La crisis de la vivienda en España ya es motivo de preocupación de las principales ONGs como Amnistía Internacional. La organización ha hecho públicas este jueves sus principales preocupaciones y demandas para atajar la crisis. La construcción de vivienda pública, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones y la garantía de alternativas a las personas que sufren desahucios son algunas de sus principales exigencias al Gobierno y a los ejecutivos autonómicos.
Amnistía ha elaborado una lista con 8 propuestas que arrancan con la firma de los convenios del Plan Estatal, que fue aprobado por las Comunidades Autónomas y está ahora pendiente de las firmas bilaterales territorio a territorio, si bien el PP ya ha avisado de que llevará al Supremo alguno de los requisitos.
Pide un nuevo decreto que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler o que el Congreso apoye al que decayó si regresa a la cámara, la limitación de las subidas año a año y que se regulen también los alquileres de habitaciones y de temporada bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La organización pide nuevas ayudas de emergencia pensadas sobre todo para personas en procesos de desalojo que permite frenarlos y un aumento de la financiación para ampliar la vivienda social. Exige también fórmulas que agilicen la ampliación de vivienda social como la aplicación del tanteo y retracto que priorice la compra de vivienda ya existente en zonas tensionadas.
