La investigación la Audiencia Nacional sobre la presunta trama organizada por dirigentes y excargos del PSOE para "desestabilizar" investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al entorno del Gobierno salpica a excargos socialistas, a la gerente del partido, letrados y otros protagonistas. La tesis del juez Santiago Pedraz es que la supuesta operación utilizó contactos con investigados, recopilación de información reservada y supuestos pagos canalizados a través de empresas.El auto sitúa en el centro de la presunta operativa a la exmilitante socialista Leire Díez, considerada por el magistrado como la principal coordinadora de las maniobras, y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien atribuye un "papel superior". Según la investigación, la trama habría utilizado la propia estructura del partido para financiar reuniones, viajes y pagos mediante sociedades interpuestas, mientras la gerente de la formación, Ana María Fuentes, habría elaborado facturas para dar cobertura a esos movimientos.Entre los implicados aparecen también el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y otros cargos próximos al partido como Juan Manuel Serrano Quintana o Juan Francisco Serrano Martínez. La investigación de Pedraz dibuja así una fotografía más amplia y completa de los distintos perfiles que, presuntamente, participaron en la operación.Santos CerdánCerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es uno de los principales investigados. Pasó a estar imputado en el caso Koldo hace alrededor de un año, lo que motivó la primera entrada de agentes de la UCO en la sede de Ferraz. Entonces se reveló su presunto liderazgo de una trama de amaños de contratos millonarios de obra pública en la que participaron también el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Asimismo, se conoció a Leire Díez, hasta entonecs desconocida, quien trataba de cargar contra investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.El auto le atribuye a Cerdán un "papel superior" en el entramado, encargándose de la dirección y supervisión dentro del grupo investigado. Según la investigación, habría encargado a Leire Díez la coordinación de acciones para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno". El auto destaca que puso a disposición de la trama la "propia estructura del partido", sufragando costes de personal administrativo, el uso de la sede de Ferraz para reuniones y los gastos de logística como "viajes, alquiler de vehículos...". Además, habría acordado remunerar a Leire Díez con "4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido". Así, el magistrado le atribuye participación en reuniones, comunicaciones y decisiones encaminadas a proteger intereses del partido y a influir en procedimientos judiciales. Cerdán admitió en su día en sede judicial haberse reunido con Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset en Ferraz, según explicó, porque estos le ofrecían información sobre el comisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno. El exnúmero tres del PSOE afirmó que la información no era de utilidad y negó que el Ferraz pagara dinero a Díez.Cerdán fue secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, cuando dejó el cargo y el escaño tras publicarse su presunta vinculación con el caso Koldo. Pasó casi cinco meses en prisión y está investigado en esa causa por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.Leire DíezExmilitante socialista y considerada por el juez como una de las piezas centrales de la supuesta trama, Leire Díez salió a la palestra cuando se desveló la conversación que mantuvo con un empresario imputado y fugado de la justicia llamado Alejandro Hamlyn. En aquella grabación se escuchaba a Díez pedir información para "matar" —se entiende, públicamente— al teniente coronel Antonio Balas, máximo exponente entre los investigadores de la UCO implicados en las causas sensibles para el PSOE. A cambio, Díez ofreció al imputado un trato favorable de la Fiscalía. El auto sostiene que Leire Díez habría coordinado actuaciones destinadas a "obstaculizar" investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE o a personas de su entorno. Según el magistrado, mantenía contactos con empresarios, abogados, mandos policiales y miembros del partido para recabar información sensible y diseñar estrategias de presión o descrédito contra investigadores y fiscales.Desde el inicio de la investigación, se reveló que Leire Díez se reunió con empresarios y fiscales en busca de información sensible de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y otros responsables de causas perjudiciales para el PSOE. El juez la sitúa como "directora" operativa de varias maniobras, descrita como la persona que lideraba el grupo bajo la dirección de Santos Cerdán.Ella misma se presentaba ante terceros como la "mano derecha de Santos" y una "persona que ha puesto el PSOE". Su función era "orientar la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública" y ejecutar planes para "obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial". En una de las conversaciones interceptadas, llegó a afirmar sobre la