La batalla por el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) ya está en marcha. El gran presupuesto de la Unión Europea, que cubrirá entre el 2028 y 2034, está entrando en una fase clave de la negociación. Se espera que en el Consejo Europeo de junio los jefes de Estado y de Gobierno tengan sobre la mesa una enorme tabla. El ‘Excel’ de la discordia, donde se detalla cada euro y cada céntimo repartido en distintas partidas presupuestarias y cuánto pone cada uno de los Estados miembros. Algunos de los grandes contribuyentes netos ya están cavando trincheras y dejando claro que hay que recortar el presupuesto. Este martes se ha celebrado un Consejo de Asuntos Generales en Bruselas donde las distintas delegaciones han enseñado sus cartas. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos, Alemania y Bélgica mantuvieron un encuentro previo a la reunión de ministros de Asuntos Europeos para tratar de coordinar sus posiciones. Irlanda, que estaba invitada a la reunión, ha decidido no participar. Francia, que no suele integrarse en este grupo de países, sí que ha estado en el encuentro. En el sector rival se encuentran los autodenominados “amigos de la cohesión”, un grupo de Estados miembros que ya en las negociaciones de 2020 se conjuraron para tratar de proteger las partidas tradicionales del MFP. En este caso critican que la Política Agraria Común (PAC) y la política pesquera son las dos únicas que afrontan recortes reales respecto al actual MFP. El grupo está conformado por Rumanía, Bulgaria, República Checa, España, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. Entre los grandes contribuyentes se encuentra un grupo de delegaciones que llevan años abogando por una modernización del MFP, exigiendo que se dedique más dinero a nuevas partidas que ayuden a la UE a financiar acciones en nuevas prioridades que antes no existían, como en aspectos tecnológicos o en seguridad. Muchos de los “amigos de la cohesión”, entre ellos España, comparten el objetivo de financiar nuevos objetivos, pero consideran que no se deben tocar las partidas tradicionales. Lo que se traduce en un aumento del tamaño del presupuesto, lo que se choca con el firme “no” de los grandes contribuyentes. El incremento del presupuesto es mínimo o escandaloso dependiendo de a quién se pregunte. La propuesta de la Comisión es de dos billones de euros a precios corrientes, lo que significa que las cuentas pasan del 1,13% al 1,26% de la renta nacional bruta de la UE. Sin embargo, el 0,11% es para repagar la deuda de los fondos que se crearon para afrontar los efectos del coronavirus, por lo que el incremento real es del 0,02% de la renta nacional bruta. Mientras que Berlín o Helsinki consideran que esos intereses de la deuda deben salir de otras partidas europeas, la posición de la dirección general de Presupuesto ha sido incorporarlo en las cuentas para evitar hacer mayores recortes en otras prioridades. Posición española Se trata de uno de los debates más sensibles de la política europea, que se prolonga a lo largo de meses y en ocasiones años, y que deja entrever las divisiones entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Y en los que los rumores y los tópicos son un instrumento más de la negociación, en la que la relación de cada país con el dinero queda a la vista de todos. El reciente debate respecto al uso de fondos europeos en el pago de las pensiones por parte de España, en el que la Comisión Europea ha aclarado hasta en tres ocasiones que no se ha cometido ninguna irregularidad, ha hecho que eurodiputados alemanes y holandeses atacaran la gestión de los fondos realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con un ojo puesto en sus aliados políticos en España y el otro en la durísima negociación del MFP. De hecho, aunque las fuentes consultadas despejaban cualquier duda respecto a la gestión del Gobierno español, sí que admitían que no ayudaría a la posición de Madrid de doblar el tamaño del actual presupuesto comunitario, incorporando la idea de una emisión europea de deuda común para financiar nuevos objetivos, como se hizo durante la pandemia del coronavirus o como recientemente se ha hecho con el programa SAFE para ayudar a los Estados miembros a financiar su aumento del gasto militar. Claudia Bauer, ministra austriaca, ha criticado la tendencia de Bruselas a “resolver todos los problemas con más dinero”. Durante el debate entre los ministros, que ha sido público, Alemania ha criticado el “desproporcionado” presupuesto planteado por Bruselas, señalando que “no es viable”. Dinamarca, tradicionalmente parte del núcleo central de este grupo de Estados miembros que se han bautizado como los “frugales”, está buscando su propia línea, defendiendo un MFP más grande que el actual, pero considerando que la propuesta de la Comisión va demasiado lejos. La batalla tiene largo recorrido. Los Estados miembros han estado haciendo un marcaje a la Comisión Europea durante todo el trabajo de elaboración de un MFP que buscaba ser revolucionario, con una nueva lógica heredada de la gestión de los fondos del coronavirus, en que cada Gobierno nacional recibirá un sobre con un montante que podrá repartir entre diferentes prioridades con un cierto nivel de libertad, aunque cumpliendo con unos requisitos mínimos. La intención de muchos líderes es concluir las negociaciones respecto al MFP antes de que termine el año, para evitar que interfieran así con las elecciones presidenciales francesas, en las que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen y Jordan Bardella, lidera todas las encuestas. La batalla por el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) ya está en marcha. El gran presupuesto de la Unión Europea, que cubrirá entre el 2028 y 2034, está entrando en una fase clave de la negociación. Se espera que en el Consejo Europeo de junio los jefes de Estado y de Gobierno tengan sobre la mesa una enorme tabla. El ‘Excel’ de la discordia, donde se detalla cada euro y cada céntimo repartido en distintas partidas presupuestarias y cuánto pone cada uno de los Estados miembros.