Mariano Rajoy no cayó por la sentencia de la trama Gürtel: ese solo fue el relato que trascendió para dotar de épica regeneradora a aquella moción de censura. Rajoy cayó porque así le convino a los independentistas catalanes para vengarse por el 1 de octubre de 2017. La diferencia es que hoy los socios de Pedro Sánchez ya solo pueden ir abrasándose a cada investigación judicial que rodee al Gobierno, poniendo caras de afligimiento o lanzando avisos irrealizables sobre el fin de la legislatura. Un día, la imputación a un expresidente; el otro, la UCO entrando en Ferraz como ya ocurrió en el verano de 2025. La mayor parte de los socios son cautivos de Sánchez, y difícilmente le pueden exigir cuentas a coste cero. No es tanto porque la legislatura naciera como trueque, algo habitual cuando toca pactar en democracia. El error es haber creído que todo iba simplemente de votaciones en el Congreso, cuando la realidad es que el PSOE ha engarzado a sus aliados bajo un mismo bloque de poder que actúa como argamasa invisible. Junts todavía espera que se aplique la amnistía a Carles Puigdemont y, junto a ERC, ambos han colocado a altos cargos en empresas públicas del Estado. El PSC es muy necesario para que Oriol Junqueras o los Comunes puedan tener algún papel en Cataluña. Bildu ha encontrado en Sánchez el primer líder nacional que lo institucionaliza. El PNV quizás busca el favor del PSE para que no pacte en otra legislatura con la izquierda abertzale. Podemos recibe ahora una atención inesperada porque le conviene al PSOE de cara a las elecciones de 2027. Así pues, los socios obtienen relatos, simbolismos o posiciones de poder mientras Sánchez gobierne, aspectos que no siempre tienen que ver con mejoras para la vida de la gente. Ello explica también por qué la legislatura puede seguir sin Presupuestos Generales del Estado. Es una diferencia con el pasado: la vieja CiU podía enemistarse con uno u otro gobierno si no cumplía lo acordado o si ese Ejecutivo le daba mala imagen. Ni dependía del PP o del PSOE para tener algún sentido como partido, ni existía Vox que impidiera al nacionalismo cambiar de bloque. Esa situación de dependencia estructural explica también por qué los socios no tienen interés alguno en fiscalizar al Ejecutivo en prácticamente ningún asunto. No hace falta ponerse en el supuesto de una moción de censura. Aunque José Luis Rodríguez Zapatero no sea un miembro del Gobierno —como esgrimen algunos partidos— su investigación toca directamente al rescate de Plus Ultra, operación que se autorizó desde el Consejo de Ministros. En cambio, no es de esperar que veamos a los socios interpelando por nada relativo a ello en el Congreso. Pese a todo, los aliados de investidura saben que la ciudadanía exige un estándar moral porque el precedente de 2018 sigue muy vivo. Aparece Gabriel Rufián diciendo que su línea roja sería probar que hubiera habido financiación ilegal, tal vez a sabiendas de que, aun en el hipotético de que se abriera una causa de ese calibre, llevaría muchos años tener un veredicto. Insisten otras voces diciendo que todavía no hay sentencias firmes sobre ningún caso, y que debe primar la presunción de inocencia. Están en lo cierto, pero pronto podría conocerse el resultado del caso mascarillas, donde se ha enjuiciado al exministro José Luis Ábalos. Hay pocas dudas de que, dada la situación, los socios mirarían hacia otro lado: ser mártires a presente tal vez les parezca mejor que aparecer como verdugos de que cayera el Gobierno, en perspectiva. Igual asumen que su actual papel de atrezo o de comparsa parlamentaria se olvidará cuando la derecha llegue al poder; la historia siempre es susceptible de reescribirse. Fiscalizar al Ejecutivo, cada vez más, obligaría a que el bloque de investidura se fiscalizara a sí mismo.Lo llamativo es que hasta el propio Sánchez sabe que el escenario actual no le genera tanta factura a su partido como se creía. La “nueva normalidad” consiste en que el PSOE se ha comido el espacio de Sumar y Podemos, que venían a ser su crítica o contrapeso. Yolanda Díaz solo demuestra su incapacidad de reproche desde dentro cuando reta nada menos que al PP a que presente una moción de censura, que sabe que hoy resultaría fallida.En definitiva, hay motivos para pensar que el bloque de poder actual agoniza, pero los socios han empezado a reelaborar el relato sobre los motivos. Decía Arnaldo Otegi en una entrevista: “Estamos ante el intento de devolver al PSOE a los antiguos pactos de régimen, al bipartidismo clásico”. Aludía al contexto en que se produce la investigación a Zapatero. No es descabellado pensar que en los próximos meses circule la teoría en España de que hay supuestas fuerzas maniobrando para lograr un PSOE más parecido al de Felipe González si este ciclo termina en 2027. Es evidente que el actual es el PSOE que hasta la fecha más ha convenido a sus socios. El precio a pagar, en cambio, es menos asumible: quizás, dañar su reputación, o abrasarse en futuros comicios. Estar cautivo por intereses partidistas —o porque no hay alternativa— parecerá beneficioso a corto plazo, pero a la larga puede convertirse en la mayor condena política.