Colombia tiene la primera vuelta de sus elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo. Gane quien gane, Iván Cepeda —el declarado comunista heredero de Gustavo Petro y quien lidera las encuestas—, Paloma Valencia de centro derecha o Abelardo de la Espriella de derecha, heredará un país con una situación fiscal muy difícil, marcada por una inmensa y costosa deuda pública y la rebaja en la calificación de las agencias de riesgo, con una seguridad deteriorada, un irrespeto generalizado a la autoridad, las instituciones y la ley presuntamente promovido desde el gobierno, una confianza inversionista debilitada y una credibilidad internacional muy erosionada por varios años de improvisación diplomática. En medio de tantos frentes, me ocupo aquí solo de una prioridad estratégica que debería estar completamente fuera de discusión: reconstruir plenamente la relación con Estados Unidos. Por un lado, el contexto hemisférico está cambiando de una forma que Colombia no puede ignorar. La renovada atención de la Administración Trump hacia América Latina —por razones de seguridad, narcotráfico, migración, competencia estratégica con China y estabilidad regional— abre una ventana de oportunidad real para países que sepan posicionarse con seriedad, pragmatismo y visión estratégica. Colombia debería estar en primera fila de esa conversación. No como un actor subordinado, sino como un socio confiable, relevante y con capacidad de construir una agenda de beneficio mutuo. En este momento, una relación bien manejada con Washington podría traducirse en cooperación reforzada en seguridad, mayor interlocución económica, inversión, comercio, financiamiento y apoyo internacional. Desaprovechar esa oportunidad por prejuicios ideológicos o incompetencia diplomática sería un error histórico. Colombia no puede darse el lujo de elegir un presidente que llegue al poder a hacer activismo ideológico en política exterior o a dinamitar una relación esencial para el país. A algunos les parecerá una conversación distante. Otros preferirán reducirla a caricatura, con esa superficialidad tan frecuente en ciertos círculos: que si el problema es “ir a ver al Pato Donald”, que si se trata de rendir pleitesía a Washington, que si hablar de Estados Unidos es una forma de dependencia mental. Es exactamente al revés. Una mala relación con Washington es un problema para los colombianos. Golpea el empleo, la inversión, el comercio, la seguridad, el acceso a financiamiento y la confianza en el país. Ahí está el ejemplo de comienzos de 2025, cuando un trino impulsivo de Gustavo Petro en X, al amanecer de un fin de semana, provocó una reacción de Washington con aranceles que amenazaban directamente al café —principal exportación agrícola del país y sustento de 550.000 familias— y a las flores colombianas, incluidas las rosas que representan más del 60% de las regaladas en Estados Unidos en San Valentín. Washington acabó revirtiendo la medida cuando el Gobierno colombiano bajó la cabeza. Esa es la diferencia entre la ideología y la realidad. Quienes todavía no entienden esto siguen atrapados en una retórica ideológica propia de la Guerra Fría, en un antiimperialismo de museo que murió con la caída del Muro de Berlín. Claro que Colombia debe tener relaciones internacionales amplias y maduras con Europa, Asia, América Latina, Medio Oriente y el resto del mundo, priorizando siempre sus intereses, dentro de los que está en primera fila Washington. Pero eso no elimina una realidad geopolítica, económica y estratégica elemental: Colombia está en la esfera natural de influencia de Estados Unidos y obtiene enormes beneficios de una relación bilateral sólida. ¿Hay un mayor interés para cualquier gobierno que beneficiar a sus ciudadanos con todos los recursos a su alcance, nacionales e internacionales? Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, una fuente esencial de inversión extranjera, un socio crítico en seguridad y un actor determinante en la arquitectura financiera internacional. En medio de una crisis fiscal seria, deteriorar esa relación sería una irresponsabilidad monumental. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La política exterior del Gobierno de Petro ha sido errática, confrontacional e irrespetuosa del derecho internacional, plagada de escándalos y profundamente dañina para la reputación internacional del país. Cuatro cancilleres en un solo gobierno, en su mayoría sin experiencia y que ni siquiera hablan inglés, múltiples escándalos por corrupción y una carrera diplomática amedrentada y acosada no son una anécdota, sino una debacle. Son la evidencia de una política exterior improvisada, sin dirección consistente, convertida en escenario de activismo ideológico y declaraciones impulsivas. La historia ya nos dio una lección clarísima. Tras la pésima relación del Gobierno de Ernesto Samper con la Casa Blanca en una de las épocas más violentas y difíciles del país por el auge del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y los asesinatos y en medio de una crisis económica, Colombia solo logró reconstruir la relación con Washington bajo su sucesor, Andrés Pastrana. De allí nació el Plan Colombia, una verdadera política de Estado que en sus fases pasó por los dos partidos y tres presidentes en Washington (Clinton, Bush y Obama) y tres en Colombia (Pastrana, Uribe y Santos). Claro que no fue perfecto. Pero fue determinante en reducir el narcotráfico, mejorar sustancialmente la seguridad, impulsar la economía y robustecer las instituciones, y debilitó a las FARC —el mayor grupo guerrillero del hemisferio— hasta forzarlo a firmar un acuerdo de paz y desmovilizar a una gran parte de sus combatientes, contribuyendo así a devolver la confianza en Colombia tras uno de sus momentos más críticos. Sin embargo, en los últimos años el retroceso fue inmenso. El narcotráfico y el crimen transnacional evolucionaron y el país produce hoy más drogas ilícitas que nunca en su historia y cerró 2025 con más de 27.000 personas armadas ilegales, el 23% más que un año antes, con grupos que hacen presencia en casi 800 municipios de 1.110 —más del 70% del país—, según la Defensoría del Pueblo. Precisamente por eso Colombia necesita una nueva arquitectura bilateral con Washington: para seguridad, para comercio, para inversión y para cooperación socioeconómica por USAID u otro mecanismo. El próximo presidente debe entender que recomponer la relación con Washington es de interés nacional. Colombia no necesita otro presidente que use la política exterior como escenario para activismo ideológico o ajustes de cuentas con fantasmas geopolíticos del siglo pasado. Necesita un jefe de Estado que entienda que defender la soberanía no consiste en pelear inútilmente con aliados estratégicos, sino en maximizar inteligentemente los intereses del país. Porque una mala relación con Washington no castigará a Estados Unidos. Nos castigará a todos. Y Colombia, francamente, con un país en medio de una crisis que le estallará en la cara a quien gane las elecciones, ya no está en condiciones de darse ese lujo.