El reciente avance de la reforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast en el Congreso ha operado como un ácido reactivo para la política chilena. No sólo unificó a una oposición fragmentada, sino que propició un debate sobre los horizontes del progresismo y las izquierdas. Ante la radicalidad de una ofensiva que profundiza la transferencia de recursos hacia los más ricos asumiendo un posterior “chorreo”, figuras del mundo intelectual han vuelto a invocar un puerto que creían seguro: la socialdemocracia.La apelación a este ideario revela una pugna que el progresismo local aún no termina de procesar; un síntoma saludable de revitalización expresado en diversas posiciones. José Joaquín Brunner, por ejemplo, defiende la vigencia de la “tercera vía”, concibiendo la socialdemocracia como un capitalismo de bienestar donde la justicia social queda supeditada al crecimiento y a una gestión técnica neutral. Por su parte, desde una lectura más estructural, Alfredo Joignant apuesta por una socialdemocracia de derechos centrada en la desmercantilización, manteniendo una baja intervención estatal en la producción. Eugenio Tironi, en cambio, sostiene una visión pragmática: entiende la socialdemocracia como una gestión del orden y la estabilidad para una sociedad de clases medias que valora la propiedad y la paz social, al tiempo que reconoce desafíos mayores al estrecho margen programático que nos propone Kast.El llamado a retomar esta senda suele omitir una pregunta incómoda: ¿De qué socialdemocracia estamos hablando? Su derrotero no es lineal, sino una historia de éxitos y fracasos respecto a su ideario original.Su etapa germinal está marcada por el Programa de Gotha, en el que se unifican la herencia marxista y la acción legalista del movimiento obrero, decantando en una ruptura estratégica con los bolcheviques tras la Revolución rusa. Posteriormente, la socialdemocracia renunció a la vía insurreccional y abrazó el reformismo mediante la democracia parlamentaria. Tras la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Estado de Bienestar como un pacto de colaboración de clases, cuyas expresiones paradigmáticas fueron el New Deal estadounidense y el consenso europeo de posguerra. En ese marco, el capital aceptó una amplia intervención estatal y la garantía de derechos universales, mientras la clase trabajadora transigió ante la producción capitalista y se institucionalizó democráticamente en el Estado.En los años 90 la “tercera vía” cambió radicalmente el libreto. Tras el agotamiento del capitalismo industrial, la crisis del petróleo y la estanflación, el pacto de bienestar fue asediado por la ofensiva neoliberal de Reagan y Thatcher, que impuso la desregulación como nueva doctrina global. Bajo la premisa de modernización, y como forma de adaptarse a ese escenario de hegemonía ortodoxa, líderes como Clinton, Blair o Schröder anunciaron una nueva era de prosperidad en la que “lo mejor” del libre mercado y de la socialdemocracia se unirían para impulsar crecimiento y bienestar.La menor intervención estatal y la mercantilización de los servicios públicos debilitaron las instituciones de seguridad social y los vínculos comunitarios, trasladando los riesgos colectivos hacia el individuo. Este proceso provocó una crisis de cohesión que hoy la extrema derecha llena con autoritarismo y repliegue nacionalista. En ese sentido, su ascenso global no es una anomalía histórica; es el resultado gradual —no mecánico, pero sí identificable— del agotamiento de la tercera vía para cumplir sus promesas de bienestar. Frente a este vacío, una nueva ola socialdemócrata intenta responder con un giro estratégico que recupere la soberanía perdida ante el capital financiero y los oligarcas tecnológicos, y reconstruya certezas frente a incertidumbres globales.Chile no ha sido ajeno a estos debates. La discusión intelectual se centra en las reformas de la Nueva Mayoría y, más recientemente, en el ímpetu refundacional del Gobierno de Gabriel Boric para explicar una década de estancamiento, la derrota constitucional y el triunfo de Kast. Sin embargo, poco se habla de las limitaciones estructurales del proyecto concertacionista, cuya referencia socialdemócrata fue la tercera vía. Es necesario matizar que allí terminó imponiéndose esa visión sobre la renovación socialista más afín al ideario de bienestar, marcando una distinción crítica entre lo que fue una necesaria reconciliación con la democracia y el posterior acomodo al capitalismo. Si bien fueron eficaces en reducir la pobreza y consolidar infraestructura habilitante, apostaron a una modernización vía mercado que cristalizó nuevas desigualdades y desechó posibilidades de complejizar nuestra matriz primario exportadora; un factor que, tras la crisis financiera de 2008, abrió un escenario que pavimentó el arribo de la derecha al poder.Sin duda, explicar las recientes derrotas electorales exige una crítica profunda que trascienda la coyuntura. Sin embargo, la regresividad de la extrema derecha —anclada en recetas de corto alcance y una mirada provinciana de la prosperidad— nos obliga a volcar nuestras energías en perfilar un proyecto de desarrollo a la altura de las actuales encrucijadas: el estancamiento productivo, la automatización del trabajo, la crisis climática y la desintegración del tejido social. Necesitamos un Estado que lidere la complejización de nuestra estructura económica mediante exigencias de reciprocidad: vinculando incentivos tributarios a inversión estratégica, innovación y creación de empleo formal, para transitar desde una base extractivista hacia una economía de servicios calificados e industria 4.0. Casos como Corea del Sur o Noruega demuestran que estas transiciones no son azarosas, sino fruto de capacidades estatales para orientar la innovación. No se trata de copiar modelos autoritarios o profundizar la dependencia a recursos naturales, sino de una reforma institucional sustantiva para recuperar la iniciativa pública en la creación de valor. En definitiva, producir mejor para redistribuir, garantizar derechos y profundizar la democracia.Como oposición, estamos implicados en esta tarea. Es precisamente en nuestra pluralidad donde reside la capacidad de construir una alternativa distinta a la de 1945 o 1990. Si el proyecto termina llamándose socialismo, socialdemocracia o progresismo, es algo que veremos en el camino. Antes de la etiqueta, preguntémonos: ¿socialdemocracia para qué? Si es para gestionar con rostro humano la crisis heredada, la respuesta es nada. Pero si el objetivo es recuperar el control democrático sobre la base material de la nación y consagrar el imperativo de un nuevo pacto social, este debate nos habrá ayudado a pavimentar el camino hacia una alternativa de futuro.