El narcotráfico sigue siendo un gran desafío para el Gobierno en Colombia, no solo por su impacto en la seguridad, sino también en el desarrollo territorial y la legitimidad del Estado. Sin embargo, según los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales, aunque varias reconocen su importancia en la agenda nacional, ninguna aborda plenamente su magnitud ni la complejidad de diseñar una política efectiva frente a este fenómeno. El narcotráfico ocupa un lugar central dentro de los programas o discursos de la mayoría de las candidaturas. Pero sorprende que en cuatro de las 11 campañas este asunto tiene un lugar marginal, según la revisión de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a los planes de gobierno de las candidaturas que aparecerán en el tarjetón de la primera vuelta. Algunos se refieren al narcotráfico como una amenaza decisiva o, en menor medida, sugieren que replantear el enfoque tradicional de la política de drogas es una condición necesaria para impulsar transformaciones políticas, sociales y territoriales más amplias. Pero esa preocupación no siempre se traduce con la misma claridad en sus propuestas. Cinco de las campañas entienden el narcotráfico no solo como un problema de seguridad, sino también como una dinámica social asociada a la ausencia del Estado. Eso sí, hay que anotar que en algunos de esos planes el desarrollo territorial queda casi totalmente subordinado a la recuperación de la seguridad. Otras tres candidaturas, en cambio, lo abordan exclusivamente como un asunto de criminalidad y orden público.En general, los candidatos presentan una comprensión insuficiente frente a la complejidad y la evolución de este mercado ilegal en el país. No se evidencia que las campañas comprendan que, después de más de cinco décadas, el narcotráfico no solo implica la existencia de grupos criminales, sino la consolidación de un entramado económico, social y territorial profundamente arraigado en algunas regiones y en distintos niveles de la vida política, económica y social del país. En específico, la lectura de los planes de gobierno permitió identificar tres asuntos clave.En primer lugar, ninguna de las propuestas desarrolla de manera clara una estrategia integral para intervenir toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo y la producción hasta el procesamiento, las redes logísticas, el tráfico internacional, las finanzas criminales o las estructuras de gobernanza criminal. En la mayoría de los planes predominan las herramientas tradicionales de la política de drogas sin conexiones entre ellas: erradicación (en algunos casos mediante fumigación aérea), sustitución de cultivos, control territorial, incautaciones, especialmente de insumos y precursores químicos, y reducción de la financiación ilegal. En segundo lugar, en casi ningún caso las propuestas están asociadas a objetivos o metas estratégicas. Planteamientos como “hacer que la legalidad sea más rentable que el crimen” o “reorganizar la política pública rural” terminan siendo, en realidad, enunciados aspiracionales. Otras apuestas, como “controlar los precursores químicos” o “fumigar con bioherbicidas”, se presentan como programas o actividades que, por sí solas, no explican de qué manera contribuirían a reducir el narcotráfico.Aunque en algunos planes de gobierno aparecen metas como “fortaleceremos los controles de puertos y aeropuertos, enfocados en la­vado de activos y mercancía de alto valor”, “aumentar el control territorial” o “recuperar la inteligencia estratégica y el trabajo conjunto”, estos planteamientos no pasan de ser promesas. No desarrollan mecanismos, capacidades o rutas de implementación que permitan entender cómo se lograrían estos objetivos.En tercer lugar, muchas de las propuestas desconocen o subestiman las limitaciones reales de capacidad estatal y sostenibilidad fiscal que enfrenta hoy el país. Varias iniciativas implican aumentos significativos del pie de fuerza, expansión de capacidades operativas, fortalecimiento institucional, entre otros, sin claridad sobre los recursos económicos, administrativos y humanos necesarios para materializarlas. Además, los planes no parecen tener en cuenta los compromisos adquiridos previamente por el Estado en materia de política de drogas y desarrollo alternativo. Por un lado, está el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que casi 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz sigue sin completar su implementación. Por el otro, el Programa Renhacemos, que proyecta dejar vinculadas alrededor de 30.000 familias con procesos en marcha para erradicar cultivos de coca y establecer proyectos productivos. Estas conclusiones dejan ver cuatro limitaciones importantes. Primero, varias de las campañas reproducen uno de los problemas históricos de la política: convertir los resultados operativos en objetivos estratégicos. Segundo, se parte de la idea de que la gestión del gobierno en materia de drogas debe iniciar desde cero, sin tener en cuenta los avances y retos que deja el gobierno anterior. Otra de las limitaciones es asumir que con solo la voluntad política basta para transformar las condiciones territoriales e institucionales del país, sin incorporar una discusión seria sobre los recursos disponibles, las capacidades estatales, las secuencias de implementación, la priorización territorial o la sostenibilidad financiera de largo plazo. Y, finalmente, la concepción de que el éxito de la política de drogas depende, sobre todo, de reforzar las herramientas tradicionales con las que el país ha enfrentado este problema, sobre todo ante los nuevos desafíos que hoy representan las nuevas dinámicas de las economías ilícitas. En suma, las propuestas muestran que las campañas logran identificar elementos importantes para enfrentar el narcotráfico, pero no consiguen articularlos en planes coherentes con la magnitud del problema. Aunque existen diferencias de enfoque entre las candidaturas —unas más orientadas hacia la seguridad y otras hacia el desarrollo territorial—, esa distinción pierde fuerza porque, en casi ningún caso, queda claro cómo esperan lograr resultados sostenibles o, incluso, cuáles son concretamente los resultados que buscan alcanzar. En la práctica, si la acción del nuevo gobierno depende de las propuestas de los planes de gobierno de las candidaturas, estamos ante un alto riesgo de reproducir la lógica histórica en la política de drogas centrada más en metas aspiracionales y en la gestión de actividades que en impactos reales. Con este enfoque, incluso si algunas metas se cumplen —como la reducción de hectáreas cultivadas con coca—, las economías ilícitas y los grupos armados podrían seguir determinando la realidad de estos territorios.