Dos prioridades. Acelerar la tramitación de la conocida como ley de lobbies y endurecer el estatuto de los expresidentes del Gobierno. 15 meses lleva atascada entre las paredes del Congreso la primera; 18 años lleva sin reformarse el segundo. Estas son las dos líneas de trabajo que, este martes, ha puesto sobre la mesa la portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, a su socio de Gobierno (y al abanico de partidos que habitan el parlamento) después del tsunami de informaciones sobre Zapatero que ha dejado tras de sí la publicación del sumario del caso Plus Ultra. "La norma para regular los lobbies debería aprobarse antes de que acabe este periodo de sesiones", dibujaba como plazo límite, en rueda de prensa, la política gallega, recordando que su grupo ha presentado una serie de enmiendas para "mejorarla". Entre ellas, que las tareas de supervisión y las sanciones recaigan en un órgano independiente o incluir a los think tanks dentro de la categoría de grupos de interés. Y es que, apuntalaba Barbero, es fundamental cerrar "cualquier puerta trasera". Oculta al escrutinio público.PublicidadLos expresidentes no pueden ser ni lobbistas ni consultores con la agenda que han construido durante su estancia en La Moncloa. Es la postura que llevan días repitiendo distintas voces del espacio de Sumar y que recuperaba este martes Barbero, poniendo el foco en el Real Decreto que regula el estatuto de los expresidentes. Una norma que data de los años noventa, con un leve reforma en 2008 —bajo el gobierno de Zapatero—, y que desde los partidos que conforman el socio minoritario del Ejecutivo califican de "desfasada" y con "importantes lagunas". Por eso, explican a Público voces del grupo parlamentario, están trabajando en un nuevo texto que presentarán “en las próximas semanas” al resto de fuerzas de la Cámara Baja para empezar “cuanto antes” con su tramitación.A estas dos "urgencias", los partidos de Sumar añaden una tercera propuesta: recuperar el decálogo de medidas —dentro del Plan Estatal de Lucha contra la corrupción— que los de Pedro Sánchez pactaron el pasado verano —como reacción a la detención de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán— con el espacio de Yolanda Díaz. "Lo que le pedimos al PSOE es que se ponga las pilas con estas medidas", ha defendido frente a los micros Barbero, deslizando dos ideas más. Transparencia y valentía. La primera, para que el Partido Socialista ofrezca "todas las explicaciones necesarias" a la ciudadanía. A través, si fuera necesario, de una comparecencia pública. La segunda, para que "escuche" las verdaderas necesidades de la calle: llenar la nevera y pagar la vivienda.El bloque del 23J pide más"No porque salgan casos de corrupción nos da por proponer medidas. Llevamos meses insistiendo en todas estas propuestas". Así verbaliza Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, la tolerancia 0 de los partidos de Sumar con la corrupción del bipartidismo. Porque, recuerda la portavoz de la formación madrileñista, es en torno al PSOE y el PP donde se concentran todos los grandes casos de corrupción que han salido a la luz en los cerca de ocho años de gobierno de coalición progresista. "Se habla mucho de los corruptos y poco de los corruptores", reenfoca el debate Sidi, recordando que, dentro del catálogo de medidas que perfilaron en verano los partidos de Sumar, fue su partido —Más Madrid— el que diseñó una modificación de la ley de contratación pública para adoptar medidas cautelares contra las empresas corruptoras. "El problema es que estas empresas siguen accediendo a licitaciones públicas", perfila, en conversación con Público, la diputada. Para ejemplo, Acciona, embarrada, primero, en los papeles de Bárcenas y, más recientemente, en los engranajes del caso Koldo.También desde Compromís señalan a las empresas corruptoras como el meollo de la lucha contra la corrupción. "Lo que le pedimos al Gobierno son acciones legales que permitan que estas empresas no tengan nunca más la capacidad de contratar o tener relaciones con la administración pública", incide su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, para la que, de nuevo, la transparencia es una asignatura pendiente del socio mayoritario del Ejecutivo. "El gobierno tiene que dar todas las explicaciones oportunas", traslada a Público la política valenciana, que da un paso más que Sumar, pidiendo explícitamente a los de Pedro Sánchez que utilicen "los instrumentos del Congreso". En otras palabras, que den la cara. Desde Compromís asumen, eso sí, que la