El Consejo de Gobierno de la Comunidad dar� luz verde al proyecto de ley a lo largo del mes que viene para su posterior tramitaci�n en la Asamblea regional. La norma busca garantizar la seguridad jur�dica y agilizar las gestiones tributarias.La baja fiscalidad es, desde hace a�os, una de las piedras angulares de la pol�tica econ�mica de la Comunidad de Madrid bajo la premisa de que un entorno impositivo moderado y decreciente espolea la inversi�n, alienta la actividad y genera riqueza y empleo por la v�a del ensanchamiento de las bases de recaudaci�n. Pero su modelo, cuyo margen de maniobra est� circunscrito a los tributos cedidos a las CCAA (tramo auton�mico del IRPF, ITP y AJD, tributos sobre el juego, o el Impuesto de Patrimonio, aunque �ste ahora condicionado por el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas), convive inevitablemente con un marco tributario estatal que no es precisamente comprensivo ni indulgente con los contribuyentes, ya sean empresas o particulares, y que da lugar a una gran litigiosidad.Con este tel�n de fondo, en el que el actual modelo estatal sit�a al contribuyente en una posici�n de "inferioridad" frente a Hacienda, seg�n denuncian los empresarios, la Comunidad de Madrid enfila la aprobaci�n de su proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente con el objetivo de garantizar la seguridad jur�dica de los madrile�os, agilizar sus gestiones tributarias y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O tambi�n, como dijo en su d�a la propia presidenta madrile�a, Isabel D�az Ayuso, una norma que proteja a los contribuyentes madrile�os de los posibles "excesos" de la Agencia Tributaria.La norma, anunciada por primera vez en mayo de 2023, aun antes de la cita con las urnas que otorg� a Ayuso su actual mayor�a absoluta en la Asamblea de Madrid, enfila ahora su recta final. Tras haber cumplido el periodo de audiencia p�blica entre febrero y marzo pasados, el Consejo de Gobierno de la Comunidad dar� luz verde en junio al proyecto de ley para su posterior env�o a la Asamblea regional, donde iniciar� su tramitaci�n parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de final de a�o, dando as� cumplimiento a una de las grandes promesas electorales de la mandataria madrile�a.Ante una Hacienda estatal que, seg�n lamentan los empresarios madrile�os, castiga con igual dureza las conductas claramente dolosas y aquellas otras atribuibles a meros errores o negligencias, la futura ley madrile�a buscar� una relaci�n m�s amable, justa y equilibrada entre su Administraci�n tributaria y los contribuyentes con el fin de incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, mejorando, por ejemplo, la posibilidad de rectificar errores cuando no se hayan cometido con mala fe. La Administraci�n tributaria, obligada a disculpas formalesAs�, la nueva ley incorpora mecanismos de cortes�a institucional que son pioneros, entre los que sobresale, por ejemplo, la obligaci�n por parte de la Administraci�n tributaria madrile�a de pedir disculpas formales cuando una sentencia en firme reconozca una vulneraci�n de derechos. Adem�s, se agradecer� expresamente la colaboraci�n de los ciudadanos en aquellos procesos de inspecci�n que culminen sin sanci�n."Se trata de reconocer el error y pedir perd�n ante situaciones que no son agradables para los ciudadanos y que pueden generar meses de estr�s, inversi�n de recursos y sobre todo el empleo de much�simo tiempo para poder recopilar informaci�n que justifique que la Administraci�n ha incurrido en una equivocaci�n", se�ala a EXPANSI�N la consejera madrile�a de Econom�a, Hacienda y Empleo, Roc�o Albert, de cuyo departamento pende la nueva ley.La futura regulaci�n, que solo se aplicar� a los tributos cedidos, buscar� que "los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos en la pr�ctica", se�ala el Ejecutivo auton�mico, con la br�jula puesta en una atenci�n al contribuyente confidencial, gratuita y adaptada a su perfil.Oficina del Defensor del ContribuyenteLa ley traer� consigo la creaci�n de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituir�, renovar� y potenciar� la anterior figura del Defensor del Contribuyente. El objetivo es, mediante un armaz�n t�cnico m�s robusto, agilizar la tramitaci�n de las quejas o reclamaciones de los contribuyentes, ya sea por retrasos indebidos, incidencias electr�nicas o deficiencias en el trato. Junto a este mecanismo de resoluci�n de litigios, la nueva ley pondr� en marcha una carpeta tributaria individualizada que incluir� toda la informaci�n fiscal del contribuyente y que permitir� un seguimiento en tiempo real de los tr�mites.Con la norma que ahora entra en su recta final, Madrid quiere mostrar "un total y absoluto respeto hacia la figura de los contribuyentes, que son los que con sus impuestos sostienen todo el peso de los servicios p�blicos", se�ala Roc�o Albert, quien a�ade que "tenemos que hacer todo lo que est� en nuestras manos para facilitar su relaci�n con la Administraci�n, y evitar cualquier tipo de error eludible por parte de cualquiera de las partes y que luego desemboque en reclamaciones, pleitos o situaciones desagradables".El desarrollo de una ley en defensa de los intereses del contribuyente es una vieja reivindicación de los empresarios madrileños. De hecho, ya en su día, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), entonces presidida por Antonio Lence, director general de Viena Capellanes, planteó una serie de propuestas fiscales de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, entre ellas una Ley de Defensa del Contribuyente destinada a agilizar trámites y a reforzar la atención tributaria a las compañías y ciudadanos madrileños. Un guante que no dudó en recoger Isabel Díaz Ayuso a principios de mayo de ese año, dos semanas y media antes de la celebración de los comicios, y que ahora está en la recta final para su aprobación y posterior tramitación en la Asamblea de Madrid, donde tiene garantizada su luz verde gracias a la mayoría absoluta del PP.La sintonía del gobierno de Ayuso con el tejido empresarial madrileño ha sido evidente a lo largo de sus mandatos (gobierna en la región desde 2019). La presidenta regional también ha atendido la petición de la empresa familiar madrileña de otorgarle un tratamiento específico ante la creciente presión fiscal que soporta desde el Gobierno central. Una respuesta que se ha plasmado en una nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que contempla rebajas fiscales, como la reducción del 95% de la base imponible del Impuesto de Sucesiones a tíos y sobrinos, u otras medidas para favorecer los relevos generacionales en los negocios, como la posibilidad de incluir a tíos y sobrinos dentro del 20% de participación accionarial para tener la consideración de empresa familiar.En el marco de su política de allanar el terreno a la inversión y propiciar un clima favorable a los negocios, la Comunidad lanzó ayer en consulta pública su nueva Ley de medidas contra la hiperregulación con el objetivo de reducir el exceso de burocracia.