El ministerio busca que los anuncios de viviendas se ajusten a los importes regulados en la normativa estatal
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del último contrato, para los particulares. Según ha podido saber EL PAÍS, el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado la indagación después de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según el ministerio, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo al ser “desleales por engañosas”.
Hasta ahora la ley de vivienda obligaba a proporcionar dicha información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma también obliga a que esta aparezca en los anuncios. Una información que se estaría ocultando en ciertos casos. Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el pasado 11 de diciembre, y publicada en el BOE el 27 de ese mes, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas de forma “clara y accesible” la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada.
