NoticiaEl órgano de control advirtió posibles riesgos para el interés público y la adecuada prestación del servicio en este corredor.Autopistas del Café Foto: Autopistas del Café27.05.2026 07:30 Actualizado: 27.05.2026 07:43
La Procuraduría General de la Nación solicitó verificar una eventual terminación anticipada del contrato de concesión vial Autopistas del Café, en el Eje Cafetero, tras advertir posibles riesgos para el interés público y la adecuada prestación del servicio en este corredor estratégico del país. La petición fue dirigida al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en medio de las discusiones sobre el futuro cercano de la concesión.El Ministerio Público, dirigido por Gregorio Eljach, pidió revisar de manera detallada las condiciones jurídicas, financieras y técnicas del contrato, con el fin de establecer si existen fundamentos que justifiquen una eventual finalización anticipada de la concesión. La preocupación se centra en la continuidad de las obras y el impacto que cualquier decisión pueda generar sobre los usuarios y las comunidades de la región cafetera.El pasado 16 de mayo, el presidente Gustavo Petro planteó cambiar el modelo de carreteras por concesión a uno de construcción por obra pública para que, según el mandatario, los "peajes desaparezcan paulatinamente", aunque no entregó más detalles de cómo lograría esto. Ello en relación con las protestas presentadas ese mismo día en la Autopista del Café, la cual es un corredor vial que conecta a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Las manifestaciones sucedieron por las siete casetas de cobro en la vía.Manifestaciones en Autopistas del Café. Foto:ANIAnte la situación, “la Procuraduría solicitó verificar la eventual terminación anticipada del contrato de concesión vial Autopistas del Café, con el propósito de salvaguardar el interés general y garantizar la adecuada prestación del servicio público”, señaló el organismo de control en su pronunciamiento oficial.El ente de control también requirió información relacionada con el estado actual de las inversiones, las obligaciones contractuales pendientes y los eventuales escenarios que podrían derivarse si se modifica o finaliza el contrato vigente. Además, pidió claridad sobre los mecanismos previstos para garantizar la operación de la vía.El ente de control, de otro lado, puso especial atención en los posibles efectos jurídicos y económicos que tendría una eventual terminación anticipada de la concesión Autopistas del Café. En el documento, el ente de control pidió un “informe sobre el estado actual del contrato de concesión No. 0113 de 1997”, incluyendo detalles sobre las obras de rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor vial Armenia–Pereira–Manizales.Gregorio Eljach, procurador general. Foto:Daniel López/El TiempoAdemás, solicitó que se identifiquen “las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes de ejecución o cumplimiento por parte del concesionario”, así como claridad absoluta sobre si existe alguna decisión administrativa o contractual orientada a modificar o terminar de manera anticipada el contrato vigente. La Procuraduría recordó que, en comunicaciones previas, la ANI había señalado expresamente que “no existiría terminación anticipada de este contrato”.El Ministerio Público también pidió que, en caso de existir una eventual terminación, se expliquen “los supuestos fácticos, jurídicos, técnicos y financieros que soportan esta decisión”, incluyendo posibles compensaciones económicas, fuentes de financiación y el trámite previsto para ejecutar dicha medida. Igualmente, preguntó qué entidad asumiría la administración, operación y mantenimiento del corredor vial una vez culmine la actual concesión.Entre los puntos más sensibles del requerimiento aparecen los posibles impactos fiscales y sociales de una eventual finalización anticipada. La Procuraduría pidió evaluar efectos sobre “las economías locales, el turismo, el transporte regional, la conectividad y las comunidades asentadas en el corredor vial”, además de precisar las medidas que implementaría la ANI para garantizar la continuidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura y la seguridad vial durante cualquier periodo de transición contractual.La Procuraduría concluyó que continuará haciendo seguimiento al proceso y a las decisiones que adopten las entidades involucradas, con el objetivo de garantizar que cualquier determinación se tome bajo criterios técnicos y jurídicos que protejan el interés de los ciudadanos y la estabilidad de la infraestructura vial en la región.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
