El estado crítico del mercado de la vivienda obliga a los poderes públicos a estar alerta ante los posibles excesos de los arrendadores
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expedientado por abuso de su posición de dominio a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, una de las mayores entre las dedicadas al sector del alquiler, con más de 50 oficinas y una facturación de 28 millones de euros el pasado ejercicio. Según el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy, se han constatado prácticas ilegales como exigir un estudio de solvencia al p...
otencial inquilino, obligarle a contratar un seguro de hogar, forzar la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino sin haberlo solicitado e introducir una cláusula en el contrato que autorice a la agencia a incluirle en ficheros de morosos. Alquiler Seguro afirma que cumple la ley y que sus condiciones sirven para garantizar la tranquilidad de los propietarios que recurren a sus servicios.
Tales condiciones son un ejemplo más de la carrera de obstáculos a la que tienen que enfrentarse las más de 7,7 millones de personas que, según los datos del INE, viven de alquiler en España. A los precios elevadísimos
—que se comen gran parte de los ingresos de las familias, especialmente las más jóvenes— se suman comisiones y obligaciones irregulares como las investigadas por el Ministerio. Presionados por la dramática situación del mercado inmobiliario, muchos inquilinos no pueden reaccionar cuando la alternativa es una renta más alta en otro lado o, directamente, la calle. A ello cabe sumarles otro tipo de excesos por parte de algunas inmobiliarias, que cobran por el solo hecho de visitar un piso, o la estigmatización de los arrendatarios en apuros con términos como el deplorable inquiokupa.