estrategia de defensa: "El Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo".Abandonó el PSOE el 3 junio de 2025 tras ser citada en la sede de Ferraz para explicar unos audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO. Díez, que siempre ha dicho que realizaba una labor periodística de investigación, fue concejala socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, jefa de comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024.Javier Pérez DolsetPérez Dolset es un empresario vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales. Apareció vinculado al caso Leire Díez desde el estallido público del escándalo, a finales de mayo de 2025. Según el auto, habría participado en reuniones estratégicas con Díez y Cerdán y contribuido a la elaboración de planes dirigidos a desacreditar a agentes de la UCO y fiscales.Dolset ha reconocido que ha colaborado con Díez en diversas investigaciones y el auto recoge varias reuniones de ambos, entre ellas la primera cita que mantuvieron en la sede del PSOE en 2024. Según el juez, el PSOE llegó a abonarle un viaje a Zaragoza con el objetivo de mantener una reunión acompañado de la 'fontanera' del PSOE.Se unió a la trama por "intereses particulares" y su actividad se centraba en la injerencia en procesos judiciales, teniendo como objetivos principales al fiscal José Grinda y a miembros de la UCO de la Guardia Civil. Se le vincula con intentos de "adecuar su testimonio [de un testigo] a sus intereses" y con el ofrecimiento de beneficios profesionales a cambio de información o actuaciones favorables.Antes de esta causa, ya arrastraba un largo frente judicial. En 2017 fue detenido y la Audiencia Nacional le investiga por delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias. La Fiscalía sostenía que el empresario habría liderado un entramado societario para desviar decenas de millones de euros y falsear subvenciones públicas.Gaspar ZarríasGaspar Zarrías ha desempeñado cargos destacados en la Junta de Andalucía y ha sido secretario de Estado y diputado, renunciando al acta en 2015, cuando el Supremo solicitó el suplicatorio para investigarlo en el caso de los ERES. Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, el Tribunal Constitucional admitió su recurso de amparo y anuló esa condena en 2024 y ordenó dictar una nueva sentencia.En su día declaró que había pagado 16.000 euros a Díez, a través de su sociedad Zaño Sociedad Consultora, para indagar en la posible relación de Villarejo con el procedimiento de los ERE. Según esa versión, el encargo era personal y no vinculado a la dirección del PSOE. El auto de Pedraz, sin embargo, le da a Zarrías un papel más comprometido.Ahora, el auto apunta a que se utilizó una sociedad suya para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez. Pedraz apunta a que Zarrías "prestaría su sociedad [Zaño Sociedad Consultora SL] como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica" a Díez. El auto sostiene que, para articular esos pagos sin revelar quién los ordenaba, se habrían usado sociedades de varios investigados, entre ellas las de Zarrías, Oliver y Teijelo, con el presunto concierto de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que habría emitido órdenes de encargo y facturas para permitir la transferencia de fondos.La resolución ordena recabar abundante documentación sobre sus relaciones contractuales con el PSOE y Zaño Sociedad Consultora SL desde 2024 hasta la actualidad: contratos, notas de encargo, facturas emitidas al partido, justificantes de pago, cuentas de cargo y abono, autorizaciones internas, supervisión de servicios y asientos contables de 2024, 2025 y 2026. El juez pide además que se acredite la justificación de los servicios prestados, "distintos de asesoría jurídica", dentro de esas relaciones contractuales.Ismael OliverIsmael Oliver Romero, abogado y socio del despacho Oliver & Partners, aparece en el auto como una de las piezas jurídicas del presunto entramado. El magistrado sostiene que habría intervenido en la canalización de pagos mediante sociedades y en la elaboración de documentos y estrategias legales relacionadas con la trama.El auto le atribuye un papel de apoyo legal y societario, actuando como abogado de parte de los implicados que aportaba el "impulso y el soporte intelectual y/o financiero" a la red. La resolución sostiene que, para articular los pagos a Díez, se habrían utilizado sociedades vinculadas a varios investigados —entre ellas las de Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo— con el presunto conocimiento o intervención de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. En este sentido, Oliver habría sido el responsable de articular un sistema para "romper la trazabilidad de los fondos" que el partido enviaba a Leire Díez, utilizando para ello sus sociedades "Estudio Jurídico I. Oliver & Partners" y "Oliver Gruppe SL" mediante "facturación falaz". También se le investiga por negociar la "compra" del testimonio de una testigo, María del Carmen Pano, ofreciéndole presuntamente "50.000€" para que modificara su declaración.El auto también lo vincula con una de las líneas de actuación