Las negociaciones para lograr un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León avanzan tan lentamente que parecen estancadas. Transcurridos más de dos meses desde las elecciones los dos partidos han sido incapaces de conformar un organigrama de gobierno. “No se han repartido ni las consejerías”, aseguran fuentes de Vox.
En el partido de extrema derecha el mando lo lleva la actual secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, Montserrat Lluis, que fue dircom B en la pasada legislatura y que ha acumulado poder casi ilimitado en Bambú. Tanto es así que en las últimas reuniones no ha habido representación del grupo parlamentario y no trascienden apenas los términos de una negociación que se está alargando. Lo que sí precisan fuentes del partido de Abascal es que la “prioridad nacional” se aborda sin problemas, no es un escollo. No es de extrañar si se tiene en cuenta que en 2022 Alfonso Fernández Mañueco se tiró de cabeza a defender una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.
Con una negociación “medida a medida” y con compromiso de plazos, porque en la anterior legislatura los de Vox vieron cómo el PP jugaba con sus propuestas ralentizando, en el caso de las leyes su tramitación, o renunciando a medidas que se presentaban en rueda de prensa como las antiaborto que acabaron desapareciendo de la agenda. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.
