Actualizado Mi�rcoles,

mayo

21:57En pleno estallido del caso Zapatero, con el juicio al hermano de Pedro S�nchez arrancando hoy y a la espera de la pr�xima sentencia sobre Jos� Luis �balos, la �ltima operaci�n anticorrupci�n en torno al caso Leire no es s�lo un golpe m�s contra un Gobierno terminal: la gravedad penal y pol�tica que describe el juez Santiago Pedraz es extrema. Por orden de la c�pula del PSOE, el Estado ha maniobrado contra el Estado mismo, creando estructuras paralelas dentro de las instituciones, con el objetivo expl�cito de proteger al presidente y a su entorno familiar m�s �ntimo de las m�ltiples investigaciones que los acechan. El retrato es insoportable: el lawfare no lo practican los jueces; lo ha practicado el partido en el poder, destruyendo los principios democr�ticos m�s b�sicos. No hay en Europa un equivalente que no sea la Hungr�a de Orban.Igual que ocurri� con la operaci�n Kitchen, creada por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para destruir las pruebas contra el PP que guardaba su ex tesorero Luis B�rcenas, es inveros�mil que S�nchez no tuviera conocimiento de la presunta organizaci�n criminal montada y pagada por el PSOE para desbaratar las causas abiertas contra su partido, su familia y su Gobierno. Con la diferencia de que, en este caso, la cloaca despleg� sus actividades delictivas tras el aparente mandato pol�tico del presidente. Seg�n detalla el juez de la Audiencia Nacional, ocurri� en los cinco d�as de �reflexi�n� en los que S�nchez amag� con dimitir tras la imputaci�n de su mujer, Bego�a G�mez. Si los indicios y las conversaciones y anotaciones intervenidas a la trama se confirman, con aquella Carta a la ciudadan�a el presidente hizo lo que pareci�: lanzar una operaci�n netamente populista de desestabilizaci�n de las instituciones, enmascar�ndola en la necesidad de �limpiarlas�, para mantenerse a toda costa en la Moncloa.Seg�n los expresivos indicios recopilados por Pedraz, la trama persigui� a jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, buscando informaci�n perjudicial contra ellos, trat�ndolos de sobornar -como al fiscal Jos� Grinda- o intentando comprar voluntades para lograr, entre otros objetivos, la nulidad del oscuro caso Hidrocarburos y as� torpedear el caso Koldo, a lo que dieron prioridad �por orden del One�, seg�n una afirmaci�n que Leire D�ez atribuye en sus notas al ex secretario de organizaci�n del PSOE Santos Cerd�n.Las v�ctimas de la trama han sido tres funcionarios p�blicos cuyo desempe�o ha resultado clave para que, pese a tantas presiones, todas estas causas -tambi�n la de presunta financiaci�n ilegal del PSOE- hayan seguido su curso: el fiscal jefe Anticorrupci�n, Alejandro Luz�n; el teniente coronel Antonio Balas, responsable del �rea de delitos econ�micos de la UCO; y Beatriz Biedma, jueza instructora del caso Herman�simo.La agon�a de la legislatura es tal que, ante la noticia de otra operaci�n anticorrupci�n, al ciudadano le es imposible saber cu�l de las numerosas investigaciones ligadas al PSOE la ha motivado. Cuando a�n diger�amos las fotos de las joyas halladas en la caja fuerte del ex presidente Zapatero, este mi�rcoles agentes de la UCO irrumpieron en Ferraz, donde permanecieron hasta entrada la noche, y la lista de socialistas en el foco judicial aument� considerablemente.La actual gerente, Ana Fuentes, que presuntamente fabric� facturas �mendaces�, est� imputada, al igual que Gaspar Zarr�as, implicado en el megafraude de los ERE. En el foco del magistrado est�n tambi�n Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva y negociador con Carles Puigdemont; y el primer jefe de gabinete de S�nchez que despu�s arruin� Correos, Juanma Serrano. Todos ellos, salvo el hist�rico socialista andaluz, son o han sido colaboradores de primera l�nea de S�nchez. A ello se suma la implicaci�n de las fuerzas de seguridad a trav�s de Juan S�nchez Yepes, un ex integrante de la UCO que habr�a contribuido a desprestigiar a la unidad se�alando la existencia de una supuesta �UCO patri�tica� que varios medios compraron.El Gobierno no tiene mayor�a parlamentaria ni opci�n de recuperarla. No tiene autoridad pol�tica ni moral. Tampoco agenda posible: los tribunales mandan. La corrupci�n lo desborda. El ambiente es irrespirable. Por eso ya s�lo cabe entender que si S�nchez se aferra al cargo de esta forma desesperada es por el exclusivo motivo de procurarse la protecci�n que otorga el poder. Para ello cuenta con la complicidad de sus socios, que, cautivos de la estrategia pol�tica del �muro� y del proyecto plurinacional que la vertebra, sostienen y seguir�n sosteniendo al presidente. Son colaboradores necesarios del desastre.Hace tiempo que la legislatura no es operativa. Pero cada d�a que pasa no s�lo se confirma su muerte: se multiplica exponencialmente el veneno que la continuidad del Gobierno inocula en las instituciones y en la imprescindible confianza de la ciudadan�a en el sistema. La convocatoria de elecciones generales ha trascendido lo conveniente para convertirse en una aut�ntica urgencia democr�tica.