dirigidas a obtener información sobre fiscales y procedimientos judiciales. En concreto, Pedraz recoge contactos en torno al fiscal Anticorrupción José Grinda y otros miembros de la Fiscalía, en los que habrían participado Leire Díez, Javier Pérez Dolset e Ismael Oliver. Según el juez, esa línea perseguía recabar datos comprometedores o sensibles para utilizarlos en beneficio de la organización investigada.Jacobo TeijeloJacobo Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el caso Koldo. Su despacho ha intervenido en procedimientos de gran complejidad vinculados a delitos económicos y de corrupción, incluida la defensa del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco.El juez considera que pudo participar en la preparación jurídica de determinadas actuaciones relacionadas con estrategias para influir en investigaciones judiciales. Si bien por el momento no lo integra en la organización, Pedraz vincula su actuación con presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho y contra las instituciones del Estado.Teijelo habría designado por Díez como responsable de la línea de actuación denominada "hidrocarburos", orientada a buscar nulidades en procesos de fraude que pudieran afectar posteriormente a causas vinculadas al PSOE. Habría recibido "al menos 125.000€ provenientes del PSOE" bajo el amparo de una "facturación falaz" gestionada por Cerdán y Díez.El auto también le atribuye intervención en reuniones vinculadas a varias líneas de actuación de la supuesta trama. Una de las más relevantes es la relacionada con la UCO: Pedraz sitúa a Teijelo en contactos con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil, en los que se habría tratado de obtener información interna o sensible sobre investigaciones policiales.Juan Sánchez YepesJuan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil, aparece en la causa como la posible conexión interna con información sensible de la UCO. Según el auto de Pedraz, habría participado en reuniones con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo en las que se abordaron datos relativos a investigaciones policiales y judiciales.Yepes no aparece como organizador ni como financiador, sino como una posible fuente de información interna. El auto lo sitúa aportando "información sobre la estructura de la UCO y sus miembros". A pesar de ser consciente de que manejaba información "calificada como secreta", la facilitó a la organización en reuniones con Díez y Pérez Dolset, llegando a admitir en una grabación: "Estoy cometiendo un delito de revelación de secretos".El auto de Pedraz ordena el requerimiento de documentación a la Dirección General de la Guardia Civil relacionada con posibles expedientes o información reservada que pudiera afectar a Yepes. Ana María FuentesEn su condición de Directora Gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco es considerada responsable, al menos como cómplice, de la operativa financiera. Era quien presuntamente "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".A diferencia de Díez, Cerdán o Dolset, el juez no la presenta como una operadora de las reuniones o de las maniobras contra fiscales y agentes de la UCO. En cambio, la señala como la persona que, desde la Gerencia del partido, pudo facilitar la cobertura formal para determinados pagos. La organización habría sufragado costes de personal, reuniones, viajes, alquileres de vehículos y otros gastos logísticos, y Fuentes pudo intervenir en esa parte al menos como colaboradora o cómplice.En el auto su nombre aparece vinculado a las presuntas órdenes de encargo y facturas que habrían servido para canalizar fondos hacia Leire Díez. La resolución sostiene que se habrían utilizado sociedades vinculadas a Zarrías, Oliver y Teijelo para transferir dinero a Díez, y sitúa a Fuentes como la responsable que emitía o autorizaba las órdenes internas sobre las que se elaboraban esas facturas.Por eso, Pedraz ordena requerir al PSOE documentación económica y contractual relacionada con la Gerencia: contratos, notas de encargo, facturas, justificantes de pago, cuentas de cargo y abono, autorizaciones internas y comunicaciones sobre servicios prestados por Zarrías, Oliver, Teijelo y sus sociedades. También pide correos electrónicos corporativos, registros de accesos y documentación sobre gastos y viajes vinculados a los investigados.En junio de 2025 Pedro Sánchez la incorporó al equipo provisional que asumió la Secretaría de Organización del partido tras la salida de Santos Cerdán y este miércoles, desde Roma, el presidente del Gobierno ha asegurado que "ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del PSOE".Dos personas más "podrían haber colaborado"Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de gabinete de Sánchez en Moncloa y expresidente de Correos, y Juan Francisco Serrano Martínez, diputado socialista y exsecretario adjunto de Organización del PSOE, aparecen en el auto como personas que "podrían haber colaborado" con la presunta trama. No están entre los principales investigados, pero el juez considera necesario profundizar en su papel antes de concretar una eventual responsabilidad penal.