Los peregrinos que asistan a la capital para la visita del Papa acamparán en los patios y gimnasios de unos 80 centros escolares públicos, pero algunas familias y profesores han protestado contra este “trato de favor”. La decisión anunciada el lunes por la Comunidad de Madrid cuenta con la oposición del sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña, Comisiones Obreras. El malestar se debe a varias causas. A algunos les chirría que se dé este “privilegio” a los seguidores de “una estrella religiosa” y no, por ejemplo, a los de Bad Bunny, el artista que ha causado furor por sus diez conciertos en la capital, que coincidirán con las ceremonias papales. A otros les preocupa si las instalaciones estarán en condiciones para dar clases el día siguiente. Y a otros les molesta que los centros acarreen con las facturas de luz, agua o limpieza. Un sindicato minoritario, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), ha lanzado un comunicado con una imagen del Papa Leon XIV sosteniendo las llaves de un colegio público y en el que dicen que “la escuela pública no es un hotel”. La cesión de los centros escolares se extenderá del viernes 5 al domingo 7 de junio. La medida corresponde a los ayuntamientos y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque el mantenimiento de las instalaciones depende de los primeros en el caso de los colegios y del segundo en el caso de los institutos. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad han revelado el listado de centros afectados. Tampoco a preguntas de EL PAÍS. La patronal madrileña que agrupa a 340 concertados religiosos, Escuelas Católicas de Madrid, estima que unos 80 de sus colegios hospedarán también a visitantes.El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, dio algunos detalles el lunes en rueda de prensa sobre los colegios e institutos públicos. La medida no coincidirá con los horarios de actividad lectiva porque el uso de estos espacios se producirá desde la tarde del viernes 5 de junio hasta las 22:00 horas del domingo 7 y se circunscribirá a zonas como patios y gimnasios. Las autoridades madrileñas han tildado de “histórica” esta visita, la primera de un pontífice en 15 años. El alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que las exigencias logísticas “no tienen precedentes” y son “de una dimensión mayor a las de la cumbre de la OTAN”. El Ayuntamiento ha dicho en una nota de prensa que espera una afluencia de “1,5 millones de personas” en la plaza de Cibeles, donde hay programada una misa el sábado por la mañana.Las quejas se gestaban desde semanas antes. Profesores y asociaciones de familias se han enterado por medio de los directores, a quienes la Consejería de Educación les comunicaba que habían sido “elegidos”. Algunos han elevado su malestar a los sindicatos o a la federación de asociaciones de familias Giner de los Ríos. Estas protestas ya se oyeron en 2011 durante la última visita de un Pontífice a la capital, Benedicto XVI, pero entonces no había clases porque la peregrinación se produjo en agosto. Entonces los medios informaron de la llegada de más de un millón de personas.Comisiones Obreras Madrid considera que los centros deben quedar fuera de los intereses religiosos al ser España un Estado aconfesional. “Que se abran los colegios públicos a los barrios y a la comunidad educativa pero no para fines privados o religiosos”, dice su secretaria de Educación, Aida San Millán.STEM sostiene que se ha vulnerado la norma que regula la gestión de espacios, un decreto autonómico de 2018 que establece que cualquiera que quiera usar las instalaciones escolares debe solicitarlo con 20 días de antelación al Consejo Escolar, el órgano democrático de cada centro donde se sientan docentes, familias y alumnos. Además de esta aprobación también se precisa la luz verde de la Consejería de Educación.Enrique García, portavoz de STEM, reprocha a la Comunidad que vulnere sus propias normas. “Esto no es un decreto que le impone el malvado gobierno central”, dice García. “Es cuestionable que una religión use recursos públicos de modo gratuito pero al margen de eso hay un procedimiento propio de la Comunidad que está siendo incumplido”. La Consejería de Educación asegura por medio de un portavoz que la cesión “se ha realizado cumpliendo todas las normativas vigentes”, sin responder a una pregunta sobre lo dicho en el artículo 5 de ese decreto, el que regula la intervención del Consejo Escolar.Ese decreto, aprobado en tiempos de la presidenta Cristina Cifuentes para regular estas cesiones, suscitó quejas porque “dificultaba” el uso de los colegios por parte de los vecinos, dice Isabel Galvín, profesora de Organización Escolar en la Complutense y entonces responsable de Educación en CCOO-Madrid. “Para eso no hay disponibilidad y son innumerables las prohibiciones” de la Consejería, dice Galvín, que añade que sin embargo con los católicos las autoridades han sido “ágiles para abrir los centros”.Algunas familias también han protestado, según la federación Giner de los Ríos. Creen que los peregrinos deberían ser destinados solo a los concertados religiosos y les preocupa cómo afectará la visita al desarrollo de las clases el lunes 8. “No es un enfado masivo pero tampoco es algo que esté haciendo mucha gracia”, dice la presidenta de esta federación, Mari Carmen Morillas.Un caso que llama la atención es el del colegio Méjico, en el distrito de Ciudad Lineal (este), cuya asociación de familias ha sido obligada a suspender una actividad extraescolar llamada La Noche Mágica, preparada con meses de antelación. “Nos toca mucho las narices que no se usen otros centros acordes con sus creencias y con mejores instalaciones”, dice el presidente de la asociación, Nacho Peña. “Ha sido una imposición total y nos sienta muy, muy mal”.¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es