Sumar registró este miércoles una proposición de ley en el Congreso para reformar el estatuto que proporciona a los expresidentes del Gobierno, entre otros beneficios, un sueldo vitalicio y también una oficina y personal a su servicio cuando abandonan el cargo. Tras las últimas revelaciones en relación a supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, la coalición liderada por Yolanda Díaz plantea elevar hasta los diez años el plazo durante el cual los expresidentes tendrán prohibido desarrollar actividades en sectores estratégicos o que se hayan visto afectadas por decisiones de la Presidencia, y también apuesta por prohibir que cobren su paga vitalicia si deciden emprender “actividades privadas” que conlleven una “retribución” económica, a excepción de aquellas de carácter “académico, creativo o divulgativo”.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue el encargado de presentar la iniciativa junto a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y el portavoz adjunto, Enrique Santiago. “El inmovilismo no es una opción, estamos hartos de que la sede de Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de este país”, criticó Urtasun, mientras Martínez denunció que “en España se ha normalizado que las personas que han ocupado la presidencia pasen luego a ocupar cargos en empresas clave”, como los expresidentes “Felipe González en Naturgy o José María Aznar en Endesa”. “¿Alguno piensa que ellos son expertísimos en el sector energético?”, ironizó la portavoz.
