir cursando. El ajuste es una decisión política sobre qué trayectorias se interrumpen y qué horizontes se cierran. Esa decisión se toma sobre una generación que ya carga con las consecuencias del modelo económico. Los datos del Monitor de Juventudes elaborado por la Fundación SES y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) permiten dimensionarlo. La desocupación entre jóvenes de 18 a 24 años trepa al 20%, cuatro veces más alta que la de la población adulta. Pero el dato más elocuente es otro: entre quienes consiguen trabajo en ese tramo, el 65% lo hace en la informalidad, más del doble que la media de los adultos.