legislatura seguirá su curso y, en consecuencia, exhortan al Gobierno a trabajar para que "merezca la pena". ¿Cómo? Aprobando un nuevo escudo social, protegiendo los servicios públicos y recabando los apoyos necesarios para impulsar el nuevo modelo de financiación. Una “necesidad” especialmente imperiosa para todos los valencianos y valencianas, que pueblan el territorio "más infrafinanciado de todo el Estado".PublicidadLa misma música llega desde el asiento del BNG en la Cámara Baja, el que ocupa el diputado Néstor Rego. "Nosotros mantenemos nuestra posición histórica en relación con la corrupción: tolerancia cero, venga de donde venga", asegura tajante el político gallego, reclamando explicaciones tanto al expresidente como al Ejecutivo. "Queremos conocer todas las posibles implicaciones de decisiones que pasaron por el gobierno sobre el rescate de Plus Ultra", concreta a Público el portavoz del BNG, recordando que Zapatero no ha sido nunca "santo de su devoción". "Nos opusimos de forma muy rotunda a decisiones de su gobierno que nos parecían regresivas y contrarias a los intereses de las mayorías sociales", pone en valor Rego. Como la reforma laboral —que, entre otras cosas, "abarató" los despidos—, la subida de la edad de jubilación o las rebajas salariales a los funcionarios. A lo importante, redirige la conversación el político gallego: "Este gobierno tiene compromisos con Galicia que debe cumplir". Dos ejemplos: la transferencia de la AP-9 o el estudio para la implantación de las cercanías ferroviarias.Esquerra Republicana, el partido que dirige en Madrid Gabriel Rufián, le pone también deberes al Gobierno. "Podemos exigir en este tema desde la legitimidad de quien tiene las manos limpias", sacan pecho los republicanos, con más de 90 años de historia sin mancha alguna de corrupción. "Por eso, somos exigentes ante cualquier posible irregularidad", aseguran, en conversación con Público, voces del partido independentista, comprometidas con la rendición de cuentas y el impulso de medidas "para prevenir, detectar y apartar" a quienes se desvíen "del camino de la honestidad". Una tarea en la que, valoran, el PSOE debería ser "el primer interesado" en esclarecer los hechos. También a ERC le parece que al Gobierno le falta valentía. "Valentía para blindar las instituciones frente a la lacra de la corrupción, para dar respuesta al malestar de la gente y para avanzar en derechos", condensan fuentes republicanas, que exigen, al mismo tiempo, que Sánchez cumpla "sus compromisos y acuerdos con Catalunya".Más cautelosos se muestran desde EH Bildu, que rechaza, por el momento, verbalizar nuevas peticiones al Gobierno. "Estamos a la espera de las explicaciones que dé Zapatero", corroboran a Público fuentes abertzales, que secundan las palabras de su secretario general, Arnaldo Otegi, en una entrevista concedida este lunes a La Vanguardia: "Preferimos reposar las cosas". Y es que, explican desde el partido independentista, la prudencia es la mejor arma frente a acusaciones e indicios como los que dibuja el sumario por el que se investiga al expresidente. Por su parte, el PNV, que tachaba el pasado fin de semana de "irresponsable" la continuidad del Gobierno más allá de 2026, va al grano: "Tenemos un pacto de investidura que debería cumplirse". Para los jeltzales, el principal frente de batalla es, sin duda, la vivienda. Un derecho que debería abordarse "de forma integral" y no con "decretos parciales y temporales" o leyes que "parchean la crisis" sin conseguir atajarla. Una exigencia a la que ven poco recorrido: la aritmética parlamentaria no da más de sí. Por eso, reiteran, "es irresponsable que la legislatura se mantenga hasta el final".Publicidad"La legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero", zanjaba este martes, en rueda de prensa, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para la que el PSOE "es parte del problema y no de la solución" en la lucha contra la corrupción estructural del régimen del 78. Por eso, explican a Público voces del partido morado, no esperan ya mucho más del Gobierno de coalición. Su apuesta política va por otro lado, sugieren estas fuentes. La propia Belarra llamaba desde el Congreso a "arropar" la primavera de movilizaciones que lleva gestándose las últimas semanas, con manifestaciones por la vivienda, la sanidad o la educación en diferentes puntos de la geografía española. "Igual que pasó en el 15M", apuntaba la política navarra, recordando que fueron las políticas de Zapatero las que pusieron la semilla del cambio hace 15 años.