El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto que reforma los copagos farmacéuticos y fija nuevos topes de precios de los medicamentos según la renta de los pacientes. El Pleno ha dado luz verde a la medida impulsada por el Gobierno, que ya aprobó la norma hace dos semanas pero que todavía podía decaer sin la aprobación de los grupos. Finalmente, con 164 síes, 33 noes de Vox y 140 abstenciones del PP, ERC y Junts, la reforma del Ministerio de Sanidad queda definitivamente ratificada en medio del terremoto político provocado por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. El decreto ley de Sanidad establece, así, y por primera vez, topes máximos mensuales para las personas con ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, con el objetivo de "reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos". De este modo, con el nuevo sistema, quienes cobren menos de 9.000 euros al año no podrán gastar más de 8,23 euros al mes en medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, aunque mantengan el porcentaje habitual de copago del 40%. Las personas con ingresos de entre 9.000 y 17.999 euros tendrán un límite mensual de 18,52 euros, mientras que quienes perciban entre 18.000 y 34.999 euros no podrán superar los 61,75 euros al mes."Hoy damos un paso para que nuestro sistema sanitario siga siendo, no solo uno de los más avanzados del mundo, sino que además sea uno de los más justos desde el punto de vista social", ha destacado la titular de Sanidad, Mónica García, durante su intervención ante el hemiciclo. La ministra ha explicado que la norma tiene tres "patas" principales. En primer lugar, reforzar la equidad y progresividad del sistema, aumentando de tres a seis los tramos de renta para pacientes activos, estableciendo topes de gasto para quienes ganan menos de 35.000 euros al año, y añadiendo un tramo intermedio para jubilados. El segundo pilar mejora la protección de los pensionistas, pues, según ha asegurado, corrige la "anomalía" donde los complementos a mínimos de las pensiones llevaban a los mayores a perder la exención del copago farmacéutico. Y, por último, adapta el copago a la "realidad social y económica", con el objetivo de aliviar la carga económica de los medicamentos para las familias, evitando que tengan que priorizar gastos esenciales o elegir entre "llegar a fin de mes o pagar sus medicamentos"Los grupos reprochan falta de diálogoPese a su abstención, el Partido Popular ha cargado duramente contra la norma y ha convertido su intervención en una ofensiva directa contra la gestión del Ejecutivo. La diputada Elvira Velasco ha calificado el decreto de "chapuza" administrativa y ha denunciado una falta de coordinación entre Sanidad, Hacienda, el INSS y las comunidades autónomas. Según los populares, la medida no puede aplicarse de forma inmediata, lo que, advierten, generará problemas técnicos y reintegros posteriores. Velasco ha aprovechado el final de su intervención para recriminar a la ministra que forme parte de un Gobierno "sustentado por el PSOE", ahora mismo en el foco por las múltiples investigaciones al partido por corrupción. "No estamos hablando de ruido. Sostienen al régimen corrupto de Pedro Sánchez", ha zanjado. El PNV, por su parte, aunque se mantuvo más prudente y respaldó el objetivo social de la reforma del Ministerio de Sanidad, criticó la vía elegida por el Gobierno. Para los nacionalistas vascos es cuestionable impulsar esta reforma mediante real decreto, que únicamente necesita ser convalidado en la Cámara Baja sin necesidad de someterse a un trámite parlamentario con las modificaciones correspondientes de cada grupo político. También ERC ha reprochado falta de diálogo de la ministra, a quien han afeado que haya "cocinado y cerrado de forma unilateral" el texto. "Gobernar significa hablar antes de hacer los textos", ha defendido Etna Estrems. Vox —el único partido que ha votado en contra— centró su intervención en criticar tanto el contenido como la forma del decreto del Gobierno sobre copagos farmacéuticos. El partido también denunció el uso del real decreto-ley "sin debate ni consulta pública" y cuestionó cómo se financiará el aumento del gasto sanitario. Al final de su intervención, el portavoz Pablo Sáez ha aprovechado también para sacar a colación la "prioridad nacional", defendiendo que las ayudas sociales deben "priorizarse" hacia los "ciudadanos españoles" y, concretamente, hacia los más desfavorecidos.