La Comisión Europea aclara que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif en la red ferroviaria tras los accidentes de este año no son excusa para rechazar el pago de indemnizaciones a los pasajeros afectados por los retrasos. Reprueba de esta manera a Renfe e Iryo, los dos operadores que dejaron de compensar a sus clientes alegando que las demoras de sus trenes fueron responsabilidad del gestor de la infraestructura. "La actuación del administrador de infraestructuras no eximirá a la empresa ferroviaria del pago de una indemnización por retrasos", señala el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, el griego Apostolos Tzitzikostas, en respuesta a una pregunta del Partido Popular Europeo (PPE). El documento, consultado por El Confidencial, clarifica que "en general, se considera que tales acciones no son ajenas a la explotación ferroviaria". Tras los mortales accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) producidos el pasado enero, los maquinistas alertaron del mal estado de la red, principalmente en las vías del AVE que conectan Madrid y Cataluña. Por motivos de seguridad, Adif reforzó la inspección y el mantenimiento, y se vio obligado a aplicar restricciones de velocidad temporales o permanentes en un millar de tramos, que mantiene a día de hoy en algunos casos. Esta situación originó problemas en multitud de trayectos. Como publicaba este medio, las semanas posteriores a los accidentes, esta decisión afectó al 78% del tráfico total de alta velocidad en España, lo que ocasionó en buena parte de los casos retrasos superiores a los 60 minutos que la legislación vigente establece como tiempo mínimo para exigir una indemnización. Pero Renfe e Iryo se apresuraron a fijar en sus respectivas páginas web un aviso en el que advertían de que no iban a reembolsar ningún importe de los billetes, argumentando que las demoras se debían a causas de fuerza mayor. "La actuación del administrador de infraestructuras no eximirá a la empresa ferroviaria del pago de una indemnización" Bruselas explica ahora que, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/782, sí debían haberlas abonado. Concretamente, se apoya en el artículo 19 de la mencionada norma comunitaria, que en su apartado 10 recoge los supuestos en los que el operador ferroviario estaría eximido de pagar esa indemnización. Contempla fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales, crisis sanitarias, robo de cable, actos terroristas... pero no decisiones adoptadas por el gestor de la infraestructura. Para evitar hacer frente a las compensaciones, los operadores deberían haber reflejado la demora estimada al vender los asientos. "Si la hora de llegada prevista en el momento de la compra del billete ya integra el tiempo adicional necesario para llegar al destino final debido a los límites de velocidad impuestos por un administrador de infraestructuras, este tiempo adicional no corresponde a un retraso", matiza Tzitzikostas ante la pregunta realizada por los eurodiputados populares Borja Giménez Larraz, Dolors Montserrat, Elena Nevado y Juan Ignacio Zoido. Para evitar hacer frente a las compensaciones, los operadores deberían haber reflejado la demora estimada al vender los asientos a los viajeros Pese a que las restricciones de velocidad se prolongaron durante semanas en la mayor parte de la red, tanto Renfe como Iryo siguieron prometiendo los mismos tiempos de desplazamiento que antes de la crisis ferroviaria, sin adaptar los horarios a la nueva situación. Su política se basó en advertir a los usuarios, por medio de SMS y correo electrónico enviados en los días anteriores al viaje, de que podían sufrir retrasos. Publicaron también un mensaje genérico en sus páginas web. Un portavoz oficial de Renfe mantiene que su rechazo a las peticiones de los afectados "se ajusta a la normativa vigente, ya que el reglamento europeo que recoge los derechos y las obligaciones de los viajeros del ferrocarril reconoce exenciones para estas indemnizaciones en situaciones excepcionales cuando se prevean y comuniquen las demoras de manera anticipada". Iryo, por su parte, defiende que tiene un mensaje fijado en un apartado de su página web, considerando que es suficiente, pese a que esa advertencia no aparece durante el proceso de compra de billete. La Comisión Europea aclara que no solo sirve con advertir unos días antes del viaje, sino que únicamente se puede negar el derecho de los viajeros "si se les informa del retraso antes de comprar el billete". Las compañías se escudan en un mensaje genérico en su web, pero fuentes jurídicas apuntan que no es suficiente porque no era un aviso proactivo que figurase en el momento justo de la venta y tampoco se exponía el tiempo estimado. Estrategia de los operadores La estrategia de los operadores ferroviarios es similar a la que siguen algunas aerolíneas con el equipaje de mano. Les sale más a cuenta negar ese derecho que afrontar todas las devoluciones reclamadas administrativamente, ya que no son muchos los afectados dispuestos a acudir por su cuenta a los tribunales por un pago que en la mayoría de los casos no supera los 100 euros. Y si algún consumidor les gana en los tribunales, solo tienen que compensarle a él y no a todos los perjudicados. Organizaciones en defensa de los consumidores denunciaron esta situación desde el primer momento. "Las limitaciones de velocidad que ha implementado Adif [a causa del accidente en Adamuz] no se pueden considerar dentro de las excepciones que contempla la normativa europea y que eximirían a las compañías de entregar estas indemnizaciones", señalaba Facua en enero, en línea con lo que ahora manifiesta Bruselas. De todos modos, la Comisión deja la responsabilidad en el Gobierno español, que precisamente es quien controla Renfe. "Corresponde a los Estados miembros y, en particular, a sus organismos nacionales de ejecución seguir de cerca el cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/782 y tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los viajeros", señala el documento. Aunque advierte de que puede adoptar medidas ante la inacción de los entes nacionales.