Hay riesgos que se ven. Y hay otros que, precisamente por invisibles, resultan aún más peligrosos. El radón pertenece a esta segunda categoría: un gas que no huele, no se percibe, no genera alarma inmediata… pero que mata. En España, más de 1.500 personas al año. Una cifra equiparable a la siniestralidad vial. Y, sin embargo, permanece fuera del debate público.PublicidadNo es casualidad. Es el resultado de una combinación conocida: falta de información, insuficiente acción institucional y ausencia de una política preventiva a la altura del problema. En un contexto en el que nuestro sistema público de salud sufre un deterioro progresivo, invisibilizar riesgos laborales y ambientales no es una omisión menor; es una irresponsabilidad.El radón es la principal fuente de radiación ionizante a la que está expuesta la población. Está reconocido como agente cancerígeno y, según la Organización Mundial de la Salud, entre un 3% y un 14% de los cánceres de pulmón están relacionados con su exposición en entornos residenciales. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿cuántos de esos casos tienen su origen en el trabajo? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se mide, no se registra y, en demasiadas ocasiones, no se quiere saber.Estamos ante un gas que se genera de forma natural por la desintegración del uranio presente en suelos y rocas. Se filtra a través de grietas, se acumula en espacios cerrados y alcanza concentraciones peligrosas en sótanos, túneles, aparcamientos subterráneos o instalaciones bajo rasante. También en edificios antiguos o mal ventilados. Es decir, en muchos centros de trabajo reales.Y, pese a ello, la respuesta institucional ha sido tardía e insuficiente. Mientras países de nuestro entorno llevan más de una década desarrollando planes específicos, en España el Plan Nacional del Radón no se aprueba hasta 2024. Y lo hace, además, con una carencia difícil de justificar: la exclusión de los interlocutores sociales en su diseño y desarrollo. Sin sindicatos no hay prevención eficaz. Sin participación de quienes representan a las personas trabajadoras, cualquier estrategia nace limitada.PublicidadDesde UGT llevamos años advirtiéndolo. En 2019 ya elaboramos una guía para visibilizar este riesgo y trasladar herramientas de protección. Pero la acción sindical no puede sustituir la obligación de los poderes públicos. Informar, medir, prevenir y actuar no es opcional. Es una responsabilidad.Y lo más grave es que estamos ante un problema abordable. Medir la presencia de radón es sencillo y barato. Por alrededor de 40 euros puede instalarse un dispositivo de detección en un centro de trabajo o en una vivienda. No hablamos de grandes inversiones, sino de voluntad política y empresarial. De priorizar la salud frente a la inercia.Los datos disponibles ya apuntan a zonas de mayor riesgo —Galicia, oeste de Castilla y León, norte de Extremadura y áreas concretas de Madrid, Cataluña o Andalucía—, pero siguen siendo insuficientes. España necesita un mapa exhaustivo, actualizado y accesible. Necesita campañas informativas dirigidas a la población y, de forma específica, a las personas trabajadoras. Y necesita, sobre todo, integrar este riesgo en las políticas de prevención laboral.PublicidadPorque aquí está la clave: el radón no es solo un problema ambiental, es un problema laboral. Y como tal debe tratarse. Eso implica reconocer las patologías derivadas de su exposición como enfermedades profesionales, establecer registros rigurosos y activar mecanismos de protección en las empresas.Lo contrario —mirar hacia otro lado— tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son abstractas: son diagnósticos tardíos, enfermedades evitables y vidas truncadas.El sindicalismo no puede limitarse a hablar de salarios o empleo —aunque también—. Debe poner en el centro la salud de quienes trabajan. Porque no hay trabajo digno sin entornos seguros. Porque no hay crecimiento que justifique el riesgo evitable. Y porque la prevención no puede seguir siendo el eslabón débil de nuestro modelo productivo.El radón es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando falla el sistema: un riesgo conocido, una solución disponible y una inacción injustificable. Ante el cáncer no hay margen para la demora. Y ante la desidia, solo cabe una respuesta: más exigencia, más control y más derechos.Porque proteger la salud no es una opción, es un derecho. Y lo invisible también mata.